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El defensor del pueblo de Navarra y los de otras ocho comunidades piden un nuevo sistema de acogida de refugiados

Ha tachado la fórmula actual de "lenta e ineficaz" y apuestan por aumentar las reubicaciones y prestar una especial atención a los menores no acompañados.

Los Defensores del Pueblo de Cataluña, Galicia, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Canarias, Valencia, País Vasco y Navarra en la firma de un manifiesto por los refugiados. EFE. ADRIÁN RUIZ DE HIERRO
Los Defensores del Pueblo de Cataluña, Galicia, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Canarias, Valencia, País Vasco y Navarra en la firma de un manifiesto por los refugiados. EFE. ADRIÁN RUIZ DE HIERRO  

Los nueve defensores del pueblo de las comunidades autónomas han abogado este jueves por "superar" el actual sistema de acogida de refugiados, que es "lento e ineficaz", aumentar las reubicaciones y prestar especial atención a los menores no acompañados.

Las Defensores del Pueblo de Cataluña, Galicia, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Canarias, Valencia, Navarra y País Vasco han presentado hoy en Vitoria un manifiesto con medidas para hacer frente al "cataclismo humanitario" de los refugiados, en el que además censuran la actitud mantenida hasta hora por la Unión Europea.

A la cita han acudido representantes de los nueve Defensores autonómicos salvo el Síndic catalán, cuyo vuelo no ha podido aterrizar la mañnaa de este jueves en Loiu por el viento, y la Valedora gallega por un problema de salud de última hora, aunque también han suscrito el manifiesto.

Este documento, que alerta de que la ola de frío "ha empeorado aún más las ya penosas condiciones" de los refugiados, incluye medidas dirigidas a las autonomías, al Estado y la Unión Europea.

"INTERLOCUCIÓN SUFICIENTE"

"Las comunidades autónomas deben y quieren colaborar" en materias de su competencia como educación, vivienda, servicios sociales y salud, por lo que es necesario que el Estado tenga con ellas "una interlocución suficiente", según ha explicado el defensor andaluz, Jesús Maeztu, en una rueda de prensa posterior a la reunión.

Por ello, entre las medidas dirigidas a las comunidades, se plantea que ofrezcan plazas para acoger a refugiados, de manera que sea posible aumentar las reubicaciones, y que reserven un cupo para menores no acompañados por su "espacial vulnerabilidad", al tiempo que se les pide que presten especial atención a las necesidades educativas de estos niños.

Al Gobierno central se le anima a buscar una "fórmula legal" para que las comunidades que quieran puedan "corresponsabilizarse" en las tareas de acogida y que valore la posibilidad de conceder "visados con validez territorial limitada por motivos humanitarios".

Se le pide asimismo una mejor coordinación con la Unión Europea, donde debe trabajar para "acelerar" los compromisos de acogida.

Lo deseable sería "solucionar los problemas en los lugares de origen" para evitar que haya personas que tengan que "huir de guerras", pero como no ha sido así, es imprescindible "mejorar la coordinación" en la respuesta de las instituciones europeas, nacionales y autonómicas.

MODELO RESPETUOSO

"Esto es una cadena, si un eslabón falla el proceso de resiente", ha advertido el Justicia de Aragón, Fernando García.

Los defensores reclaman a la UE que "remueva los obstáculos" que han impedido a España acoger su cupo de refugiados, que evalúe el acuerdo con Turquía por entender que es "susceptible de vulnerar los derechos" y que piense si este pacto "se concilia con un modelo respetuoso con los derechos humanos y valores" europeos, ha afirmado el Diputado de Común de Canarias, Jerónimo Saavedra.

También piden a Europa que "explore respuestas complementarias" como la posibilidad de que las embajadas de países comunitarios tramiten solicitudes de refugio tanto dentro como fuera de la Unión porque el sistema actual de solicitudes "ha demostrado ser insuficiente".

Subrayan además la conveniencia de que haya flujos migratorios "controlados y regulados" porque "el cierre de las fronteras estimula la existencia de traficantes de personas" que "ponen en riesgo la vida de muchos seres humanos y se enriquecen a costa de su desesperación".

A la reunión en Vitoria no ha acudido la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, que fue informada de la misma, pero de común acuerdo se consideró que solo participaran los representantes autonómicos. 


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