Los socialistas han pasado de ser las víctimas de ETA a tenerles -a ella y a los que le apoyan- como socios preferentes en los gobiernos de España y de Navarra.
- sábado, 27 de abril de 2024
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En las últimas semanas de 1995, cuando faltaban tres meses para que se celebraran las elecciones generales y todo apuntaba a que el tiempo de los socialistas en la Moncloa estaba llegando a su fin, la banda terrorista ETA cambió la estrategia que había seguido a lo largo de todo ese año, en el que había realizado una serie de atentados «selectivos» que los comenzó en enero con el asesinato de Gregorio Ordóñez, cuyo crimen lo justificó diciendo: «Hemos hundido el buque insignia del fascismo español en Euskadi. A partir de hoy los euskaldunes podemos respirar tranquilos»; los continuó tres meses después, con el coche-bomba que el «comando Madrid» hizo explosionar al paso del vehículo del jefe de la oposición, José María Aznar, que salvó la vida milagrosamente gracias al blindaje de su coche, y que los pudo culminar en agosto con un magnicidio, que se frustró, del rey Juan Carlos en Mallorca. A partir del mes de diciembre ETA puso en marcha una campaña de atentados indiscriminados, provocando una matanza en Vallecas y sembró de bombas un centro comercial de Valencia, en el que pudo haber causado una terrible masacre.
Y 1996 empezó tan mal como había acabado el año anterior, por lo que nada bueno se podía esperar de él. En enero, ETA secuestró en Burgos al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que trabajaba en la cárcel de Logroño, con el objetivo de chantajear al Gobierno de Felipe González para que pusiera fin a la a la política penitenciaria de dispersión que había iniciado, el 12 de julio de 1988, el ministro socialista Enrique Múgica Herzog, y reagrupara a los presos de ETA en las prisiones del País Vasco y de Navarra. A partir del secuestro de Ortega Lara, ETA tuvo a dos personas en cautividad al mismo tiempo pues, desde el 8 de mayo de 1995, tenía retenido al empresario guipuzcoano José María Aldaya, al que liberó el 14 de abril, después de que su familia pagase un rescate por él.
Y, por si todo esto fuera poco, en el mes de febrero, ahora se cumplen veinticinco años, ETA cometió dos asesinatos. El primero, el día 6, en plena calle de San Sebastián y en presencia de uno de sus hijos, al que encañonaron, mató de un tiro en la nuca al histórico dirigente del PSOE de Euskadi, Fernando Múgica Herzog hermano del exministro. Y pocos días después, el 14, el comando «Madrid» entró en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y allá, sentado en su despacho, acabó con el catedrático y ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, que murió acribillado mientras hablaba por teléfono. Después, el 4 de marzo, al día siguiente de las elecciones generales que dieron el triunfo al PP, se cobró la vida del ex jefe del Servicio de Información de la Ertzaintza en Guipúzcoa, Roberto Doral.
Esta era la dramática situación que se encontró el popular Jaime Mayor Oreja cuando, el 6 de mayo, tomó posesión como ministro del Interior, sustituyendo al socialista Juan Alberto Belloch, que hasta ese momento ocupaba una cartera «bicéfala» de Justicia e lnterior. Y, en ese momento, cuando parecía que todo iba a seguir igual, se produjo un punto de inflexión en la lucha antiterrorista. El nuevo ministro del Interior consiguió implicar al Gobierno francés, que reactivó notablemente su cooperación antiterrorista y realizó una serie de acciones que supusieron un duro golpe para los aparatos logístico y militar de ETA y permitieron que en ese país cayeran Julián Achurra Egurola, «Pototo», considerado hasta esas fechas el número tres en el organigrama de la cúpula etarra, Juan María Insausti Múgica, «Karpov», y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza». Y, simultáneamente, en este otro lado de la frontera, se desarrollaron una serie de operaciones que dejaron a los terroristas en una situación muy delicada, por lo que ETA no pudo terminar de «cuajar» algunos de sus futuros comandos operativos, como el «Galicia» y el «Nafarroa»; por primera vez en los últimos diez años, la policía logró descubrir parte de la infraestructura esencial del «comando Madrid», en la capital de España, al frente del cual estaba el asesino de Tomás y Valiente, Jon Bienzobas, «Karaka», y pudo identificar a los terroristas Rufino Arriaga Arruabarrena, Ainhoa Múgica Goñi y Juan Antonio Olarra Gudiri.
La acción emprendida por la nueva “cúpula” de Interior fue tan efectiva que, si bien es cierto que el 17 de noviembre fue secuestrado el empresario Cosme Delclaux, ese año 1996 ETA “solamente” cometió dos asesinatos más, el del sargento de Ingenieros Miguel Angel Ayllón, el 20 de mayo, y el de Isidro Usabiaga, propietario de una empresa de transportes de Oyarzun, el 26 de julio, por lo que era preciso remontarse hasta los inicios de los años setenta para encontrar una cifra de víctimas del terrorismo tan baja.
Además, en los últimos días de ese año, se conocieron los documentos que les habían sido incautados a «Karpov» y a su compañera sentimental, Nieves Sánchez del Arco, que evidenciaban la existencia de importantes tensiones en seno de la organización terrorista, en la que se habían acrecentado las disputas y el malestar entre muchos de sus activistas por las directrices y la forma de funcionamiento de la cúpula de ETA. Y los responsables policiales declaraban que «ETA no está sumida en el caos ni contra las cuerdas, pero, evidentemente, está muy tocada por la presión policial que sufre en Francia y España. Y, sobre todo, descolocada».
A pesar de estos datos tan alentadores, Mayor Oreja sabía que no podía ni ser optimista ni bajar la guardia, porque ETA no estaba derrotada y todavía nos iba a dar muchos días de dolor. Y así fue. En los dos primeros meses de 1997 se cobró la vida de 6 personas y, en los primeros días de julio, después de la brillante liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil, vendría el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ante el que reaccionó masivamente toda la sociedad española que hasta ese momento o había callado o se había manifestado de manera silenciosa ante los asesinatos y secuestros de ETA.
A raíz de esa reacción, la banda terrorista, junto a Herri Batasuna y otras fuerzas nacionalistas vascas, con el PNV a la cabeza, temerosas de que la protesta popular contra el terrorismo pudiera acabar por arrinconarles, idearon eso que denominaron el Pacto de Estella y dentro de él la declaración de un alto el fuego, que fue una maniobra para que ETA se pudiera rearmar, para que saliera más fuerte y así pudiera seguir moviendo el árbol para que los otros siguieran recogiendo las nueces.
Entonces, nada más cesar las armas, en la opinión pública caló la idea de que las victimas debían ser generosas y tenían que tener gestos que contribuyeran a una eventual paz. Y, ante esta pretensión, Ana María Vidal-Abarca, la que en enero de 1980 había gritado serenamente un «¡Viva España!» en el cementerio vitoriano durante el entierro de su marido, Jesús Velasco Zuazola, para despedir así al soldado, al marido y al padre que acababa de ser asesinado, y la misma que el 4 de febrero de 1981, ahora se cumplen cuarenta años, había fundado (junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O'Shea) la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para defender a esas víctimas a las que entonces se les tapaba la boca y se les dejaba abandonadas, como siempre en ella, con su voz potente, declaró con claridad y rotundidad: «oigo hablar de la generosidad de las víctimas, y yo pienso: ¿Por qué no se dirigen a los que han estado matando, a los que han hecho tanto daño; por qué no les piden que se arrepientan? Solo se dirigen a nosotros, toda la generosidad y todos los pasos los tenemos que dar nosotros. Eso no lo veo razonable.»
Desde esas palabras de Vidal-Abarca han pasado casi veinticinco años y ahora, sin tener que secuestrar a funcionarios de prisiones, el juez que entonces luchaba contra el terrorismo y del que se decía que era más “Grande” que Marlasca, es el ministro “Marlasca”, y se ha convertido en el instrumento que el Gobierno de Sánchez utiliza para acercar a decenas y decenas de presos de ETA a las cárceles de Euskadi y de Navarra sin que previamente se hayan arrepentido y sin que hayan colaborado con la Justicia en el esclarecimiento de los más de 300 atentados mortales que siguen todavía sin ser aclarados. Y esto sucede así porque en estos veinticinco años los socialistas han pasado de ser las víctimas de ETA a tenerles -a ella y a los que le apoyan- como socios preferentes en los gobiernos de España y de Navarra, porque ahora a los socialistas lo único que les importa es mantenerse en el poder al precio que sea. ¡Qué pena!
