• sábado, 04 de diciembre de 2021
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TERRORISMO

El fiscal pide de 7 a 19 años de cárcel para el frente jurídico de ETA

Los integrantes del conocido brazo jurídico Halboka "eran abogados", pero "su actividad nada tenía que ver" con la defensa de los presos y detenidos de la organización.

Detención de una de las abogadas de la banda terrorista, Arantza Zulueta. EFE
Detención de una de las abogadas de la banda terrorista, Arantza Zulueta. EFE

El fiscal ha mantenido su petición de entre 7 y 19 años de cárcel para Arantza Zulueta y otros cinco abogados de presos de ETA acusados de integrar el brazo jurídico de la banda terrorista, conocido como Halboka, en el juicio que celebra la Audiencia Nacional.

En sus conclusiones el fiscal José Perals ha sostenido su principal acusación contra la letrada Arantza Zulueta, para la que ha pedido 19 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista en condición de dirigente y otro por depósito de armas y explosivos, al serle encontrada en el despacho la ubicación de dos zulos.

El representante del Ministerio Público también ha mantenido su solicitud de 12 años de prisión para el abogado Jon Enparantza, al que también acusa de integración en organización terrorista en condición de dirigente.

Asimismo, ha elevado a definitiva su petición de entre 7 y 11 años de prisión para otros cuatro acusados, Naia Zurriarain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre y Nerea Redondo, a los que les atribuye delitos de integración o colaboración en ETA.

En cuanto al letrado Julen Celarain, la Fiscalía y el resto de acusaciones han decidido exculparle de toda responsabilidad penal al no haber podido probar que se correspondía con la identidad del apodo “Ilazki”, que aparecía en el Informe Halboka que dio origen a este procedimiento.

Las defensas de los acusados también han elevado sus conclusiones a definitivas, reiterando su petición de nulidad del juicio por supuestas vulneraciones de derechos como el de cosa ya juzgada o garantía a un juicio justo, además de denunciar dilaciones indebidas en la causa, que se inició en el año 2010.

En su informe, el fiscal ha destacado que Zulueta se valía de su condición de abogada para mantenerse "plenamente integrada" en ETA como "directora" del frente jurídico.

Entre sus responsabilidades, José Perals ha señalado que cobraba el impuesto revolucionario, marcaba objetivos militares de la banda y daba consejos a detenidos y encarcelados para eludir a la Justicia. "Era una persona con actividad militar, no de defensa de presos", ha subrayado.

Además, el representante del Ministerio Público ha considerado probado en varios documentos que los apodos "Marxel" y "Bixer", atribuIdos a la líder de Halboka, hacían referencia a Zulueta.

En cuanto al abogado Jon Enparantza, el fiscal ha detallado que en la documentación sustraída al exjefe del aparato militar de ETA Javier López Peña, Thierry, en su detención en Burdeos (Francia) en 2008 se encontraron comunicaciones del acusado en las que marcaba objetivos para la dirección de ETA, como por ejemplo el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba.

En el despacho de Hernani (Guipúzcoa) en el que trabajaba Enparantza la Guardia Civil también incautó una carta del comando Erreka -al que se encontró el mayor depósito de explosivos de ETA- dirigida a los dirigentes de la organización, por lo que Perals considera que el procesado hacía de "correo".

Las defensas alegaron durante el juicio que agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habían participado en la investigación judicial, así como en los registros de los despachos de abogados, extralimitándose en sus competencias.

El fiscal ha reiterado que el CNI solo participó "puntualmente" en la investigación policial -mediante varias intervenciones telefónicas a los acusados- y en colaboración con la Guardia Civil ante una causa de terrorismo que afectaba al Estado de derecho.

Ha concluido su informe remarcando que Halboka se ha denominado como el frente jurídico de ETA porque sus integrantes "eran abogados", pero "su actividad nada tenía que ver" con la defensa de los presos y detenidos de la organización.


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