Los magistrados resaltan la “imposibilidad” de que las imputaciones se hubieran cometido en el contexto temporal delimitado en los escritos de acusación.
La juez mantiene la acusación contra la mujer por su resistencia a los agentes y dice que ellos utilizaron la "fuerza mínima imprescindible" para reducirla.
Entre otros hechos, el agente, que pagará un indemnización de 15.000 euros, accedió durante dos años a datos policiales de 8 personas distintas para perjudicar al hombre y la mujer.
El juez, que califica al acusado de "persona egoísta e insolidaria", le ha absuelto porque este exhibió una autodeclaración que le exime de llevar la mascarilla por padecimientos médicos que sería ilícito administrativo, pero no de un delito de desobediencia.
El hombre, que se enfrenta a otros 5 años de cárcel tras ya haber sido condenado a 3, ha sido expulsado de la sala en el juicio por enzarzarse con la presidenta del tribunal.
El juez ha tomado esta decisión con el visto bueno del fiscal dada la buena conducta penitenciaria de ambos, su riesgo de reincidencia bajo y su colaboración.
El presidente del TSJN ha confirmado que la sección destinada a la jurisdicción civil es el órgano judicial más preocupante y alerta de que, con la pandemia, crecerán las demandas en materia mercantil.
La Fiscalía pide para el acusado 5 años de prisión por un delito de autoadoctrinamiento por usar presuntamente las redes sociales tras salir de la cárcel para consumir y difundir contenido yihadista.
El Tribunal Superior de Navarra ha revocado por falta de pruebas la condena de 8 años de prisión a un hombre que fue acusado de abusar y agredir sexualmente a la hija de su expareja.
La acusación particular, ejercida por las dos denunciantes de la agresión sexual, solicitó un total de 4 años y seis meses de prisión y 8 años y 3 meses de inhabilitación.
ELA ha recordado que se mostró en desacuerdo "tanto con las razones por las que se justificó el ERTE, como por las condiciones en que se produjo el proceso negociador".
La sentencia recoge que "se opuso sin motivo alguno a pesar de los numerosos requerimientos que se le realizaron y de las quejas de los vecinos de la localidad que querían contraer matrimonio en la misma”.
La queja se ha presentado tras conocer el sobreseimiento de la querella por los sucesos de los Sanfermines de 1978 en los que murió de un disparo de la policía Germán Rodríguez.
Navarra Suma ha considerado que el ahora director general de Vivienda del Gobierno de Navarra "debe asumir su responsabilidad y apartarse del cargo o ser cesado".
La madre de uno de los condenados por la violación grupal en los Sanfermines de 2016 contrató a los detectives privados para obtener información de la joven.
El Subinspector que participó las detenciones de los acusados de las agresiones sexuales, uno de ellos cuñado del policía enjuiciado, se muestra convencido de que estos estaban alertados del arresto.
La Sala de lo Contencioso Administrativo advierte al Gobierno que, "para futuras decisiones, las medidas deberán ser presentadas para su autorización previa, no para su ratificación posterior".
El Tribunal de Contratos había emitido una resolución que declaraba ilegal el acuerdo del Consejo de Administración de SCPSA por el que se adjudicaba la recogida de residuos.
La asociación Sanfermines 78 Gogoan! ha denunciado que "el Juzgado número 5 ha hecho un corta y pega de autos de archivo" que se produjeron en su momento.
La Fundación Villacisneros señala que actuado “ante la complicidad de la dirección del centro que ha permitido esta humillación a las víctimas y la inacción del departamento de Educación".
La memoria incluye datos relativos a actuaciones concretas del fiscal, ya sean escritos de acusación formulados, en total 3.386 en causas penales (+5%), ya sea asistencia a juicios penales, en total 3.261.
Durante este periodo, los lanzamientos hipotecarios descendieron un 93,2% en Navarra en comparación con el mismo periodo del año anterior como consecuencia de la alerta sanitaria por Covid-19.
Aseguran que la suspensión de la Orden Foral "podría determinar una evidente perturbación de los intereses generales atinentes al ámbito sanitario y de la salud individual y colectiva de los ciudadanos".
El juzgado señala que no es la primera vez que se juzgan hechos similares en la misma localidad y condena al consistorio a pagar unos 5.000 euros en costas.
