El sindicato CCOO ha lamentado que con la nueva interpretación del Gobierno foral se excluye una prioridad de contratación en favor de personas con discapacidad.
El sindicato CCOO ha criticado el "perjuicio" que supone para las personas con discapacidad el "cambio en la interpretación" del Gobierno de Navarra respecto a la Orden Foral 814/2010 que regula la contratación temporal.
El sindicato ha explicado que esta Orden Foral establece dos tipos de prioridad en el acceso a la contratación temporal. Por un lado, otorga prioridad para el llamamiento en las listas a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y a las personas mayores de 55 años con al menos 15 años de servicios prestados en la Administración.
Por otro lado, también se establece la prioridad para el aspirante que haya finalizado, en un plazo de 15 días, una contratación temporal en un puesto de trabajo igual en el mismo servicio.
"Hasta hace poco, las dos prioridades se llevaban a cabo de forma paralela, de manera que entre los trabajadores que cumplían los requisitos para la prioridad de los 15 días, se primaba a las personas con discapacidad y a los mayores de 55 años con 15 años de servicios prestados en la Administración", ha explicado el sindicato.
Sin embargo, CCOO ha criticado que el Ejecutivo foral ha cambiado su interpretación de manera que "una prioridad excluye a la otra". Así, "siempre que haya personas en esta prioridad de los quince días, la prioridad de las personas con discapacidad no se va a llevar a cabo, desparece", ha rechazado el sindicato que ha criticado que el Gobierno de Navarra "borra de un plumazo la discriminación positiva hacia este colectivo".
Para CCOO, la Administración está haciendo una interpretación "arbitraria" de la Orden Foral y "está anteponiendo una prioridad a otra cuando en ningún caso son excluyentes y durante mucho tiempo se han llevado a cabo de forma paralela".
El sindicato ha puesto en conocimiento de la Administración su "disconformidad con esta nueva interpretación de la ley" así como "el perjuicio que supone para este colectivo". "De nada sirve que se recoja en la legislación la discriminación positiva con determinados colectivos si luego la interpretación que la Administración hace de la legislación permite no llevarla a cabo", ha remarcado.
