TRIBUNALES

La presidenta Chivite 'esconde' a su consejero investigado por corrupción de los actos públicos

El consejero de Justicia, Eduardo Santos, considera que Ayerdi "todavía no ha adquirido condición como investigado".

La presidenta del Gobierno, María Chivite (PSN), conversa con el consejero imputado por corrupción Manu Ayerdi de Geroa Bai-PNV. EFE/ Jesús Diges
La presidenta del Gobierno, María Chivite (PSN), conversa con el consejero imputado por corrupción Manu Ayerdi de Geroa Bai-PNV. EFE/ Jesús Diges

El consejero de Justicia, Eduardo Santos, ha asegurado este viernes que el titular de Desarrollo Económico, contra el que UPN se ha querellado por los préstamos concedidos a Davalor Salud, presentará su dimisión "en el momento que efectivamente se declare la condición de investigado", como "ya dijo él en una carta".

Preguntado por los medios de comunicación por su opinión respecto de último auto del Supremo, Santos ha indicado que no tiene "nada que añadir a la posición ya conocida del Gobierno", que a últimas horas de la tarde de ayer se ratificó en que Ayerdi "dejará de ser consejero si el Tribunal Supremo lo considera como investigado", una condición "todavía no adquirida".

Desde UPN sin embargo interpretan que este auto "confirma su situación procesal como investigado y por tanto la defensa de (la presidenta de Navarra) Chivite y del Gobierno no se sostiene", afirmó ayer el presidente del partido, Javier Esparza.

Y subrayó que "no hay ningún informe del Gobierno que avale la posición de la presidenta en estas semanas y por tanto debe dejar de ser consejero hoy mismo", "si no es así no se estará incumpliendo la ley (del gobierno sobre casos de corrupción) y nosotros actuaremos en consecuencia".

No obstante, el propio Gobierno de Navarra trata de 'esconder' al consejero, ya investigado, evitando cualquier aparición pública. Este mismo viernes, el Ejecutivo de Chivite ha confirmado que Manu Ayerdi no asistiría a un acto en el que se contaba con su presencia. En su lugar, ha acudido la directora general de Turismo, Maite Ezkutari.

En el citado auto, el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo fija una fianza de 10.000 euros a UPN para poder ejercer la acusación popular en el procedimiento contra Ayerdi por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Hace un mes, este Tribunal abrió una causa penal para investigar al consejero por la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2,6 millones de euros entre 2015 y 2017, como recoge la querella presentada en junio por los regionalistas, y ahora el instructor ha dictado un auto en el que acuerda abrir diligencias previas contra Ayerdi y le da traslado de las mismas para que puede ejercer su derecho de defensa.


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