La Fiscalía pide penas de hasta 27 años de prisión por delitos de daños terroristas y tenencia de explosivos para los 5 miembros de SEGI, entre los que se encuentra David Urdín que se ha entregado tras estar fugado.
Las diligencias se han tramitado en el juzgado central de la Audiencia Nacional tras el escrito presentado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
El auto, firmado este viernes, ordena no obstante remitir oficio al Departamento de Interior del Gobierno de Navarra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que controlen el evento.
"Podría haber ido a Turquía con muchos objetivos, pero fue con el mismo objetivo con el que se fue de aquí mucha gente a Cartagena de Indias: de vacaciones", alegó.
Los políticos critican la confirmación de las penas a los agresores de los guardias civiles y cuestionan a la Comisión Europea si intervendrá ante la Audiencia Nacional.
La Fiscalía opta por insistir en su acusación por terrorismo, por lo que considera suficiente el escrito que ya presentó a la Sala recurriendo la sentencia.
El señalamiento se produce justo después de que la Sala Especial del artículo 69 de la Audiencia Nacional rechazase la recusación sobre los tres magistrados de apelación.
Los abogados del condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA alegaron los prejuicios de la jueza por una pregunta sobre la condena del terrorismo.
Iñaki Abad es uno de los 7 condenados que está en prisión antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme por el "riesgo de fuga".
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha homenajeado a las últimas víctimas mortales en España, los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.
Los acusados se desplazaron a Pamplona desde la provincia de Guipúzcoa, donde residían, el mismo día para participar en la manifestación radical abertzale.
Javier Ollo (Geroa Bai) defiende que se solidarizaron con las víctimas y después han centrado su atención en los acusados por la "desproporción judicial".
Todo empezó aquella noche de octubre del 2016. Dos Guardias Civiles y sus novias recibieron una paliza en un bar de la localidad de Alsasua por parte de un grupo de violentos que los mandó al hospital.
Continúan criticando que después de año y medio siga "la desproporción" y alegan estar "asustados" ante la imposibilidad de tener una defensa en condiciones.
Han alegado que se trata de una "contramanifestación" a la celebrada este pasado sábado para apoyar a los agresores y en la que sí estuvieron los grupos que apoyan a Barkos.
El máximo responsable de la policía catalana deberá declarar por los incidentes que acabaron cercando a la Guardia Civil durante varios registros en Barcelona.
El Colectivo critica que la AN se niegue a investigar a los mediadores tras reconocer que han destruido armas que podrían esclarecer algunos de los 300 asesinatos aún sin resolver.
El Ministerio Público quiere analizar si el arsenal puede contener pruebas sobre los 245 atentados, que se corresponden con 312 asesinatos que aún no han sido esclarecidos.
Varios cientos de personas pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil y cargos electos del País Vasco francés participarán en el desarme definitivo de ETA.
El investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales.
Javier Enériz trasladó al Juzgado de Menores de la Audiencia Nacional un texto aprobado por el cuatripartito en defensa de dos menores detenidos por los hechos.
Covite presentó una denuncia ante este tribunal contra los autores de la agresión, al considerar que se enmarca dentro de los delitos de odio y terrorismo.
El magistrado aseguró que en España se ha producido la tortura de forma "clara" y que la justicia vulnera derechos fundamentales de investigados por terrorismo.
