• viernes, 14 de mayo de 2021
  • Actualizado 20:39

 

 
 

SOCIEDAD

Una protesta clama contra la discriminación en Navarra tras el ataque denunciado por una vecina gitana de Estella

Han pedido "las medidas necesarias para que los hechos derivados de situaciones de discriminación puedan ser reconocidos y reparados de la manera más adecuada".

Pascuala Amador Jiménez atiende a los medios de comunicación. CEDIDA
Pascuala Amador Jiménez atiende a los medios de comunicación. CEDIDA
El sindicato LAB, SOS Racismo y la federación de asociaciones gitanas Gaz Kaló han emplazado al Gobierno de Navarra a ejecutar las medidas y protocolos necesarios para prevenir y reparar actos de discriminación como el sufrido por la vecina de Estella Pascuala Amador Jiménez, que también estudian judicializar.

Durante una concentración ante el departamento de Derechos Sociales, la afectada ha subrayado que por sus apellidos gitanos se le rechazó para unas prácticas en en una empresa tras un curso de inserción laboral subvencionado por el Gobierno de Navarra, una discriminación que se niega a aceptar no solo por ella sino por el futuro que quiere para sus hijas.

"Me siento mal", ha afirmado, y rechazado que por sus apellidos de origen gitano alguien no puede concluir que es una mala persona o una ladrona cuando "soy una persona trabajadora y honesta".

Por eso, ante la falta de respuesta de la franquicia centrada en comercio de juguetes en Estella las citadas organizaciones han decidido dirigirse a la central de la firma en España, al Ayuntamiento de la localidad y al Gobierno de Navarra, en concreto a los departamento de Derechos Sociales y Políticas Migratorias.

"Si cualquier caso de discriminación en cualquier ámbito de la vida es un hecho grave y absolutamente inaceptable, cobra forma especialmente grave cuando ésta incide en las oportunidades al acceso a un puesto de trabajo digno, y en este caso hablamos de un curso dirigido a la integración laboral de personas pertenecientes a sectores de la población especialmente desfavorecidos y por ello vulnerables", sostienen en un escrito conjunto.

Tras subrayar que existe un "antigitanismo arraigado", indican que las palabras de Pascuala Amador "interpelan a toda la sociedad. Son un grito de dignidad y de rabia que tenemos la obligación de atender si pretendemos construir una sociedad en la que podamos vivir, que sea cada vez más justa e igualitaria".

De ahí la importancia que atribuyen al papel de las instituciones en la defensa de la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación dada su "responsabilidad social y política" a la hora de "garantizar que se cumplan los principios de igualdad y no discriminación" y de "actuar e intervenir cuando se produce una vulneración de estos".

Por eso piden "las medidas necesarias para que los hechos derivados de situaciones de discriminación puedan ser reconocidos como tal, reparados de la manera más adecuada y que se puedan establecer mecanismos de prevención, todo ello respetando y teniendo en cuenta las vidas de las personas afectadas y sus entornos y comunidades".

Con este objetivo preguntan al Gobierno por las medidas o protocolos vigentes en la actualidad para detectar, prevenir y reparar situaciones de discriminación por origen cultural o étnico, por los planes de intervención o colaboración para prevenir estas discriminaciones y por las acciones previstas en torno a la resolución del Parlamento Europeo sobre igualdad, inclusión y participación de la población gitana y la lucha contra el antigitanismo.

En el caso del Ayuntamiento de Estella se quiere conocer su opinión sobre lo ocurrido en la tienda en esta localidad y a la firma de juguetes se le interpela asimismo por sus medidas y protocolos orientados a detectar, prevenir y reparar situaciones como esta.


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