• martes, 28 de septiembre de 2021
  • Actualizado 13:42

 

 
 

POLÍTICA

Policías y víctimas se unen para llevar a Europa las irregularidades de la Ley vasca de abusos policiales

El Tribunal Constitucional ya anuló en su momento la norma de Navarra por intentar suplantar a la justicia, pero Pedro Sánchez ha retirado el recurso de la ley vasca. 

Representantes de las diferentes asociaciones que han participado en la reunión.
Representantes de las diferentes asociaciones que han participado en la reunión.

Sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como los colectivos de víctimas del terrorismo Covite, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE) y la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE) han acordado iniciar en próximas semanas movilizaciones para visualizar su trabajo en defensa de los intereses de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS) y "dar traslado a Europa de las irregularidades detectadas" en la ley vasca de abusos policiales.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya ha tumbado buena parte la ley navarra que trataba de equiparar a policías con terroristas, con la excusa de reparar y reconocer a víctimas de grupos de "extrema derecha o funcionarios públicos".

Barkos, Bildu y sus socios pretendían saltarse la justicia para determinar delitos y reconocer a supuestas víctimas sin la acción de los tribunales. De hecho, el Gobierno de Navarra ya celebró un acto de reconocimiento en el que se convirtió a terroristas en víctimas.

Los nacionalistas y el PSN intentaban atribuir a una comisión controlada por ellos mismos labores judiciales para perseguir delitos y presentar así como "verdad jurídica" sus propias decisiones, suplantando la acción de la justicia.

Ahora, en el País Vasco, los colectivos contrarios a la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco el 28 de julio de 2016, que el Gobierno de Mariano Rajoy impugnó ante el Tribunal Constitucional y cuyo recurso ha retirado el Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambio de que se realicen modificaciones en la norma que soslayen las dudas de legalidad, se han reunido este sábado por primera vez en Vitoria.

En la cita, los participantes han diseñado su "hoja de ruta" en el plano legal, "consensuando de forma unánime por parte de todos los presentes la neutralidad y la ausencia de vinculación política de las iniciativas que se lleven a cabo", según han destacado en un comunicado.

El SUP recurrió a finales de julio ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV la creación de la comisión de valoración --que debe evaluar a los posibles damnificados de abusos policiales-- y que se puso en marcha a principios de ese mismo mes, ya que, a su juicio, pretende sustituir la actuación de los tribunales.

En la reunión celebrada este sábado en la capital alavesa, se ha acordado la adhesión del resto de organizaciones al recurso presentado por el SUP, al que se sumó una vez fue admitido a trámite el colectivo de víctimas ACFSE.

Según han destacado, para la preparación de dicho recurso, la pasada semana la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) requirió a la Delegación del Gobierno en el País Vasco el acceso a los informes emitidos por la Abogacía del Estado en Euskadi en los que "se razonaba la ilegalidad de la Ley vasca de abusos policiales y el Decreto vasco de 2012 que le precede".

En este sentido, los responsables jurídicos presentes en Vitoria han expuesto la "gravedad" de la redacción del texto de la ley vasca, ya que "su ámbito de aplicación no se limita a los funcionarios públicos miembros de las FFCCS, sino que afectaría también al resto de funcionarios públicos como jueces, fiscales, forenses y funcionarios de Prisiones cuya labor se hubiese desarrollado en el ámbito de la lucha antiterrorista desde los años 60".

AFECTADOS POR LA LEY

De este modo, el objetivo del grupo de trabajo se centrará en las próximas fechas en "involucrar en las acciones emprendidas a otros colectivos profesionales potencialmente afectados por la citada ley".

Asimismo, el grupo de trabajo contra la retirada del recurso de inconstitucionalidad ha decidido de forma unánime "agotar todas las acciones legales que resulten procedentes", incluido la interposición de una querella por prevaricación administrativa contra el Gobierno central, "una vez se concluya el estudio de toda la documentación que se está recabando, si los servicios jurídicos representados lo estiman procedente".

Por último, han acordado iniciar durante las próximas semanas "movilizaciones, manifestaciones y concentraciones" en el ámbito social, con el fin de "visualizar su trabajo en defensa de los intereses de miembros de las FFCCS".

Entre éstas actuaciones a desarrollar han destacado la de dar "traslado a Europa de las irregularidades detectadas y de la adulteración del relato promovida desde el Gobierno Vasco".


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