• miércoles, 01 de diciembre de 2021
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SALUD

"Inacción" de Salud ante un posible cohecho: Na+ y Bildu señalan al departamento de Induráin

El Defensor del Pueblo ha explicado cómo, a raíz de la denuncia de un facultativo, se han llegado a abrir diligencias judiciales.

Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra. Comparecencia para que el Defensor del Pueblo explique lo relativo a una denuncia por un posible delito de cohecho en el Servicio Navarro de Salud. MIGUEL OSÉS
Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra. Comparecencia para que el Defensor del Pueblo explique lo relativo a una denuncia por un posible delito de cohecho en el Servicio Navarro de Salud. MIGUEL OSÉS

Navarra Suma y EH Bildu han coincidido este miércoles en criticar la gestión que está realizando el Departamento de Salud del Gobierno foral después de que un facultativo del Complejo Hospitalario de Navarra comunicara un posible delito de cohecho relacionado con el suministro de una marca de material médico. Los dos grupos han criticado que, al conocer estos hechos, el Departamento no iniciara una investigación.

Por contra, PSN y Geroa Bai han considerado que la Administración sí fue adoptando medidas cuando conoció los hechos y han señalado que el Departamento no acudió a la Justicia porque el denunciante de los hechos no le entregó unas grabaciones de audio que, sin embargo, sí había entregado al Defensor del Pueblo de Navarra para acompañar su relato.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha comparecido este miércoles en el Parlamento, a petición de Navarra Suma, para explicar la información que disponía de este asunto. Según ha relatado, recibió en noviembre de 2020 unos escritos y una grabación entregados por un facultativo del Complejo Hospitalario de Navarra que apuntaba a que una empresa había ofrecido el reparto de un 12% de lo facturado por la empresa que suministra una marca de material a cuatro médicos integrantes de una sección del Complejo Hospitalario de Navarra por medio de tarjetas de El Corte Inglés.

El autor de la queja aseguró al Defensor del Pueblo que dio parte de los hechos a su superior, "quien, sin investigación alguna ni solicitud de pruebas, acordó junto con el resto de facultativos que el denunciante debía abandonar la sección si sus compañeros consideraban que no podían trabajar con él", siempre según la versión del denunciante.

El Defensor ha explicado que en junio de 2019 el asunto fue abordado en una reunión con todos los integrantes de la sección y, tras ello el autor de la queja se vio "relegado en su relación profesional y sometido a un trato degradante", según aseguró el denunciante.

En junio de 2020, tras comunicar la situación a la gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra, se inició un proceso de mediación en el que los tres médicos que compartían grupo con el denunciante dijeron que no querían trabajar con él, algo que fue avalado por el jefe del área, según continuaba el relató del denunciante. La mediación cesó al conocerse las grabaciones de abril de 2019.

Por otro lado, el denunciante aseguró al Defensor que se habían producido varias entradas no consentidas en su historia clínica supuestamente por dos de sus compañeros.

Javier Enériz ha explicado que junto con la queja por escrito, el denunciante entregó unas grabaciones de audio que, sin ser de buena calidad, permiten ver elementos coincidentes con su denuncia.

El Defensor, al conocer los escritos del autor de la queja y los audios, consideró que los hechos podrían tener relevancia penal en tres elementos: "El ofrecimiento del reparto de un 12% de lo facturado por la empresa que suministra una marca de material a cuatro médicos integrantes de una sección del Complejo Hospitalario de Navarra por medio de tarjetas de El Corte Inglés; el acoso profesional al que alude la persona que interpuso la queja; y las entradas no consentidas en su historia clínica por parte de dos médicos compañeros del denunciante".

Por ello, el Defensor del Pueblo decidió poner los hechos en conocimiento del Ministerio fiscal el 17 de noviembre de 2020. Posteriormente, el 14 de diciembre, el fiscal superior de Navarra informó al Defensor de que, después de incoar las correspondientes diligencias de investigación penal, se consideró que los hechos podían ser constitutivos de diversos delitos, por lo que se interpuso denuncia habiéndose admitido a trámite e incoándose diligencias por parte del Juzgado de Instrucción numero 5. Así, al estar el asunto en el ámbito judicial, el Defensor del Pueblo decidió suspender su intervención.

"ACLARAR CÓMO REACCIONA LA ADMINISTRACIÓN"

El portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado que de la transcripción de las actuaciones que ha relatado el Defensor "se deduce todavía una gravedad mayor de la que hasta ahora estábamos enterados, puesto que al posible delito de cohecho, al posible asunto del acoso profesional a quien denuncia, se añade una posible entrada no consentida en el historial médico". "Lo más grave de todo no es que ocurran estas cosas, que ya de por sí son lamentables y rechazables, lo que debemos investigar, aclarar y esclarecer es cómo reaccionan la Administración y sus responsables ante el conocimiento de estos hechos", ha asegurado.

Así, ha considerado que "lo peor es cómo reacciona la Administración, que tiene por objeto velar por el normal funcionamiento y proteger a la persona que denuncia unos hechos". "De lo que hemos ido recabando, la Administración ni tan siquiera comunica al fiscal los hechos y no ordena una investigación. El asunto ha estado un año durmiendo por la Administración y mientras tanto el denunciante ha ido sufriendo un posible acoso en el desempeño de su trabajo. Al Defensor le ha costado quince días desde que ha entrado el asunto hasta que lo ha enviado al fiscal, y en la Administración ha ido de mano en mano", ha asegurado.

La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha criticado que Navarra Suma "intenta alterar" con esta comparecencia "la neutralidad política del Defensor para hacer política frente al Gobierno" y ha defendido el procedimiento seguido por la Administración, señalando que el autor de la denuncia no entregó las grabaciones que sí presentó al Defensor.

Además, ha señalado que en el grupo de facultativos implicados en este tema "existía una mala relación profesional". "Ante esta situación que se puede producir en cualquier grupo de personas, Salud actúa e inicia una serie de actuaciones, que son intentar poner solución a la situación de conflicto, no iniciar inmediatamente un expediente disciplinario. Se pone de manifiesto que hay mala relación, se producen movimientos de esa persona y también de otro facultativo. Se mueve a dos facultativos, se toman medidas para intentar resolver esa situación", ha asegurado, para afirmar que "la Administración sí ha funcionado". "La persona no aportó las grabaciones, lo que hace es aportárselas al Defensor antes que a la Administración y la Administración tiene que tener pruebas para denunciar un delito", ha afirmado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que, según información ofrecida por el Departamento de Salud, no se han producido los cobros señalados en la denuncia, lo que "no quiere decir que no se produjera un intento de que así hubiera sido". En todo caso, al igual que ha hecho el PSN, ha afirmado que los supuestos hechos "no fueron trasladados a la Fiscalía -por parte del Gobierno- al no disponer de pruebas a pesar de haber solicitado las grabaciones" al denunciante.

"Lo que nos dice el Departamento de Salud es que no tuvo esas grabaciones en su poder en el momento de haber podido llevar esa denuncia a la Fiscalía. El Gobierno está diciendo que no contó con las pruebas a pesar de haberlas requerido reiteradamente, no contó con las grabaciones que sí permitieron al Defensor acudir a los tribunales", ha destacado Barkos.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado que "hay lagunas y determinadas cuestiones que pueden ser contradictorias" y no ha compartido la posición de PSN y Geroa Bai. Así, ha considerado que el hecho de que el Gobierno de Navarra no dispusiera de las grabaciones "no es óbice para plantearse por qué dentro del Departamento, si hay un denuncia de los hechos, no se abre una investigación interna, y eso sigue sin responderse".

"Con toda la cautela, y no voy prejuzgar nada, es un asunto feo, tanto por los hechos que se denuncian, que de confirmarse serían muy graves, como por la aparente inacción del Departamento de Salud, que tendrá que aclarar muchas cuestiones", ha asegurado.

EL GOBIERNO DICE QUE NO SABÍA NADA

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral actúa con criterios de "prudencia" y ha asegurado que el facultativo denunciante de los hechos no entregó al Gobierno de Navarra las "evidencias" que sí hizo llegar al Defensor del Pueblo.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha afirmado que "en estos casos el Gobierno de Navarra actúa desde criterios de prudencia y garantistas", y ha asegurado que "somos los primeros interesados en cuanto se detecta una presunta situación irregular en ponerlo a disposición judicial".

No obstante, ha afirmado que "hay un factor clave en esta cuestión, que la persona que hizo la denuncia aportó al Defensor del Pueblo evidencias que no aportó al Departamento de Salud en forma de grabaciones, y seguramente es una cuestión clave y fundamental". "Si hubiésemos tenido más fundamentos de hecho para dotar de mayor fuerza a esta cuestión se hubiese puesto a disposición judicial", ha dicho.

En todo caso, ha destacado que "esta cuestión está en manos de los tribunales y el Gobierno de Navarra está a plena disposición de los tribunales para dotar de cuanta información sea necesaria para esclarecer esta situación, somos los primeros interesados en ello".


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