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La Iglesia, víctima de genocidio en 1936

Por Jaime Ignacio del Burgo 26 agosto, 2019 - 18:34

El autor recuerda las atrocidades cometidas contra la Iglesia Católica durante el mandato del Frente Popular, antes de que se produjera el levantamiento militar.

El estellés Manuel de Irujo, que fue ministro en el Gobierno de Largo Caballero.
El estellés Manuel de Irujo, que fue ministro en el Gobierno de Largo Caballero.

Los mentores de la Memoria Histórica, en los términos de la normativa aprobada en 2007 y disposiciones posteriores, se niegan a reconocer el genocidio perpetrado contra la Iglesia Católica en la guerra civil. En uno de mis últimos libros titulado “Navarra en la historia. Realidad histórica frente a los mitos aberzales” (Editorial Almuzara, 2017), publiqué sobre este asunto un documento histórico estremecedor y esclarecedor que ha pasado inadvertido.

No se trata del testimonio de alguien que padeció la represión desatada contra la Iglesia Católica desde el 18 de julio de 1936 en el bando republicano, sino de alguien que la vivió desde el puente de mando del Gobierno. Me refiero al “Memorándum” que Manuel de Irujo, uno de los políticos más notables del PNV en el siglo XX, en su condición de ministro sin cartera elevó al presidente del Consejo de Ministros, el socialista Francisco Largo Caballero.

Entiendo que este documento debiera ser de conocimiento general para que las generaciones actuales puedan tener más elementos de juicio sobre aquel trágico período de nuestra historia contemporánea.

Irujo, estellés de nacimiento, era diputado a Cortes del PNV por Guipúzcoa cuando entre el 17 al 19 de julio de 1936 estalló el levantamiento militar dirigido desde Pamplona por el general Mola.

Acudió a Bilbao a una reunión de las ejecutivas del PNV de Vizcaya y de Guipúzcoa para decidir si se sumaban al alzamiento o apoyaban al Frente Popular, incapaz de afrontar el caos que se había apoderado en España desde su acceso al Gobierno en febrero de 1936.

Sobre el Frente Popular daré un par de pinceladas. Se trataba de una coalición impulsada por el líder de Izquierda Republicana, Manuel Azaña, y de la que formaron parte, entre otros partidos revolucionarios, el PSOE y el PC. En dichas elecciones las izquierdas habían sido ampliamente derrotadas por las derechas, que se habían agrupado en torno a la CEDA encabezada por Gil Robles. Pero los resultados electorales globales no se publicaron nunca. Investigaciones exhaustivas realizadas por historiadores de absoluta solvencia demuestran que se habían cometido gravísimas irregularidades que habían supuesto la privación a las derechas de 50 escaños, impidiéndoles de esa forma volver a formar gobierno.

El PSOE había protagonizado en octubre de 1934 un golpe de Estado contra el Gobierno presidido por un republicano de indiscutible pedigrí como Alejandro Lerroux, con el fin de proclamar la Revolución Social e implantar la dictadura del proletariado, siguiendo el modelo soviético de Lenin impuesto en Rusia desde la Revolución de octubre de 1917. Los líderes del golpe fueron Francisco Largo Caballero, al que sus partidarios llamaban “el Lenin español”, abogaba por derribar la República burguesa. En la campaña electoral de las elecciones generales de noviembre de 1933, donde el PSOE perdió más de la mitad de los diputados que había obtenido en 1931, proclamó: “Vamos, repito, hacia la revolución social... mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia... Nosotros respondemos vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente (Gran ovación). Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar”.

Nada más conocer el resultado de las elecciones, las ejecutivas del PSOE y de UGT comenzaron a preparar la insurrección armada contra el nuevo Gobierno.El diputado por Vizcaya Indalecio Prieto, que compartía con Largo Caballero el poder en el partido, se ocupó de comprar las armas y las juventudes socialistas comenzaron a recibir instrucción militar. La sublevación tuvo lugar el 5 de octubre de 1934. Hubo centenares de muertos. En Asturias, durante los 15 días en que el Principado estuvo en poder de los mineros. Tiempo suficiente para asesinar a cerca de 40 sacerdotes. En el País Vasco, en Eibar, entre otros asesinatos destaca el cometido en la Casa del Pueblo de Eibar con el fusilamiento de Marcelino Oreja, diputado carlista por Guipúzcoa. El Gobierno sofocó la rebelión, pero a partir de ese momento el clima de violencia guerracivilista creció de manera exponencial. En 1942, el otro gran protagonista del golpe, Indalecio Precio, confesó en Méjico: “Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria...”.

El Partido Nacionalista Vasco era en aquellos momentos un partido ultracatólico, independentista y de derechas. Desde la proclamación de la República venía intentado constituirse en Región Autónoma conforme a la Constitución de 1931. El intento de incorporar a Navarra había fracasado en 1932. Un año después, se sometió a referéndum del País vascongado un proyecto de Estatuto sin Navarra. Resultó aprobado pero Alava se opuso porque en su territorio no había obtenido la mayoría de dos tercios del electorado, a diferencia de Guipúzcoa y Vizcaya. Esto produjo la hibernación del proyecto en las Cortes. Tras el acceso al Gobierno del Frente Popular, Prieto, de acuerdo con Irujo y José Antonio Aguirre, diputado este último por Vizcaya, había conseguido desatascar la tramitación pero las vacaciones veraniegas la habían paralizado. El dilema que se ofrecía a los dirigentes nacionalistas era el de apoyar o no el alzamiento militar. Irujo estaba convencido de que el Gobierno sofocaría el golpe con rapidez. Propuso y así se aprobó comunicar al Gobierno su lealtad pero con el compromiso de que el Estatuto se aprobara de inmediato. El Gobierno así lo aceptó. No fue ésta la postura de la dirección del PNV en Navarra y en Alava, pues en ambos casos se adhirieron a la sublevación.

De acuerdo con el compromiso asumido, el 1 de octubre de 1936 las Cortes republicanas aprobaron el Estatuto. “Con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se constituyen en región autónoma dentro del Estado Español, adoptando la denominación de País Vasco”.

El 4 de octubre Irujo fue nombrado ministro sin cartera en el gabinete de Largo Caballero. Y el día 7 de octubre Aguirre resultó elegido presidente del ejecutivo vasco en una asamblea de Ayuntamientos en su gran mayoría vizcaínos, pues los sublevados controlaban ya la práctica totalidad de Alava y Guipúzcoa. Juró su cargo en vascuence y en castellano: “Humilde ante Dios, en pie sobre la Tierra Vasca, en recuerdo de los antepasados, bajo el Arbol de Guernica, ante los representantes del pueblo, juro desempeñar fielmente mi cargo”.

El “Memorándum” de Manuel de Irujo está fechado el 7 de enero de 1937, cuando sólo habían transcurrido seis meses desde el inicio de la guerra. En él denuncia el asesinato de miles de clérigos por el mero hecho de serlo, la prohibición y persecución del culto católico, la destrucción de todos los altares y objetos de culto con grave daño a nuestro patrimonio histórico-artístico, el incendio de la mayor parte de los templos en Cataluña y otros desmanes.

Señala que gracias al PNV se había evitado la masacre de la Iglesia en el País Vasco. Aunque no siempre los “gudaris” nacionalistas tuvieron éxito pues las milicias frente populista asesinaron mientras duró el dominio republicano en Vizcaya (18 de julio de 1936 a 19 de junio de 1937) a sesenta sacerdotes vascos.

El “Memorándum” no causó ningún efecto en el Gobierno ni sirvió para mejorar la situación. Al final de la guerra civil el saldo de asesinados fue terrible. Las milicias revolucionarias eliminaron, en muchos casos después de terribles torturas y vejaciones físicas y morales, a cerca de 10.000 sacerdotes, religiosos y religiosas. No fueron como se pretende ahora asesinatos aislados, obra de gentes incontroladas sedientas de sangre y desesperadas por sus miserables condiciones de vida, sino que obedecieron a una voluntad consciente y deliberada del Frente Popular de exterminar a la Iglesia para conseguir la total erradicación del sentimiento católico mayoritario en la sociedad española de aquella época. En nuestros días, tales atrocidades encajarían en el delito de genocidio definido en los artículos 5,1 a) y 6, a) y b) del  Tratado de Roma de 1998 sobre creación del Tribunal Penal Internacional.

Por todo esto, resulta absolutamente incomprensible que se pretenda imponer un relato unívoco y además sectario de lo ocurrido durante la guerra civil con la amenaza de sancionar a quienes discrepen de la versión oficial. En cambio, se expide carné de demócratas a quienes mantienen al día de hoy las bondades del totalitarismo comunista causante del asesinato de más de cien millones de personas y de la violación permanente de los derechos humanos más elementales en numerosas naciones del mundo, que continúa en países como China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam, a los que hay que añadir la Venezuela bolivariana. Y no sólo no se les discute el carné de demócratas sino que se les invita a formar parte como socios preferentes del gobierno de España y se acuerdan coaliciones de gobierno en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos. Todo con tal de cerrar el paso a “las derechas”, expresión característica del guerracivilismo de la época republicana.

Puesto que uno de los partidos que desde 2007 está empeñado en remover las cenizas de la guerra civil, rompiendo el pacto constitucional, presume de ser el partido más antiguo de España, ya que fue fundado el 2 de mayo de 1879 por Pablo Iglesias, y se vanagloria de haber defendido en todo momento y ocasión la democracia, no estaría de más que además de condenar los crímenes ajenos haga autocrítica y reconozca los propios, al menos desde el 5 de octubre de 1934, fecha en la que el PSOE y la UGT se sublevaron contra el legítimo gobierno de la República con la finalidad de de acabar con la República burguesa e implantar la dictadura del proletariado, hasta el 1 de abril de 1939. Y acepten la retirada de las estatuas que rinden homenaje a Largo Caballero y Prieto en el Paseo de la Castellana, donde hasta no hace mucho fueron vecinos de una estatua ecuestre del general Franco retirada con nocturnidad en 2005.

En este asunto, como en tantos otros, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Aquel trágico episodio de nuestra historia no fue un enfrentamiento de buenos y malos, de pacíficos demócratas y fascistas sedientos de sangre. Fue un gran fracaso colectivo que produjo sufrimientos inmensos al conjunto de la sociedad española. Ocurrió hace 80 años. Y el primer empeño de los constituyentes fue propiciar un espíritu de concordia y reconciliación para construir un futuro plenamente democrático en paz y en libertad. Por otra parte, las generaciones de la postguerra no teníamos que reconciliarnos con nada ni con nadie porque de nada fuimos responsables y a nadie habíamos hecho daño alguno.

Por eso, debemos hacer el esfuerzo necesario para evitar que el guerracivilismo emponzoñe de nuevo a la sociedad española en pleno siglo XXI y recuperar el espíritu de concordia y conciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978. La única Constitución de toda nuestra historia redactada por consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas.

Jaime Ignacio del Burgo expresidente del Gobierno de Navarra. Académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia, de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación.

* * *

Memorándum del ministro republicano Manuel de Irujo sobre la persecución

religiosa

7 de enero de 1937

La Constitución de la república proclama la libertad de conciencia y la de cultos. La ley de congregaciones y confesiones regula su ejercicio y lo ampara.

La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente:

a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio.

b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.

c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron.

d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales.

e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos llevando a cabo —los organismos oficiales que los han ocupado— en su edificación obras de carácter permanente, instalaciones de agua, cubiertas de azulejos para suelos y mostradores, puertas, ventanas, básculas, firmes especiales para rodaje, rótulos insertos para obras de fábrica y otras actividades.

f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o derruidos.

g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso.

h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde.

Como causa inmediata de ese movimiento popular cuyo desbordamiento se acusa de modo tan violento, se sienta la de que, allí donde la Iglesia cumplió su misión evangélica, sin caracterizar sus organismos un movimiento político determinado, contando la República y la democracia sus adeptos en organizaciones de espíritu cristiano, como sucede en Euzkadi, nadie atentó contra los templos, sacerdotes y religiosos ni dificultó sus cultos, hoy respetados y amparados por el pueblo y el Gobierno del país. Por el contrario, los ataques anotados se dieron en el resto del territorio leal, donde no podría hacerse con generalidad, al menos, la misma afirmación de conducta sentada en tierra vasca

No tan sólo el imperativo de las leyes, sino la conveniencia de la República, vista singularmente al través del ministerio de Estado, de las embajadas de París y Londres y del organismo ginebrino, obligan al estudio del problema y fuerzan a su resolución. La opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del Gobierno de la República que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen en la forma y términos que expuestos quedan. La ola revolucionaria pudo estimarse ciega, arrolladora e incontrolada en los primeros momentos. La sistemática destrucción de templos, altares y objetos de culto ya no es obra incontrolada. Mas la participación de organismos oficiales en la transformación de los templos y objetos de culto para fines industriales, la prisión confinada en las cárceles del Estado de sacerdotes y religiosos, sus fusilamientos, la continuidad de sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar por fuerzas oficiales del poder público, todo ello deja de tener explicación posible, para situar el Gobierno de la República ante el dilema de su complicidad o de su impotencia, ninguna de cuyas conclusiones conviene a la política exterior de la República y a la estimación de su causa ante el mundo civilizado.

En atención a lo cual interesa la adopción por el consejo de ministros de los acuerdos siguientes:

1º La libertad de todos los sacerdotes, religiosos o afectos a congregación u obra religiosa determinada, contra los cuales no existan otros cargos.

2º El cumplimiento de la ley de congregaciones y confesiones y en tal sentido que por el señor ministro de Justicia se confeccione una relación de los templos y edificios religiosos existentes, su estado actual, objeto al que están destinados, vicisitudes por las que hayan pasado e instrumentos de culto que contengan.

3º Que en adelante no sea ocupado ninguno de ellos para fines diversos del culto al que originariamente vinieron destinados, sin orden ministerial de la que se dé cuenta al consejo de ministros y que se publique en la Gaceta, con excepción de las ocupaciones que hagan precisas las medidas militares.

4º Que todas las obras de fábrica que de modo permanente se efectúen en los templos, hayan de merecer la aprobación de la dirección de Bellas Artes.

5º La declaración expresa de la licitud de la práctica de todos los cultos religiosos, siempre que sus manifestaciones externas se atemperen a las leyes.

6º La prohibición de toda orden de policía que tienda a dificultar en el interior del hogar el ejercicio de los derechos individuales y las prácticas de culto, siempre que con ellas no se falte a la ley.

El consejo, no obstante, acordará lo procedente.

Barcelona para Valencia a siete de enero de mil novecientos treinta y siete.

Manuel de Irujo y Ollo. Ministro sin cartera. 7 de enero de 1937.


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La Iglesia, víctima de genocidio en 1936