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Amaia Izko, la edil de Bildu en Pamplona, abandonará su cargo tras admitir que actuó bajo las directrices de ETA

Los 47 abogados del denominado 'frente de cárceles' han llegado a un acuerdo para reducir sus condenas a dos años, aunque deberán abandonar los cargos públicos.

Las personas relacionadas con la defensa de los presos de ETA encausadas, entre ellas la concejala de Bildu en Pamplona Amaia Izko, convocan una protesta en la capital navarra. IÑIGO ALZUGARAY
Las personas relacionadas con la defensa de los presos de ETA encausadas, entre ellas la concejala de Bildu en Pamplona Amaia Izko, convocan una protesta en la capital navarra. IÑIGO ALZUGARAY  

Los 47 abogados acusados de pertenecer al denominado 'frente de cárceles' o 'frente de makos' de ETA, entre los que se encuentra la edil de Pamplona Amaia Izko (EH Bildu), han reconocido este lunes en la Audiencia Nacional los hechos que se les imputan, esto es, que actuaron bajo las directrices de la organización terrorista a la hora de dirigir al colectivo de presos con el fin de garantizar la cohesión y fidelidad a la banda tras el cese definitivo de la actividad armada de octubre de 2011.

Así lo aceptan todos los acusados después de que hayan llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones que reduce sustancialmente sus condenas, lo cual implica admitir su participación en la estrategia de ETA para mantener a los miembros del EPPK (colectivo de presos) políticamente activos, con una actitud permanente de "lucha" en el interior de las prisiones.

Una estrategia que rechazaba a los que se querían acoger a la legalidad para mejorar su situación penitenciaria, pues esto se entendía como una maniobra en "contra" del colectivo de presos que cuestionaba el carácter "político" de la "lucha" que les había llevado a prisión, lo que podría generar una desmovilización mayor de los presos.

El acuerdo se ha materializado este lunes durante el juicio que se ha celebrado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se han sentado en el banquillo los conocidos abogados de etarras Arantza Zulueta y Jon Enparantza y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga, entre otros.

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha ido llamando uno por uno a los 47 acusados y el fiscal, Miguel Ángel Carballo, les ha preguntado si reconocen los hechos objeto de acusación, a lo que todos han respondido con un escueto 'bai' o 'sí'. A continuación, las partes personadas en el procedimiento han renunciado a la presentación de prueba durante la vista oral.

En virtud del acuerdo de conformidad alcanzado con Fiscalía y acusaciones, la inmensa mayoría de los acusados aceptan condenas inferiores 2 años de prisión, por lo que al carecer de antecedentes la mayoría no entrará, por participación activa en organización terrorista. Además, de todos ellos, unos 17 se encuentran en cargos públicos en diversas instituciones, como la pamplonesa Amaia Izko, por lo que también deberán abandonar sus actividades.

En su caso, ha sido condenada a un año y medio de prisión y a 3 años de inhabilitación absoluta para empleo público, lo que implica que debe abandonar ese cargo, según las fuentes consultadas.

La excepción son Arantza Zulueta y Jon Enparantza, quienes en calidad de "dirigentes" aceptan 3 años y medio y dos años y 7 meses de cárcel, respectivamente, además de inhabilitación absoluta de un año y medio más y libertad vigilada de un año.

Los 47 abogados, acusados de delitos que van desde la participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo hasta enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares, reconocen ahora la importancia que tenía para ETA la cohesión y fidelidad de los miembros del colectivo de presos hacia la organización terrorista y sus planteamientos estratégicos.

En el 'frente de cárceles' de ETA se agrupaban varias organizaciones que trabajaban sectorialmente a favor de los presos y huidos de la banda terrorista: el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat. Fue desarticulado en las operaciones 'Jaque', 'Mate' y 'Pastor' practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año.

Con el acuerdo alcanzado entre las partes, el colectivo de abogados (los 'bertsolaris' o 'pintores') reconoce su integración orgánicamente en una estructura que dependía directamente de ETA, siendo todos sus miembros plenamente conscientes de esta situación y de que las actividades de asistencia jurídica y de recopilación de información que realizaban servían para complementar las actividades de la banda. Y así, admiten que era ETA la que definía las líneas generales que debían seguir para la defensa jurídica de los miembros del colectivo de presos.

BUSCAR COHESIÓN Y OBTENER INFORMACIÓN

También hacen constar los acusados que junto a su asistencia jurídica a los presos se unía una política basada en el adoctrinamiento ideológico de los presos de ETA y la cohesión dentro del EPPK. Asimismo, se buscaba mantener informada a ETA de las posturas y actitudes personales y políticas de los presos con respecto al proyecto político de la organización terrorista. Con todo ello, anteponían los intereses generales de la estrategia de ETA a los particulares de los presos a los que defendían jurídicamente.

Para llevar a buen puerto toda esta estrategia, los abogados hacían rondas de visitas a los internos dos o tres veces al año, como así se desprende de los documentos incautados por los investigadores en los que se reflejan planificaciones de esas rondas y el reparto de prisiones entre los letrados. En las visitas explicaban a los presos de las iniciativas de movilización y recababan toda la información que los internos les transmitían.

A su salida, la edil de EH Bildu, Amaia Izko, ha explicado  que la voluntad de los acusados al aceptar el acuerdo ha sido la de dejar atrás "fórmulas del pasado" y "contribuir a abrir puertas al futuro" y a "impulsar que se abran verdaderas vías de soluciones". Ahora la prioridad para Izco es "la resolución urgente y necesaria de la cuestión de los presos y presas vascas".

Otro motivo para el pacto, ha sido, según la concejal, las "peticiones fiscales enormes" y "fuera de toda lógica" que les hizo "temer" que "las condenas pudieran ser muy graves", por lo que el objetivo era evitar "entrar en prisión", si bien ha lamentado que deban hacerlo Zulueta y Enparantza.

GRANDE-MARLASKA, EN PAMPLONA: "HAN RECONOCIDO LO QUE ERAN"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha considerado que la condena a los 47 abogados acusados de pertenecer al denominado 'frente de cárceles' de ETA tras un acuerdo entre las partes evidencia el trabajo "serio y firme" de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante muchos años mostrando que la banda terrorista "era algo más que los comandos operativos".

"Tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lucharon de una forma efectiva para que el Estado de Derecho venciera a la sinrazón del terrorismo de ETA", ha destacado Grande Marlaska, que este lunes se ha reunido en Pamplona con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y ha visitado las instalaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El ministro del Interior ha afirmado que con este acuerdo los 47 abogados "han reconocido lo que eran, que eran parte de la organización terrorista y esto lo dice todo". "Si lo han reconocido es evidentemente que es porque había pruebas", ha remarcado.

Para Grande Marlaska, "ya sólo les falta una cosa, que es hacer una autocrítica que ayude a la sociedad y a las víctimas del terrorismo".

Por otro lado, sobre la vista fijada el miércoles por el Tribunal Supremo para revisar los recursos a las condenas por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, el ministro del Interior ha esperado que el Supremo "dicte la resolución que entienda oportuna y todos acataremos las resoluciones judiciales".


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