La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, ha suscrito hoy en la Cámara Alta una iniciativa del PP para crear una comisión de investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19 relacionados con la intermediación de Koldo García, así como otros posibles casos de corrupción derivados de la trama investigada en la Operación Delorme.
“Queremos saber si a Koldo también se le abrieron las puertas de Navarra”, ha manifestado la senadora regionalista, para quien existen razones más que justificadas de sospecha. En primer lugar, ha dicho, “porque Koldo era en Navarra una persona muy cercana a la dirección socialista. Pero además su valedor ha sido el señor Santos Cerdán, navarro y número tres del PSOE. Y porque la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Navarra ha generado muchas dudas”.
Así –ha explicado–, en la Comunidad Foral “se realizaron contratos en los que se perdió cerca de millón y medio de euros y se malgastó 1,7 millones de mascarillas, que finalmente fueron regaladas a una ONG. Incluso hubo contratos que fueron adjudicados directamente y cuestionados por la Intervención General por pagar un precio superior al de mercado”.
“Pero sobre todo es necesario hacer un ejercicio de transparencia, máxime cuando en alguno de esos contratos participó la hoy ministra de Inclusión y Seguridad Social como consejera de Hacienda de Navarra, Elma Saiz, también persona de confianza del señor Cerdán. Ya en su momento intentamos crear una comisión de investigación en Navarra, pero el partido socialista se negó. Es decir, los que hoy se jactan de crear una comisión de investigación en el Congreso, en Navarra la impidieron”, ha dicho.
Caballero también cree oportuna esta comisión porque hay que aclarar “si el entramado de Koldo García vendió mascarillas a la Federación de Municipios, a la delegación del Gobierno en Navarra o al propio Gobierno de Navarra, ya que sabemos que a través de su delegación en Navarra hizo entrega de mascarillas a distintos ayuntamientos en abril de 2022, entre ellos el de Pamplona, cuando ya no había necesidad pues se había levantado la obligación de llevarlas”.
Por último, la senadora regionalista ha afirmado que “más allá del desarrollo judicial de este caso, es imprescindible aclarar las responsabilidades políticas porque es muy grave que alrededor de los líderes más importantes del Gobierno socialista se haya podido gestar una red corrupta, con personajes amorales que han buscado enriquecerse en un momento tan trágico como el que vivimos durante la pandemia”.
