• martes, 16 de agosto de 2022
  • Actualizado 08:52
 
 

TRIBUNALES

Un magistrado de la AN pide en Pamplona revisar la entrada y registro de policías en viviendas

Eloy Velasco, en una jornada en Pamplona, ha señalado que en el siglo XXI se sigue aplicando una ley del siglo XIX.

La Guardía Civil finaliza el registro de la casa y el local comercial del hombre de nacionalidad marroquí detenido hoy en Pamplona, al tener intención de viajar a Siria para incorporarse a las filas del DAESH. El Ministerio del Interior ha informado hoy de que el detenido, de 32 años, también realizaba labores de proselitismo en el establecimiento de hostelería que regentaba en el barrio de San Jorga de Pamplona. EFE/Jesús Diges
Imagen de archivo del registro de la Guardia Civil a una casa en Pamplona. EFE/Jesús Diges

 El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abogado este miércoles por actualizar la norma que regula en España el procedimiento de entrada y registro por parte de las fuerzas policiales, ya que en el siglo XXI, ha destacado, se sigue aplicando una ley del siglo XIX.

Velasco ha sido uno de los ponentes que han participado en una jornada sobre "Entradas y registros" organizada por la Agrupación de Policía Foral y la Universidad Pública de Navarra, a la que asisten profesionales del Derecho y miembros de cuerpos policiales.

En España, ha señalado el magistrado a Efe, la entrada y registro sigue regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, impulsada por el entonces ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez, que "ejecutamos personas que hemos nacido en el siglo XX pero que lo hacemos en el siglo XXI".

En este sentido, ha reconocido que "la realidad sobre la que se aplican las entradas y registros está cambiando enormemente por la forma de vivir y por eso tiene muchos problemas" la aplicación de la normativa.

Se trata, ha explicado, de un procedimiento que afecta al artículo 18 de la Constitución (inviolabilidad del domicilio), pero en la que en muchas ocasiones concurren circunstancias "que no tienen nada que ver con el derecho penal", pero que "obligan a la policía a actuar en domicilios".

Ha puesto los ejemplos de las urgencias, catástrofes, incendios, intentos de suicidio o actuaciones de personas con problemas de salud mental, situaciones "que no tienen nada que ver con la criminalidad, pero que le obligan a la policía o a las instituciones sanitarias a entrar" en un domicilio.

"No se puede actuar ni con prejuicios ni con tópicos", ha afirmado el magistrado, quien ha indicado que en esta materia "hay una amalgama enorme de distintas situaciones y por eso la prudencia, el sentido común y la legalidad obviamente son los consejos" a aplicar.

Por ello, ha considerado que sería conveniente estudiar una adaptación legal de la entrada y registro, ya que la norma de 1882, aunque es "muy resistente", también es "muy vieja" y, de hecho, en su articulado tiene referencias a la Constitución de 1876, no a la vigente de 1978.

Velasco ha puesto de relieve la dificultad que encuentran en ocasiones los jueces para valorar el alcance de una autorización de entrada y registro, ya que, aparte de la inviolabilidad domiciliaria, concurren aspectos como los indicios que aporten los equipos policiales y la gravedad del delito que se esté investigando. "No es lo mismo investigar delitos con penas graves que con penas leves", ha precisado.

"No es lo mismo un registro de urgencia para evitar atentados terroristas que un 'sencillo' registro por delincuencia común, como el tráfico de drogas, y por tanto la labor del juez es más controlar que la buena o mala fe de quien quiere actuar se haga correctamente con arreglo a la legalidad", ha apuntado.

Velasco ha comentado que, por su experiencia como juez, aproximadamente se deniegan un treinta por ciento de los registros solicitados. Y de los que se autorizan, ha agregado, "hay veces que se equivoca tanto el juez como la policía, porque no se encuentra nada" en el domicilio registrado.

En estas jornadas han intervenido asimismo Emilio Labella, magistrado de lo Penal de Pamplona; Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pública de Navarra; y Pedro Santos, inspector jefe de Policía la Nacional, moderados por Tony Castejón, policía y sindicalista de los Mossos de Escuadra.


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