TRIBUNALES

El juez del Supremo ratifica la investigación por corrupción a Manu Ayerdi por las irregularidades en Davalor

El magistrado ha acordado una fianza para UPN por ser acusación y también comunicará al consejero de Chivite su condición de investigado. 

Manu Ayerdi durante la sesión parlamentaria. MIGUEL SANTIAGO03
Manu Ayerdi durante la sesión parlamentaria junto a la entonces presidenta cuando se cometieron las irregularidades, Uxue Barkos. MIGUEL SANTIAGO0

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Palomo Del Arco ha dictado un auto en el que acuerda abrir diligencias previas en la causa abierta para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manu Ayerdi Olaizola, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El instructor fija una fianza de 10.000 euros a Unión del Pueblo Navarro (UPN), que presentó la querella el pasado 2 de junio, para poder ejercer la acción popular.

En su auto (consulta aquí el documento en PDF), resuelve también que se dé traslado de la misma al investigado y que se le instruya de sus derechos de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El pasado 14 de diciembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo comunicó que había abierto una causa penal para investigar a Ayerdi relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

Desde ese mismo momento, Manu Ayerdi tenía que haber dimitido de su cargo en el Gobierno de María Chivite o haber sido cesado por la propia presidenta, tal y como indica la norma. 

El artículo 68 de la Ley Foral aprobado en 2018 por el Gobierno de Uxue Barkos y el cuatripartito nacionalista y que modificaba otras dos leyes anteriores señala la incompatibilidad del puesto de consejero foral con la de estar investigado por un posible delito de corrupción, que son los que también se han tipificado en el caso del auto de Manu Ayerdi. 

Durante más de un mes Ayerdi se ha aferrado a su cargo con la complacencia de Chivite, permitiendo que un investigado por corrupción ostente el puesto de consejero en el Gobierno de Navarra y siga manejando dinero público. 

La querella de UPN expone que el aforado, que entonces era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA), concedió en septiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.

Asimismo, los querellantes denuncian que pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor Salud S.L. y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social –determinantes éstas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017-, el querellado, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a DAVALOR. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

 Según los querellantes, el Gobierno de Navarra en junio de 2015 declaró el proyecto de Davalor como de “interés foral”, lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo.

La querella añade que Davalor Salud S.L. en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad.  La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.

El consejero Manuel Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en Davalor Salud S.L. obedeció a “una corazonada” y que tomó la decisión con un “carácter totalmente personal”, amparándose en un informe de la directora de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico, según los hechos recogidos en la querella.


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