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Ceses, dimisiones y caos en la Foral: Beaumont monta en Navarra su propia ‘Loca academia de policía'

Desde 2015 se han sucedido los intentos por modificar la Ley de Policías de Navarra frente al descontento de buena parte de los agentes y sindicatos de la Comunidad foral.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, junto a la consejera Beaumont; presiden la fiesta de la Policía Foral con diferentes condecoraciones. PABLO LASAOSA
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, junto a la consejera Beaumont; presiden la fiesta de la Policía Foral con diferentes condecoraciones. PABLO LASAOSA  

Dimisiones, ceses, caos interno y descontento general han marcado esta legislatura en lo referido a las policías de Navarra.

Cuatro años destacados por el empeño de la consejera de Interior, María José Beaumont (EH Bildu), en aprobar la polémica ley que supuestamente iba a regular a los diferentes agentes de la Comunidad foral y que, lejos de hacerlo, sólo ha servido para incrementar las diferencias entre los Cuerpos navarros y lograr el enfado de la mayoría de los sindicatos.

Allá por el año 2015, y antes de que el cuatripartito diera su 'golpe' y se hiciera con el Gobierno foral, el Partido Socialista de Navarra (PSN) propuso la modificación de la Ley de Policías de Navarra. Una propuesta que fue apoyada por la mayoría de los partidos que conforman el actual Ejecutivo, salvo la abstención de Geroa Bai, pero que unos meses después, y ya con Uxue Barkos como presidenta, puso en marcha.

La alegría tras la aprobación de esta modificación de la Ley foral de Policías duró poco. En diciembre de 2015, el Gobierno central del Partido Popular dio un 'tirón' de orejas al cuatripartito de Barkos y recurrió varios de los puntos de esta controvertida ley policial al considerar que eran inconstitucionales. Un hecho que fue inmediatamente recriminado por la consejera Beaumont que incluso llegó a acusar al PP de "atacar el autogobierno".

Sin embargo, este fue el primero de los muchos problemas que se desencadenarían con motivo de este cambio normativo. El descontento por las retribuciones entre los propios agentes, tanto municipales como forales, supuso una de las mayores cruzadas que la titular del Departamento de Interior emprendería contra sindicatos y los propios agentes.

Este descontento generalizado provocó una oleada de dimisiones en los mandos de la Policía Foral en la que al menos 30 responsables del Cuerpo navarro decidieron rebelarse contra la consejera al considerar que la nueva Ley Foral era de "imposible aplicación".

"Se presenta una situación ingobernable", alertaban desde la Agrupación de la Policía Foral de Navarra (APF) que, además, se mostró como una de las asociaciones más beligerantes frente a la bajada de sueldos de varios agentes y que la propia consejera del ramo había confirmado en ruedas de prensa anteriores.

Pronto, la paciencia de la señora Beaumont empezó a colmarse y, entre acusaciones de "chantaje" a los agentes de la Policía Foral que decidieron dimitir, surgieron las primeras voces que pidieron la dimisión de la consejera y la derogación de esta ley que tantos quebraderos de cabeza estaba produciendo a nivel interno entre las diferentes policías de Navarra. Una derogación, exigida por UPN, que fue rechazada por el Parlamento en octubre de 2016.

Además, lejos de dimitir, Beaumont dio un golpe de autoritarismo y anunció el cese de aquellos jefes 'díscolos' de la Policía Foral que se habían rebelado contra su nueva ley.

A todo esto, los sindicatos CCOO, UGT y ELA decidieron unirse para pedir al Departamento de Interior la elaboración de una nueva normativa que pusiera fin a las desigualdades. Dicho y hecho. El Gobierno de Uxue Barkos se puso manos a la obra.

Unos meses más tarde y con el 2017 recién estrenado, la consejera Beaumont presentó el anteproyecto de la nueva Ley de Policías de Navarra en el que destacaba su apuesta por favorecer la atención en castellano y en euskera a la ciudadanía, confirmándose así una normativa plagada de sesgos políticos de carácter nacionalista.

LA CALLE ESTALLA CONTRA LA CONSEJERA DE BILDU

A pesar de que tan solo era un 'boceto' de la nueva normativa, no convenció a nadie y en las calles de Pamplona se desató una oleada de quejas a nivel político, sindical y ciudadano.

Multitudinarias concentraciones y manifestaciones frente a las puertas del Palacio de Navarra fueron acogidas con cierta sorna por la consejera como cuando los manifestantes usaron caretas con la imagen de la política de Bildu para protestar o cuando 'procesionaron' un gran excremento para reivindicar que la ley propuesta por Beaumont era una "autentica mierda".

En todo este mar de protestas, la propia Comisión de Personal de la Policía Foral pidió a la consejera "no seguir con la ley" y volvieron a exigir su dimisión. Una petición que Beaumont volvió a disipar con un nuevo golpe de afecto: la aprobación del proyecto frente al descontento general.

Eso sí, la consejera descargó todo tipo de responsabilidad y se lavó las manos asegurando que la potestad ahora de aprobarla o no recaía en el Parlamento de Navarra.

Sin embargo, no sería hasta después del verano de 2017 el momento en el que se reactivarían las negociaciones para lograr su aprobación frente a los vaivenes de los socios del cuatripartito que, como Podemos, un día aseguraba que iba a apoyar la norma y al siguiente que no.

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por tratar de asustar a los ciudadanos alegando falsamente que "algunos delitos iban a quedarse sin atender si no se aprobaba esta ley",  la polémica norma supuso uno de los mayores fracasos para todo el Gobierno de Barkos.

Por su parte, la formación morada cumplió y decidió, junto a Izquierda-Ezkerra, sumarse a la oposición en la Cámara foral para dejar en la estacada a Bildu y Geroa Bai y dinamitar la conocida como Ley de Beaumont.

EL ÚLTIMO INTENTO DE BEAUMONT PARA DEJAR TODO 'ATADO Y BIEN ATADO'

De nuevo se abrió un paréntesis en el desarrollo de esta ley en el que UPN volvió a pedir la derogación de la norma de 2015 con el fin de desbloquear la situación creada por la consejera de Bildu, pero fue rechazada una vez más.

Ya en el 2018, un nuevo periodo volvió a traer a la actualidad la ley más atragantada de la consejera y las prisas por dejarlo todo 'atado y bien atado' antes del fin de legislatura obligaron a Beaumont a meter la quinta marcha.

Tras unas nuevas negociaciones que en el aspecto político fueron más livianas, pero que volvieron a 'levantar ampollas' en el sector sindical. Así, el 4 de octubre de 2018, la consejera daba luz verde a la proposición de Ley Foral para que casi un mes después fuera aprobada por el Parlamento de Navarra con el descontento sindical aún en la calle.

Y es que algunos sindicatos siguen pensando que la verdadera intención de Beaumont era regular varios aspectos retributivos de la Policía Foral ante la falta de un Plan Director para el Cuerpo y que no ha llegado durante estos cuatro años negros del cuatripartito en Navarra.


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