TRIBUNALES

La corrupción de Bildu: piden 45 millones de euros por sus irregularidades con la basura en Guipúzcoa

Los gestores abertzales paralizaron la incineradora y rescindieron un contrato "al margen del interés general".

Arnaldo Otegi, uno de los principales dirigentes de Bildu. MIGUEL OSÉS
Arnaldo Otegi, uno de los principales dirigentes de Bildu. MIGUEL OSÉS

El Tribunal de Cuentas ha celebrado la vista de conclusiones del procedimiento contra los anteriores gestores de Consorcio de Residuos de Guipúzcoa (GHK) nombrados por EH Bildu, Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin.

El fiscal se ha adherido a las posiciones defendidas por el organismo de gestión de residuos guipuzcoano y ha pedido la devolución de 45 millones de euros a los que fueran representantes de la coalición soberanista.

La demanda, que ha quedado vista para sentencia, fue interpuesta por el actual equipo de GHK, a instancias del propio Tribunal, por las "posibles irregularidades" detectadas en las cuentas de la sociedad, según ha recordado en un comunicado.

En la sesión celebrada este jueves, los abogados de GHK se han ratificado en sus posiciones y han defendido que los anteriores gestores de EH Bildu "adoptaron la decisión de rescindir el contrato del CGRG y paralizar la incineradora, al margen del interés general", y que esta decisión ocasionó "graves perjuicios económicos".

En relación, con lo alegado por los demandados de "pretender el redimensionamiento" de la infraestructura, han argumentado que "en ningún momento pretendieron tal cosa" y, como prueba de ello, se han referido a la "inexistencia" de proyectos alternativos.

Por su parte, el Fiscal se ha adherido a los argumentos y a las peticiones de GHK, ratificando la posición adoptada en su día, y solicitando "el reintegro del quebranto económico causado que, hasta la fecha, asciende a 45 millones de euros".

"CASO OMISO"

La representación legal del consorcio gupuzcoano considera "especialmente grave" que los anteriores gestores de la coalición soberanista hicieran "caso omiso" del mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa, que "les instaron a cumplir con la Norma Foral y, a pesar de todo, optaran por resolver el contrato".

Los abogados entienden que, con esta actuación, "se atribuyeron competencias que no les correspondían e incurrieron en una desviación de poder, incumpliendo además las más elementales normas de buena gestión".

Todo ello, según han apuntado, está avalado por el hecho de que la rescisión se llevara a cabo "sin informe técnico alguno que la respaldara y en contra del interés general, sin justificar la idoneidad de la resolución, prever la cuantía de la indemnización ni analizar los efectos económicos derivados por la conversión en especulativos de los swaps".

Según indican, "todo ello era conocido por los anteriores gestores de GHK", como puede deducirse del Consejo de Administración de 21 de junio de 2012, en el que los asesores técnicos advirtieron de los riesgos en los que incurría la sociedad y se produjo la dimisión de Denis Itxaso y Arcadio Benítez, como consejeros, al constatar que "se estaban adoptando decisiones contrarias a la legalidad, el interés público y al mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa y que de ellas podían derivarse graves perjuicios económicos".

Los cálculos realizados por GHK elevan este perjuicio económico a 45 millones de euros, de los cuales 8,2 millones corresponden a la indemnización, 36,3 millones a lo abonado por los swaps y el resto a gastos indebidamente abonados.


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