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Ayuda de 15.000 euros al Colegio de Abogados de Pamplona para mediación entre aseguradoras y víctimas de tráfico

Este proceso permite que las partes implicadas puedan comunicarse entre sí, e intenten alcanzar un acuerdo de forma voluntaria.

Un abogado consultando la legislación. MICAP
Un abogado consultando la legislación. MICAP  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que se autoriza a la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia la concesión de una subvención de 15.000 euros al Colegio de Abogados de Pamplona para atender el servicio de mediación entre aseguradoras y víctimas de accidentes de tráfico.

La mediación es un proceso de resolución de conflictos, de carácter confidencial, que permite que las partes implicadas puedan comunicarse entre sí, e intenten alcanzar un acuerdo de forma voluntaria. En su caso, la persona mediadora actúa como facilitadora del proceso y vela por su funcionamiento.

La mediación en este ámbito está relacionada con la nueva normativa sobre lesiones y daños de tráfico (Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que ha entrado en vigor el día 1 de enero de 2016), que abre nuevas oportunidades a los acuerdos extrajudiciales entre las partes, con el consiguiente acortamiento de plazos y ahorro de costes a la ciudadanía que supone el no acudir a la vía jurisdiccional.

El nuevo marco legal, ha detallado el Ejecutivo, establece nuevos protocolos y normas de funcionamiento que será impulsado a través de esta subvención con el Colegio de Abogados de Pamplona para dotar de un nuevo proceso de mediación con las aseguradoras intervinientes. Las partes podrán estar asesoradas por médicos y abogados en sus respectivas áreas.

Asimismo, la nueva normativa prevé la posibilidad de que las partes pidan un informe pericial al Instituto de Medicina Legal a costa del asegurador, lo que ayudará a dotar a los informes de una mayor objetividad.

El nuevo baremo de tráfico ha sido objeto de análisis los días 25 y 26 de abril en unas jornadas organizadas por el Departamento de Presidencia, Función Pública, Justicia e Interior y el Colegio de Médicos dentro del marco de colaboración en materia de formación a profesionales para realizar valoraciones e informes periciales con el máximo rigor.
 


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