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Barkos rechazó un acuerdo que le permitía zanjar su juicio de las dietas de Pamplona si pedía perdón

La acusación popular le ofreció a la presidenta evitar el juicio y tener que devolver más de 200.000 euros si es condenada. 

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. IÑIGO ALZUGARAY
La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. IÑIGO ALZUGARAY  

Uxue Barkos y sus abogados se negaron a aceptar un acuerdo para evitar el juicio en el Tribunal de Cuentas por las posibles dietas irregulares de la ahora presidenta cuando era concejal de Pamplona y diputada en Madrid.

El procedimiento por alcance ha fijado en 208.610 euros el dinero que Barkos (Geroa Bai-PNV) tendría que devolver por estas supuestas reuniones fantasma que cobraba en Pamplona mientras, realmente, estaba en Madrid. 

La acusación particular, ejercida por la asociación Justitia et Veritas, le ofreció a los abogados de Barkos durante la vista previa de la semana pasada un acuerdo por el cual la ahora presidenta podía evitar el juicio y la devolución del dinero en el caso de que fuera condenada.

Los abogados de Uxue Barkos se negaron a aceptar el acuerdo que le obligaba a la presidenta a reconocer los hechos y a pedir perdón por ellos.

La juez valoró significativamente este ofrecimiento de la acusación popular que fue rechazado por la defensa de Barkos, lo que lleva de manera ineludible al juicio contra la presidenta del Gobierno que tendrá lugar el próximo 31 de mayo en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. 

TODOS LOS VIAJES DEL CONGRESO

La juez ha ordenado al Congreso de los Diputados que entregue todos los viajes que Uxue Barkos hizo a cargo de la institución durante el periodo en el que compaginó su puesto en el Congreso de los Diputados con el de concejal en el Ayuntamiento de Pamplona.

La acusación trata de demostrar que las reuniones que Barkos pasó a cobrar en el consistorio eran imposibles, ya que estaba la mayor parte de la semana en Madrid. Su ocupación en el Congreso le impedía acudir a las reuniones de Pamplona. La defensa de Uxue Barkos también se negó a practicar esta prueba. 

De hecho, las reuniones de grupo de Uxue Barkos no cuentan con acta alguna que las justifique, no tienen fecha, ni asistentes, ni hora ni orden del día, porque nada existe. Barkos sólo entregó de manera semestral un folio con el número de dietas que pasaba a cobrar. 

Además, algunas de esas firmas de Uxue Barkos para embolsarse el máximo posible del Ayuntamiento de Pamplona eran falsas, firmadas por otras personas sin advertir a los funcionarios de Pamplona de este asunto. 

La ahora presidenta acudía a la comisión de Presidencia (4 al mes) y al Pleno municipal (2 al mes). Eran las únicas reuniones que cuentan con acta y eran correctamente remuneradas. Sin embargo, la presidenta inflaba hasta los topes el números de reuniones de grupo preparatorias de las comisiones y los plenos, hasta el punto de pasar a cobrar más reuniones de grupo de oficiales (plenos y comisiones).  

Incluso, Barkos llegó a 'facturar' más reuniones de grupo que sus propios compañeros de partido, que sí estaban en Pamplona en todo momento y sí pueden justificar, al menos por fechas, su presencia en Pamplona. 

La juez quiere comprobar así si fue posible que la ahora presidenta pudiera pasar a cobrar más de 200 reuniones anuales en concepto de dietas en Pamplona al mismo tiempo que asistía en Madrid a los 75 plenos y comisiones como diputada. Según el reglamento, sólo se podía contabilizar una reunión al día como máximo.

El caso lo investiga la consejera de cuentas María Antonia Lozano, nombrada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Socialista y a instancia de Izquierda Unida.


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Barkos rechazó un acuerdo que le permitía zanjar su juicio de las dietas de Pamplona si pedía perdón