• martes, 22 de junio de 2021
  • Actualizado 13:10

 

 
 

POLÍTICA

La solución propuesta para que los navarros puedan recibir las plusvalías cobradas ilegalmente

UPN critica que la ley del cuatripartito obliga a los afectados a acudir a los tribunales, donde se paralizan los recursos por posibles inconstitucionalidades.

Dos personas miran casa en venta y alquiler en el escaparate de una inmobiliaria. EFE
Dos personas miran casas en venta y alquiler en el escaparate de una inmobiliaria. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha abierto la vía para anular todas las liquidaciones impugnadas de las plusvalías municipales en Navarra.

El tribunal considera que todas las liquidaciones que ya han sido impugnadas, o que estén en el plazo de serlo, del impuesto que grava las plusvalías con la anterior legislación, que fue declarada inconstitucional, son nulas al haber quedado “huérfanas de de amparo legal”.

Por su parte, UPN va a presentar una moción en el Parlamento de Navarra con el fin de que el Gobierno foral "tramite con la mayor urgencia un nuevo texto legal que regule con claridad y en favor de los ciudadanos la devolución del impuesto de plusvalías municipales que fueron cobrados de manera ilegal".

Los regionalistas denuncian que la ley aprobada por el Gobierno de Barkos condena a los contribuyentes a acudir a los tribunales para recuperar lo que la Administración ha cobrado indebidamente.

Según recuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN recuerda en su sentencia, que es firme, se resuelve el primer recurso de casación autonómico, que, a la vista de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) indicada, no cabe una interpretación de la misma conforme a la cual pueda y deba analizarse en cada caso concreto por los órganos judiciales en vía de recurso si ha existido o no un incremento de valor.

Dicho de otro modo, del tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional, el TSJN se pregunta si se puede colegir que el contribuyente pueda alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos. “La respuesta ha de ser negativa, y es que no cabe dicha conclusión a la vista de la lectura, no solo del fallo, sino de su debida ‘integración’ con el contenido íntegro de la sentencia”, sostiene.

La liquidación girada en aplicación de los preceptos expulsados del ordenamiento jurídico, prosigue el Tribunal, “no puede ser reexaminada a la vista del resultado de prueba alguna (singularmente la pericial) para la que se carece de parámetro legal, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el TC ha rechazado en aquella sentencia.

En el presente momento, según la Sala, ante la inexistencia de dicho régimen legal, no es posible no solo determinar si existe o no hecho imponible, sino ni siquiera cuantificar la base imponible.

Según los magistrados, es al legislador y solo a él, en su libertad de configuración normativa, y a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, a quien le corresponde determinar los supuestos de eventual incremento o decremento y su constitucional cuantificación, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (y en general situaciones inexpresivas de capacidad económica).

Por lo tanto, concluye la Sala, la expulsión del ordenamiento jurídico de los preceptos que en orden a la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica obliga a este Tribunal a estimar el recurso de casación autonómico, al ser procedente la nulidad de las liquidaciones impugnadas que han quedado huérfanas de amparo legal.

La sentencia, deliberada por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta por cinco magistrados, estima el recurso presentado por dos empresas constructoras contra una resolución del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pamplona que dio la razón al Ayuntamiento de Burlada.

LA ACTUAL LEY OBLIGA A LOS AFECTADOS A ACUDIR A LOS TRIBUNALES

Por su parte, UPN ha trasladado su propuesta en el Parlamento foral después de que los jueces hayan interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el cuatripartito y de que se haya conocido que el TSJN ha dictado una sentencia que también declara nulo el cobro de este impuesto en caso de ventas con ganancias.

En un comunicado, UPN ha recordado que "tras declarar el Tribunal Constitucional la ilegalidad del cobro de aquellos impuestos de plusvalía cuando realmente no se había producido un incremento de valor, el Gobierno de Barkos tardó casi un año en tramitar un texto legal que corrigiese esta injusta situación".

Además, ha criticado que "la ley aprobada por el cuatripartito condenaba a los contribuyentes a acudir a los tribunales para recuperar aquello que la administración les había cobrado de manera indebida".

"Tal y como advirtió UPN, la ley tramitada por el Gobierno de Barkos no arbitró ningún mecanismo para que fuera la propia administración quien procediese a devolver lo injustamente cobrado", han destacado los regionalistas.

Según han indicado, "la consecuencia de la decisión de los jueces es que se paralizan todos los recursos judiciales presentados por los ciudadanos afectados, a pesar de que el Tribunal Constitucional les dio la razón".

Por lo tanto, en su opinión, "la ley aprobada por el cuatripartito ha conllevado, por un lado, que los ciudadanos no puedan recuperar el dinero indebidamente cobrado sin cargar con el trance de acudir a los tribunales y, por otro lado, que los contribuyentes que deciden acudir a los tribunales vean paralizadas sus reclamaciones debido a que la reforma legal aprobada puede estar también viciada de inconstitucionalidad".

"El Gobierno de Barkos vuelve a legislar en perjuicio de los ciudadanos contribuyentes. Para más despropósito, hoy se ha conocido otra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN que deja también sin efecto esta ley en lo referente al cobro de este impuesto cuando existe incremento de valor. No caben más desaciertos en un texto legal que no ha resistido ni tres meses en vigor", han sostenido desde UPN.

PSN PIDE QUE SE ADOPTEN MEDIDAS URGENTES

En este sentido, los socialistas han señalado en una nota que "piden al Gobierno de Navarra que adopte con carácter urgente las medidas que sean necesarias para dar seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a los usuarios en el caso del cobro de plusvalías por la venta de inmuebles".

"El Tribunal Superior de Justicia de Navarra abre la puerta a que no paguen el impuesto de plusvalía quienes hayan vendido un inmueble con ganancias, y no solo en el caso de que se hiciera con pérdidas como estableció el Constitucional. De esta forma, las liquidaciones giradas por los ayuntamientos han quedado sin efecto", han agregado.

Esto, como explica la portavoz del PSN- PSOE en Hacienda y Política Financiera, Ainhoa Unzu, va a generar una "notable inseguridad tanto a los ayuntamientos como a los propios afectados por el cobro de la plusvalía". Por eso, dice Unzu, “el Gobierno de Navarra tiene que actuar y tiene que hacerlo ya para dar garantías y certidumbres”.

Además, y como explica la socialista, el fallo del TSJN "vuelve a cuestionar la ley aprobada por el cuatripartito" que determinaba que las transacciones de la segunda mitad del año tienen que gravarse en función de la legislación anterior y, si hubo ganancias al vender el inmueble, hay que abonar el impuesto. Ahora "ni siquiera es necesario acreditar pérdidas como justificación para no abonarlo", continúa. Por ello, dice Unzu, “apremiamos al Gobierno de Navarra a que actúe lo antes posible y dé una respuesta tanto a los consistorios como a los particulares afectados”.

PPN: "Una norma injusta que deja desamparadas a miles de personas"

También el Partido Popular de Navarra ha movido ficha y ha anunciado que volverá a reclamar sendos informes a los servicios jurídicos del Parlamento y también al Consejo de Navarra sobre la Ley de Plusvalías aprobada por el Gobierno foral.

Volveremos a pedir estos informes que el cuatripartito negó al PPN imponiendo su censura habitual, para que se determine si dicha ley se ajusta o no a la legalidad vigente”, ha manifestado la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán.

“Esperamos que esta vez el cuatripartito no ponga trabas a nuestra petición por miedo a los resultados, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez son más las dudas sobre la legalidad de esta ley, recurrida por los jueces y cuestionada ahora también por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra”, ha dicho Beltrán.

“Independientemente de que los diferentes órganos jurídicos y el Tribunal Constitucional determinen la posible ilegalidad de esta ley, seguimos afirmando que se trata de una norma injusta que deja desamparadas a miles de personas que pagaron por un impuesto ya considerado ilegal”, ha concluido.


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