• domingo, 01 de agosto de 2021
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SOCIEDAD

ONG navarras exigen al Gobierno que retome programas para 'menas': denuncian un "desmantelamiento"

Critican “falta de transparencia” y un cambio de criterio por parte del departamento de Derechos Sociales, liderado por Mari Carmen Maeztu, en mantener a jóvenes hasta los 21 años.

La consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, entrega los diplomas a jóvenes extranjeros protegidos por el Gobierno de Navarra que han superado su formación en el centro Iturrondo. PABLO LASAOSA
Imagen de archivo de la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, entregando diplomas a jóvenes extranjeros protegidos por el Gobierno de Navarra que han superado su formación en el centro Iturrondo. PABLO LASAOSA

Las organizaciones navarras Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Iruña Ciudad de Acogida, Papeles Denontzat y Yoar han exigido que se retomen los programas para jóvenes migrantes no acompañados.

Estos programas son los realizados en materia de alfabetización y de inmersión comunitaria y están destinados a menores migrantes no acompañados.

En rueda de prensa, Lydia Almirantearena y Beatriz Villahizán han denunciado “falta de transparencia” y un cambio de criterio por parte del departamento de Derechos Sociales, liderado por Mari Carmen Maeztu, en mantener a jóvenes hasta los 21 años.

Han denunciado el “desmantelamiento del servicio específicamente orientado a su integración” mediante un programa de alfabetización e inmersión comunitaria.

También, la transferencia de competencias que se ha dado del programa al departamento de Políticas Migratorias. Un traspaso que, a su juicio, “no se ha hecho con planificación ni un diseño adecuado para acoger a todas las personas ni con la previsión de fondos suficientes que haga viable la actuación anunciada”.

En este sentido han señalado su preocupación por la dotación del servicio de Políticas Migratorias con “unos exiguos 105.000 euros” que, gracias a una enmienda, “contará con 401.500 euros, todavía insuficientes” para implementar un programa.

Este programa anunciado, han añadido, tendrá una capacidad de 50 plazas, 30 de ellas de carácter residencial, para lo que creen que con la dotación presupuestaria aprobada “resulta inviable a todas luces”.

Han señalado que aunque “a nivel legal” no hay obligación de mantener a los jóvenes después de los 18 años, “sí hay recomendaciones, muchas, de defensorías de jóvenes y había un compromiso por parte del Gobierno de Navarra hasta los 21”.

Almirantearena ha señalado que “no se tiene muy claro el cambio de criterio” por parte del Ejecutivo navarro y ha añadido que “muchos llegan con 17 años” y “para muchos no es tiempo suficiente” para conseguir una inclusión y un modelo vital pleno.

Villahizán ha señalado que asisten “con tristeza” a algo que se ha dado en toda la Unión Europea, “que evidencia la propia contradicción entre la política migratoria” que se ha mantenido reforzando los sistemas de control, “atravesados por una Ley de Extranjería que les dejará en algún momento en una situación irregular”.

Ha añadido que “el goteo de jóvenes no ha cesado” y “no se ha informado de manera pública” sobre los procesos de salida de los jóvenes del programa de protección a menores inmigrantes no acompañados, dándose en algunos casos “salidas del programa con preavisos de apenas 24 horas”.

También ha apuntado que “dada la dureza de su situación” se da “una poca planificación de las salidas, con un poco espacio de tiempo que exige que salgan de un sistema de protección donde tienen sus necesidades cubiertas” y que les obliga a “buscar de manera urgente y precaria dónde pasar esa noche y las siguientes”.

En ese momento, ha añadido Villahizán, “acuden a albergues, que son servicios que no están pensados para sus necesidades”. Además, la ruptura del proceso de inclusión “hace que no culmine con éxito” y que se dé una desvinculación del sistema.

En concreto, han apuntado que de los 45 jóvenes expulsados del sistema de protección para menores migrantes no acompañados, “apenas 16 mantienen vinculación con los servicios” por lo que se les “obliga a buscarse la vida por ellos mismos”.

Son situaciones, a su juicio, “de desprotección y desamparo graves, teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de estos jóvenes”. Por ello, han señalado que es necesario “articular un modelo de salida que garantice una vía adecuada para estos jóvenes”.

Han apuntado que la llegada de estos menores “ha tenido y sigue teniendo un enorme impacto en el uso del acogimiento residencial como medida protectora, y ha desbordado todas las previsiones que había”.


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