Alberto Catalán sostiene que “es una inmoralidad y una desvergüenza que la ley sea redactada por los que se van a beneficiar de ella”.
El diputado de UPN por Navarra, Alberto Catalán, ha rechazado la ley de amnistía con el argumento, entre otros, de que “es el pago del PSOE al chantaje de los secesionistas y una compra de votos para la investidura de Sánchez”.
Así lo ha defendido en el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para conceder la amnistía a los responsables del golpe de Estado que se dio en Cataluña en el año 2017 y que ha contado con el voto contrario de UPN.
Para el diputado regionalista, la iniciativa “humilla a España y a los españoles, a la Constitución y al ordenamiento jurídico, así como a los jueces, fiscales, policías y guardias civiles que actuaron con su deber de cumplir y hacer cumplir la legalidad ante un golpe de Estado”.
Catalán ha recordado que “una ley de amnistía en España es ilegal e inconstitucional” y ha recordado que así lo han defendido ministros de este gobierno y del anterior, “incluso su propio presidente”.
Según Catalán, “es una inmoralidad y desvergüenza que la ley sea redactada por los que se van a beneficiar de ella, siendo un desprecio, sin precedentes, al Estado de derecho y a la igualdad de todos los españoles ante la ley. Borrar la comisión de delitos como si no se hubiesen cometido, incluidos delitos de terrorismo, es una aberración legal y social”.
Para el diputado de UPN, que todas las asociaciones de jueces y fiscales se posicionen en contra de los acuerdos que hacen posible la ley y critiquen el ataque a la independencia judicial y a la exclusividad que tienen los tribunales de Justicia de la función jurisdiccional “evidencia su perversión”. “El secesionismo persiguiendo a jueces y fiscales por aplicar la ley. Delincuentes condenados a la caza y captura de quienes les han juzgado. No cabe mayor despropósito”, ha aseverado.
Catalán ha denunciado que “el gobierno, con su presidente a la cabeza, busca la confrontación de la sociedad. En lugar de unir, de buscar el acuerdo y el consenso, opta por el establecimiento de bloques y el levantamiento de muros. Se radicaliza y crispa la sociedad española y eso no es bueno para la convivencia, la democracia y el estado de derecho”.
“Y ante semejante villanía, la única alternativa es más Constitución y más España”, ha concluido.
