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Ayerdi dilapidó más de tres millones de euros en Davalor y el cuatripartito impidió investigarlo a fondo

La empresa dedicada a máquinas para la vista engulló los préstamos de Sodena sin que finalmente pudiera evitar su liquidación.

El videpresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, en un fotomontaje tras la empresa Davalor. ARCHIVO
El videpresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, en un fotomontaje tras la empresa Davalor. ARCHIVO  

En enero del 2017, el Parlamento de Navarra pedía a la Cámara de Comptos que realizara un informe de fiscalización sobre un préstamo participativo de 2,2 millones de euros que el Gobierno de Navarra,a través de la empresa pública Sodena, había concedido a Davalor Salud S.L. El problema que se empezaba a vislumbrar en el horizonte, y que traería más adelante multitud de reuniones, sesiones de trabajo, críticas parlamentarias y comisiones no se basaba tanto en la cuantía de dinero público, sino en que hacía tiempo que el Ejecutivo foral sabía que se trataba de una empresa en caída libre.

Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, seguía concediendo prestamos de cientos de miles de euros a la compañía (dedicada a fabricar maquinaria para la exploración, diagnóstico y terapia de la vista), a pesar de que incidía en sus declaraciones en que el apoyo a la empresa constituía "un proyecto de riesgo".

De hecho, Comptos desaconsejaba las inversiones y varias formaciones del arco parlamentario navarro exigían al Ejecutivo de Uxue Barkos que detuviera su actuación con Davalor, ya que la compañía era "un pozo sin fondo" en el que se estaba dilapidando cifras millonarias del erario público. Pero la representante del PNV en Navarra hacía oídos sordos y su mano derecha seguía empleando el dinero de todos los navarros en una iniciativa sin futuro alguno.

En julio del 2018 llegó el primer varapalo judicial para el equipo de Geroa Bai, que veía cómo sus intentos por salvar Davalor se desintegraban después de que el Juzgado Mercantil de Pamplona número 1 decretara el concurso de acreedores ante los continuos impagos que se venían dando desde hacía meses. Detrás quedaban los préstamos de Sodena, que superaban en ese instante el millón de euros.

Los continuos créditos concedidos desde el Gobierno de Navarra no representaban el principal problema para Ayerdi, sino la constancia que desde la Administración liderada por Barkos se tenía de que la situación financiera de la empresa era "muy complicada" y, a pesar de saberlo, seguían inyectando dinero público. Incluso en sede parlamentaria se llegó a avanzar que se necesitarían hasta 20 millones de euros para lograr "una solución definitiva".

Las deudas terminaban entonces de aplastar el negocio en el que tanto creía el vicepresidente Ayerdi, algo que evidenciaba aprobando continuos préstamos que no servían para sanear a Davalor de forma definitiva. El propio Ayerdi alegó, para tratar de justificar sus erróneas decisiones, que desde el año 2016, "en todas y cada una de las aportaciones de Sodena se ha firmado un documento por el que conocen que es una operación de riesgo y se asume un riesgo". Un riesgo tomado con dinero de todos los ciudadanos de la Comunidad foral.

ENTRADA DE UN INVERSOR

Barkos tuvo que salir a la palestra para tratar de desligar a su Ejecutivo de esta penosa gestión económica, y aseguró que el Gobierno de Navarra "no avalaba nada". Para intentar acallar especulaciones, anunció que un inversor iba a hacerse cargo de la elevada deuda de la empresa.

En ese mismo mes de julio, Ayerdi ya había confesado que la decisión que adoptó de pedir a Sodena que concediera un préstamo a Davalor fue "personal", pero no "caprichosa", al manifestar que el crédito de un millón de euros había sido avalado por la Cámara de Comptos. Sus palabras venían a rechazar las acusaciones de la oposición, que le criticaban que los préstamos a la compañía (por un importe total de 2,6 millones de euros) fueron "una actuación sin precedentes".

La oposición en bloque clamaba por que se iniciara una comisión en el Parlamento foral para que se investigara el papel de Sodena en la concesión de los créditos a Davalor, pero Barkos logró imponer, valiéndose del sustento del cuatripartito, que esta comisión no se centrará solamente en esta actuación, sino en la gestión y en todos los procedimientos protagonizados por la empresa pública. Así, al no centrar la comisión exclusivamente en los avales a Davalor, las conclusiones se diluirían con otras inversiones realizadas en legislaturas pasadas.

Mientras la presidenta del Gobierno foral defendía que la inversión de casi tres millones de euros concedida por Ayerdi a Davalor fue "legal", los quebraderos de cabeza de la compañía seguían asestando tremendos golpes a su ruinoso estado económico. En octubre del 2018, el socio letón que iba a salvar la empresa anunciaba que no quería saber nada de un compromiso económico.

PÉRDIDA DE LAS INVERSIONES

Esta noticia confirmaba lo que todo el mundo preveía, que los miles de inversores que habían puesto sus fondos en Davalor iban a perder todas sus inversiones. Entre ellos, por supuesto, el propio Ejecutivo foral. En este caso, al tratarse de dinero público, fueron decisiones personales de Ayerdi, que no contó con los informes favorables de Sodena, como sí se hacía en otros casos.

Días más tarde, se confirmaban los presagios, y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona decretaba la liquidación y disolución de Davalor Salud S.L. Atrás quedaban esos casi tres millones de euros entregados por el vicepresidente foral de manera más que sospechosa.

En el recorrido paralelo de la comisión de investigación sobre Sodena en el Parlamento, liderada por el parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella, el mismo del que recientemente salió a la luz su vídeo rompiendo su DNI mientras lo calificaba de "patraña", se fue completando con múltiples comparecencias (auditores, gerentes, consultores, administradores concursales, exconsejeros...) que trataban de arrojar luz sobre la gestión promovida en los préstamos emprendidos por Ayerdi. Incluso se barajaba que el caso Davalor pudiera acabar en los tribunales ante las "sucesivas irregularidades" cometidas por la Administración de Barkos.

Finalmente, se cumplió el guion de lo que había pretendido el Gobierno al incluir otras inversiones anteriores en la comisión de investigación sobre Sodena, y la polémica inversión en Davalor se pasó por alto.

El cuatripartido formado por Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E tenían muy claro que el objetivo era diluir la responsabilidad política de la gestión de Ayerdi, algo conseguido, puesto que se impidió que ningún apartado de Davalor saliera adelante dentro de la comisión del Parlamento foral.


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