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El 'virus' propagado por Barkos: la obsesión ideológica para dejar sin atención a 7.200 pacientes en la CUN

El cuatripartito puso fin al convenio por el que durante las últimas décadas, con gobiernos de distinto color, la CUN atendía a sus empleados y acabó desatando su primera confrontación social.

Trabajadores de la Clínica Universidad de Navarra y de la Universidad de Navarra se manifiestan para pedir que el Gobierno foral mantenga el convenio de asistencia sanitaria y explicar que no es un privilegio. ARCHIVO
Trabajadores de la Clínica Universidad de Navarra y de la Universidad de Navarra se manifiestan para pedir que el Gobierno foral mantenga el convenio de asistencia sanitaria y explicar que no es un privilegio. ARCHIVO  

El cuatripartito de Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra tardó muy pocos meses en poner sobre la mesa sus motivos ideológicos para romper el convenio por el que la Clínica Universidad de Navarra atendía a más de 7.000 navarros, entre trabajadores y sus familiares.

La noticia se confirmó en vísperas de la Navidad de 2015, el primer año de legislatura del Gobierno de Uxue Barkos, y fue el germen de las primeras protestas ciudadanas contra el nuevo Ejecutivo.

Lo cierto es que los socios de Barkos no habían ocultado su intención de poner fin al convenio que, durante las tres últimas décadas, permitía a la CUN prestar atención sanitaria a los empleados de la Universidad de Navarra y a sus familiares.

Los argumentos de Geroa, Bildu, Podemos e I-E no se adentraban en cuestiones técnicas, obviando que la CUN repite cada año como el mejor hospital de la Comunidad foral, sino que simplemente ahondaban en motivaciones ideológicas.

"¿Por qué diferenciar a unos ciudadanos de otros, por qué unos tienen privilegios?", se cuestionaban en contra del centro académico y sanitario del Opus Dei, sin tener en cuenta que en el plano económico y de atención a la ciudadanía la medida perjudicaría a la economía foral y al Servicio Navarro de Salud.

Y del dicho al hecho, porque el cuatripartito confirmó en diciembre de 2015 sus intenciones: en el año 2016 no renovaría el concierto con la CUN y derivaría a la Seguridad Social de la noche a la mañana a las 7.200 personas incluidas en este acuerdo.

A pesar de que los expertos sanitarios advertían que romper con el convenio de forma tan abrupta y derivar repentinamente más de 7.000 pacientes al servicio público podría generar numerosos problemas en el Servicio Navarro de Salud, el Gobierno de Uxue Barkos continuó con su huida hacia delante.

La por entonces portavoz del Ejecutivo foral, Ana Ollo, reconoció la "imposibilidad en estos momentos de asumir todo ese personal desde el 1 de enero porque supondría una merma en los servicios sanitarios para el resto de la ciudadanía con los recursos que en estos momentos tiene el SNS".

Desde la oposición, los partidos constitucionalistas denunciaron que la medida que estaba a punto de tomar el Gobierno foral perjudicaría al global de toda la sociedad navarra y que se iba a ejecutar únicamente por motivaciones ideológicas.

Algunos miembros del cuatripartito tampoco ocultaron el revanchismo de la decisión. Sin ir más lejos, el portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra se regodeaba por suprimir el convenio con unas polémicas palabras. "Esta vez sí hemos llegado a la médula de la Navarra católica, foral y española", celebraba el médico guipuzcoano y representante de Barkos.

La sanidad pública debía asumir más de 150.000 servicios médicos a las cerca de 7.200 personas que hasta entonces eran atendidas por la Clínica Universidad de Navarra.

Desde la Universidad de Navarra se trató de explicar por qué el convenio resultaba positivo para sus empleados y para el resto de la ciudadanía, confiando en alcanzar un acuerdo con el Gobierno cuatripartito de Navarra.

La Clínica Universitaria de Navarra demostró con datos que resultaba "más barato" mantener el convenio con el Gobierno para la asistencia sanitaria que no el traspaso de sus pacientes al sistema público.

De hecho, se llegó a acusar al centro sanitario de lucrarse gracias a la financiación proveniente de las arcas forales, algo que tanto la CUN como la propia Universidad de Navarra se apresuraron a desmentir.

El director general de la CUN, José Andrés Gómez, explicó que durante el último curso académico, de septiembre de 2014 a agosto de 2015, el centro sanitario gastó 8,9 millones en la atención prestada a trabajadores y familiares de la Universidad de Navarra, mientras que el Gobierno foral les dio por este servicio 5,1 millones.

La polémica ya estaba desatada y provocó el recelo entra una y otra parte de la sociedad navarra, azuzadas por las acusaciones vertidas por el cuatripartito contra el centro académico para tratar de justificar el cambio de criterio en su atención.

Los trabajadores de la Clínica Universidad de Navarra y de la Universidad comenzaron unas movilizaciones para expresar su "profundo malestar" por la situación generada y especialmente por las acusaciones que se lanzaron contra los propios empleados.

"No reclamamos ningún derecho, ni privilegio, no somos un problema ni lo queremos ser, pero nos gustaría que el Gobierno de todos los navarros fuera sensible a nuestras peticiones para que trabajando juntos podamos seguir solucionando algunos de los problemas de la sanidad navarra", explicaban los trabajadores afectados.

Tras la confrontación social, el Gobierno de Navarra consumó su intención y puso fin al convenio con la Clínica Universidad de Navarra, lo que supuso para sus empleados cambiar bruscamente la asistencia médica que estaban recibiendo.

Tan solo unos días después de oficializarse la medida del cuatripartito se cumplía lo vaticinado por los expertos. El Servicio Navarro de Salud reconocía que debía derivar pacientes a la CUN ante la situaciones de colapso por falta de camas y sobrecarga en urgencias.

Las listas de espera acabaron aumentando con el paso de los meses de la legislatura, como se había advertido antes de suprimir el convenio, y el Gobierno foral tuvo que renovar con la CUN otro tipo de acuerdo de derivaciones, especialidades y trasplantes.

"Esta medida es necesaria y compatible con el refuerzo de los servicios sanitarios públicos, ya que no resulta posible ni recomendable que el Complejo Hospitalario de Navarra asuma de forma plena e inmediata los procedimientos", justificó en aquel momento el Servicio Navarro de Salud para mantener su necesaria colaboración con la CUN.

De esta forma, Barkos y sus socios consiguieron dejar sin efecto el convenio por el que la CUN atendía a sus propios empleados y familiares, aunque ello provocó una fuerte confrontación social que vaticinaba los enfrentamientos que estaban por llegar con otros asuntos identitarios e ideológicos a lo largo de la legislatura.


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