SOCIEDAD

El Gobierno acuerda la subida en el alquiler de las 400 viviendas compradas por un fondo buitre en Pamplona

La empresa Testa Residencial se ha comprometido a estudiar las actualizaciones de sus alquileres de forma individualizada entre las familias que no recibían ninguna subvención.

Edificio en la Rochapea amenazado de desahucio. MIGUEL OSÉS
Edificio en la Rochapea amenazado de desahucio. MIGUEL OSÉS

El Gobierno de Navarra ha cerrado un acuerdo con la empresa Testa Residencial para mantener el régimen protegido de casi 400 viviendas de alquiler que esta sociedad privada gestiona en distintos barrios de Pamplona.

El acuerdo fue cerrado este martes en Madrid, según ha informado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno, el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi.

Los términos pactados ratifican las renovaciones de contratos por 7 años, con una subida media de 60 euros mensuales, gastos e IBI incluidos.

Las viviendas habían pasado ya al mercado libre tras haberse cumplido el período de los 20 años bajo la calificación de VPO, lo que dejaba a Testa Residencial manos libres para aplicar incrementos de rentas –a precio de mercado- en la renovación de los contratos, además de que suponía, automáticamente, la pérdida del derecho de sus inquilinos e inquilinas a percibir una subvención, lo que ponía a las familias en una situación límite.

Tras los compromisos adquiridos durante la mediación del Gobierno foral y la modificación normativa aprobada en el Parlamento, las familias que venían recibiendo ayudas públicas para pagar las rentas –en un 25 %, 50 % o 75 %, en función de sus ingresos- las seguirán percibiendo y los incrementos se limitarán a un promedio de 60 euros mensuales, gastos e IBI incluidos.

En todos los casos tendrán precios tasados que no superarán, como máximo, los 565, 600 o 650 euros, en función de la superficie de las viviendas, cantidades sensiblemente inferiores a las notificadas inicialmente por la empresa propietaria.

El primer acuerdo alcanzado el 18 de febrero, según ha recordado, fijaba un tope de renta máxima de alquiler y renovaciones de contratos por otros 7 años –con un plazo razonable de estabilidad y no renovaciones anuales, como se produce en otras promociones de alquiler- cuya actualización durante ese período se circunscribirá al IPC.

Esas condiciones contrastan con las notificaciones de vencimiento o renovaciones con rentas de entre 700 y 800 euros que la empresa había trasladado a los inquilinos.

Paralelamente, el Ejecutivo impulsó en el Parlamento, a través de los grupos que sustentan al Gobierno y cuya iniciativa resultó aprobada por la Cámara, una enmienda in voce al articulado de la Ley Foral de Presupuestos que permitía una modificación legal para que los inquilinos de alquiler protegido pudieran seguir teniendo derecho a percibir subvenciones para el pago de las rentas aun cuando el régimen de VPO de sus viviendas hayan vencido.

Esa modificación permite al Gobierno alcanzar un acuerdo con el fondo propietario, por cuanto que garantiza el pago de las rentas de alquiler a un precio tasado, pero era necesario concretar para acotar las actualizaciones de los contratos, a pesar de que los inmuebles hayan perdido su calificación de vivienda protegida y estén sujetos al mercado libre.

Así, el acuerdo permite garantizar la permanencia de las familias en sus actuales viviendas bajo un alquiler protegido y subvencionado, a precios máximos tasados y con incrementos limitados al IPC durante los próximos 7 años, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, de manera que quedan sin efecto las notificaciones de incrementos de renta que Testa había venido enviando.

Además para las familias que no recibían subvención alguna por disponer de ingresos suficientes, la empresa se compromete a estudiar las actualizaciones de sus alquileres de forma individualizada, garantizando que en ningún caso se tengan que producir rescisiones de contrato por incrementos desproporcionados.

En este sentido, según el consejero, se estudiará cada una de las situaciones en una comisión de seguimiento que estará formada por representantes de la empresa y mediadores de la Administración foral, de manera que no se produzca ninguna situación traumática y se puedan activar recursos para dar cobertura a las situaciones más gravosas.

Al mismo tiempo el departamento intensificará todos los instrumentos y recursos a su alcance para incrementar lo antes posible el número de viviendas de alquiler asequible, pero en promoción directamente pública para poder cambiar el modelo y evitar que las promociones privadas se terminen liberalizando al cabo de un tiempo, así como para movilizar viviendas vacías.


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