SOCIEDAD

Ollo presenta el relato "veraz" de ETA en un mandato marcado por los desprecios a las víctimas de estos asesinos

En el estudio se han contabilizado 49 atentados (35 en territorial foral y otros 14 en otros lugares con víctimas relacionadas con Navarra) con 56 víctimas mortales, aunque solo en 32 hay sentencia.

La consejera Ana Ollo y el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar. PABLO LASAOSA
La consejera Ana Ollo y el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar. PABLO LASAOSA  

El Gobierno de Navarra ha recopilado en un informe, elaborado por el experto Ignacio Pérez Macías, la situación procesal de los atentados mortales de ETA relacionados con Navarra -49 con 56 fallecidos-, un trabajo que pretende aportar datos para la reparación de las víctimas y para la concienciación social.

Así lo han expuesto este lunes en conferencia de prensa la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y el propio Pérez Macías, quienes han destacado la "voluntad memorialista" individual y colectiva de este informe, que se suma a los ya elaborados o en proceso de factura, a cargo de grupos de investigadores del ámbito de la universidad.

Se trata de "visibilizar ese pasado oscuro y violento que sacudió a nuestra sociedad" con los atentados de ETA, con informes elaborados con rigor para trasladarlos a la sociedad y "recuperar el relato y la memoria que en muchos casos se ha invisibilizado", ha señalado la consejera Ollo, que gobierna gracias al apoyo de la formación abertzale EH Bildu y que siempre se ha negado a "condenar" la barbarie terrorista.

Ha enmarcado el informe en la vertiente "memorialista" que junto a la "asistencial" sostienen el trabajo que desde el año 2015 lleva a cabo la dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que -ha asegurado- trabaja con las víctimas, pese al rechazo de algunas de estas asociaciones hacia el Gobierno de Navarra, críticas que ha dicho "entender" tras insistir en abrir específicamente a ellos actos como el que tendrá lugar el 11 de marzo en favor de las víctimas.

Precisamente, gran parte de este rechazo ha estado sustentado en las muestras de desprecio que el propio ejecutivo que lidera Barkos ha ejercido durante esta legislatura a las víctimas de ETA a través de diversos homenajes que se han realizado a asesinos etarras o por igualar el acoso y la acción de estos terroristas con la actuación de las diferentes policías en la Ley de Violencia de Extrema Derecha, tumbada por el Tribunal Constitucional y que ahora busca un nuevo asalto.

Asimismo, el director de general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar, ha recordado los trabajos impulsados por el Gobierno de Navarra para la visibilización de las víctimas y de los atentados que sufrieron, como el elaborado por el también profesor universitario Javier Marrodán con "Relatos de plomo" y que el propio departamento para el que trabaja se encargó de borrar la página web con el fin de blanquear la historia más negra de la banda terrorista.

El que se ha presentado este lunes, "Situación procesal de los atentados mortales de ETA en Navarra", encargado al profesor de la Universidad Carlos III Ignacio Pérez Macías, es para el departamento de Ollo una contribución "para tener un relato veraz sobre las consecuencias del terrorismo en Navarra que trasladara a futuras generaciones la dimensión de lo que ha supuesto el terrorismo en nuestra tierra".

Así, Pérez Macías ha valorado como una aportación muy positiva la iniciativa de comunidades como Navarra en el desarrollo de la normativa estatal, tanto en la respuesta sanitaria, como de empleo, o social de apoyo a las víctimas, y ha incidido en el valor de este informe para "reforzar la dimensión de búsqueda de la verdad para la construcción de una memoria sólida" de lo que ocurrió.

Ha destacado que del trabajo se desprende que en Navarra o por su relación con la Comunidad foral se contabilizan 49 atentados (35 en territorial foral y otros 14 en otros lugares con víctimas relacionadas con Navarra) con 56 víctimas mortales, aunque solo en 32 de los casos hay sentencia, con 26 en las que se esclarece la autoría y las 6 restantes con un esclarecimiento parcial.

De los 17 casos restantes, en 13 aún no hay sentencia o es absolutoria porque no se define la autoría, en uno se aplicó la Ley de Amnistía de 1977, y en 3 casos continúa la tramitación judicial, ha señalado para incidir en que es en estos 17 sucesos donde radica uno de las mayores deficiencias en el ámbito de la reparación de las víctimas, ya que el trato compensatorio es diferente y económicamente muy inferior al que se ofrece a las víctimas con sentencia firme.

El informe presentado hoy ofrece los datos oficiales facilitados, principalmente, por la Audiencia Nacional, con el objetivo de contribuir al derecho a la verdad y a la construcción de la memoria, tanto individual como colectiva.

Su principal finalidad es "contribuir a la reparación de las víctimas de ETA desde el derecho a la verdad a través una aproximación veraz y contrastada que ayude, también, a concienciar a la sociedad sobre esta realidad".

Para ello, se propuso conocer los procesos que han culminado con resoluciones firmes y los que aún se tramitan en vía judicial, con lo que se intenta así ayudar, en alguna medida, al derecho de las víctimas a "obtener información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones de sus derechos humanos, así como a conocer la verdad".

Es lo que recoge la Resolución 60/147 de la Asamblea General Naciones Unidas, cuyo espíritu replica la legislación española, "pero la ley no puede por si sola y necesita el concurso de leyes autonómicas" que, como la navarra, ejecutan esa intencionalidad, ha valorado tras aludir a este y a otros informes encargados.

En cuanto a la legislación, el experto ha reconocido que "España tiene uno de los sistemas mas avanzados, pero ha sido a costa de mucha sangre y de muchos inocentes que se han quedado en la lista de víctimas mortales", un "sistema positivo" que también tiene carencias como el diferente trato en la reparación económica según haya sentencia o no, lo que incide en "diferenciar" a las víctimas. 


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