• jueves, 28 de marzo de 2024
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TERRORISMO

Barkos ve "necesaria" la participación del Gobierno foral en la manifestación a favor de los agresores de Alsasua

Amnistía Internacional ha pedido este viernes que se retire el delito de terrorismo de las acusaciones que pesan sobre los ocho acusados.

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La Vuelta a Navarra del pueblo de Alsasua, en apoyo de los ocho jóvenes procesados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas llega a Pamplona. PABLO LASAOSA

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha considerado "necesaria" la participación del Ejecutivo foral en la manifestación de este sábado en Pamplona convocada por los familiares de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Una presencia que ha enmarcado en "un posicionamiento sobre cuál debe ser el tribunal" que debe juzgar el caso.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, la presidenta navarra ha precisado que "lo que se está dirimiendo no es la impunidad de lo ocurrido sino el principio de la proporcionalidad, que es fundamental". Al respecto, ha mostrado su "perplejidad, preocupación y dolor" por "una prisión preventiva de más de 500 días".

Asimismo, ha mostrado su "preocupación" por "la aplicación del Código Penal en contacto con el código postal". "Casos que son una agresión y falta de autoridad son resueltos en juicios de faltas en el conjunto del Estado y aquí se lleva a un juicio por terrorismo", ha indicado.

Preguntada sobre si hay un problema de convivencia en Navarra, Uxue Barkos ha contestado que "claro que sí" y ha señalado que "en estos momento ir construyendo la paz es algo que nos compete a todos".

"Somos herederos de un tiempo en el que aquí se asesinaba por pensar", ha destacado la presidenta de Navarra que ha incidido en que "me han tenido siempre enfrente en la responsabilidad que haya tenido política y profesional".

Además, el Gobierno de Navarra, a través de la Delegación del Gobierno en Bruselas, ha trasladado a diferentes instituciones y organismos de la Unión Europea la resolución del Parlamento de Navarra y a la que el Gobierno se sumó sobre el caso Alsasua.

En la comunicación, se solicita a la Comisión Europea que, a través del órgano que corresponda, "determine si la transposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en el Estado español", ha informado el Ejecutivo en una nota.

Asimismo, se solicita conocer si "la petición fiscal en el caso Alsasua es compatible con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, según el cual 'la intensidad de las penas no debería ser desproporcionada en relación con la infracción'".

La información ha sido trasladada también al vicepresidente de la Comisión Europea y a la Dirección General de Seguridad y de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea. Por otro lado, se ha informado del caso también al Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, A FAVOR DE LOS ACUSADOS

Amnistía Internacional ha pedido este viernes que se retire el delito de terrorismo de las acusaciones que pesan sobre los ocho jóvenes de Alsasua procesados por golpear a dos guardias civiles y sus parejas, al tiempo que anuncia que asistirá como observador al juicio que comienza el lunes en la Audiencia Nacional.

"Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho Penal y por diversos relatores de Naciones Unidas", subraya en un comunicado, en el que sostiene que este caso debió seguir un procedimiento penal ordinario.

Y añade al respecto que las agresiones denunciadas, en un bar de madrugada en fiestas, "son graves" y los agredidos "tienen derecho a una investigación judicial", pero "preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista".

Como ejemplo Amnistía Internacional cita el artículo 573 que "incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones", unas "disposiciones vagas e imprecisas" que "no permiten configurar delitos reconocibles".

En el caso de la agresión de Alsasua, recuerda que para la mayoría de los procesados se piden más de 50 años de cárcel, para otro más de 12 por una amenaza verbal y tres de ellos llevan en prisión preventiva hace más de 500 días cuando "la detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional".

Por último Amnistía Internacional manifiesta su preocupación ante el hecho de que, "dentro de las garantías para un juicio justo, las autoridades judiciales hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, importantes pruebas y testigos presentados por las defensas".


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