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Empresarios navarros contra Barkos: advierten que la imposición del euskera pone en peligro sus negocios

La CEN  ha criticado la política lingüística del Ejecutivo foral y CCOO pide consenso, aunque no acudirá a la manifestación del próximo 2 junio. 

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, explica en comisión parlamentaria la situación en la que se encuentra la confianza de los empresarios navarros (16). IÑIGO ALZUGARAY
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, explica en comisión parlamentaria la situación en la que se encuentra la confianza de los empresarios navarros (16). IÑIGO ALZUGARAY  

Los empresarios navarros han vuelto a 'sacar los colores' al Gobierno de Barkos por su política lingüística en la Comunidad foral y lo han hecho a través de un comunicado en el que han mostrado su "conformidad" con el texto del manifiesto 'Por un futuro de todos en igualdad', texto que encabeza la manifestación de este próximo sábado, 2 de junio, en Pamplona.

El Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) ha decidido sumarse a este manifiesto en favor de "la igualdad de condiciones y la libre competencia de las empresas". Para ello, los dueños de los negocios de la Comunidad foral han recurrido a sus estatutos, en concreto, al que vela por el "fomento y la defensa del sistema de libre iniciativa privada, como núcleo de creación de riqueza y de prestación de servicios a la sociedad”.

Por este motivo, la CEN ha advertido del riesgo que supone que las adjudicaciones públicas condicionadas por la política lingüística de la Administración no atiendan a la realidad de las empresas navarras, provocando "situaciones de discriminación, especialmente, en aquellas empresas de la zona mixta y no vascófona de la Comunidad Foral".

En base a los datos publicados por el Gobierno de Navarra, entre los meses de abril y mayo, excluyendo contratos públicos relativos a obras, suministros o mantenimiento, el 35% de las adjudicaciones públicas del Ejecutivo Foral benefician a las empresas que usan el euskera.

Atendiendo a los contratos solo del mes de mayo, este porcentaje aumenta hasta el 42,8%. Estas políticas se acentúan en el ámbito municipal de Pamplona, donde las adjudicaciones que exigen euskera en los dos últimos meses se elevan hasta el 66%, según ha explicado la propia CEN.

Desde la institución, se considera que estas cifras "no atienden a la realidad del uso del euskera en las empresas navarras, que crean riqueza y trabajo para una sociedad en la que el uso habitual de esta lengua se limita al 6,7% de la población", según datos publicados recientemente por Klusterra Soziolingüístika.

En este sentido, "las políticas de la Administración no estarían reflejando con proporcionalidad la realidad de la Comunidad Foral".

Por este motivo, los empresarios navarros comparten la reflexión del manifiesto al considerar que "el uso del euskera es un derecho que debe ejercerse desde la libertad, pero no a costa de unas políticas públicas que perjudiquen la libre competencia de las empresas navarras".

Además, recuerda el deber de la Administración de gestionar los recursos eficientemente, siempre de acuerdo a las necesidades de la sociedad, sin discriminaciones, ni exclusiones. La utilización excesiva del euskera con fines políticos, más allá de la satisfacción real de los ciudadanos, supone también un mayor coste público para todos los contribuyentes.

Esta postura ya fue manifestada por la Confederación, el pasado mes de marzo, a raíz de la inclusión en la Ley Foral de Contratos Públicos, de la exigencia de contar con un plan de euskera para aquellas empresas cuyo contrato con la Administración requiera de un servicio de atención al público.

Una medida que CEN considera una "imposición y que crea más dificultades a las empresas a la hora de acceder a contratos públicos".

COMISIONES OBRERAS PIDE CONSENSO, PERO NO ACUDIRÁ A LA MANIFESTACIÓN

CCOO ha pedido a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Navarra que consensúen la política lingüística y, tras anunciar que no acudirá a la manifestación convocada para el 2 de junio, ha instado a evitar el enfrentamiento y la polarización en torno a esta cuestión.

Para el sindicato es "importante tener en cuenta que el euskera es uno de los elementos más sentidos y queridos por buena parte de la ciudadanía navarra, es un patrimonio cultural importante que merece ser respetado".

En un comunicado sostiene que es central reconocer que el castellano y el euskera son lenguas de Navarra, pese a que históricamente "desde diversas posiciones se ha despreciado esta realidad".

"Es momento de fomentar otra forma de abordar estos asuntos", señala, para a continuación emplazar a generar los consensos más amplios posibles y apelar a la responsabilidad del Gobierno "para evitar una posible fractura social".

En esa línea apunta que es misión del gobierno hacer políticas que vayan en la dirección de "seducir y conquistar y no al contrario, en el rechazo o el abuso".

Para fomentar el uso del euskera y su normalización "somos más favorables a los estímulos positivos en lugar de la imposición", opina el sindicato que añade que "rebajar el enfrentamiento hará que cualquier cambio sea duradero y sea percibido por la mayoría de la sociedad como algo positivo y natural".

Considera que hay que facilitar cauces de uso del euskera, de forma voluntaria, que atienda a la realidad social y de forma progresiva, así como que hay que corregir algunas de las cuestiones de la política lingüística de gobiernos anteriores, que supusieron un trato negativo hacia el euskera y una excesiva judicialización.

Pero eso, remarca, "no puede justificar algunas medidas concretas que se están tomando, por ejemplo en el acceso al empleo público".

En este sentido muestra su preocupación por la valoración que se hace del euskera en el acceso al empleo público y al respecto subraya que los perfiles asignados a los puestos de trabajo de las administraciones deben responder a las funciones comunicativas y que garantizar que la administración atienda en euskera a toda persona que lo desee "no quiere decir, en absoluto, que todos los empleados públicos deban ser vascoparlantes".

Defiende que se hagan "itinerarios bilingües, para asegurar una atención correcta en euskera, siempre unido a su uso real" y por una baremación "razonable, nunca tratarlo como único mérito" y aboga por evitar "la discrecionalidad" y por potenciar la formación en euskera del personal público que lo desee.

En paralelo, plantea realizar un estudio de las personas que actualmente saben euskera dentro de la Administración con el objetivo último de dar un mejor servicio público a la ciudadanía que desee relacionarse en euskera con la Administración.

Tras reiterar su apoyo a la modificación de la ley del Vascuence para permitir que en toda Navarra se pudiera estudiar en el modelo D público, remarca que cualquier cambio que se plante debería contar con una mayoría cualificada, que trascienda del cuatripartito y que sea transversal.


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