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Los adjudicatarios de la planta de Ulzama aseguran que las facturas eran "reales" y la empresa "viable"

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento asegura desconocer de dónde salieron las fotos personales de UPN recogidas en el informe de la planta.

Imagen de la Comisión de Investigación sobre la Planta de Biometanización de Ultzama. IÑIGO ALZUGARAY
Imagen de la Comisión de Investigación sobre la Planta de Biometanización de Ultzama. IÑIGO ALZUGARAY  

Jiri Bezdicek Vondrackova, miembro del primer Consejo de Administración de Bioenergía Ultzama S.A. y representante legal de Levenger, S.L., la adjudicataria inicial de la planta de biogás de Ultzama, ha afirmado que "los importes de las facturas emitidas por Levenger fueron reales y efectivamente percibidos, así como los importes de las facturas abonadas por Levenger fueron reales y efectivamente abonadas".

"Dichos importes íntegramente se destinaron a la ejecución de la planta. Levenger no obtuvo beneficio alguno de la construcción de la planta de biometanización. Las subvenciones son correctas y no incompatibles entre sí", ha manifestado el representante de Levenger, que ha comparecido este viernes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre esta planta.

Jiri Bezdicek Vondrackova ha declinado contestar a las preguntas de los parlamentarios y se ha limitado a leer un escrito al inicio de su comparecencia sobre la planta.

También ha asegurado que "las subvenciones o ayudas concedidas por el Gobierno de Navarra se destinaron al pago de las facturas que se generaron durante el proceso de construcción y puesta en marcha de la planta".

"Levenger no solicitó subvenciones o ayudas, las subvenciones del departamento de Desarrollo Rural fueron solicitadas por el Ayuntamiento de Ultzama y las de Desarrollo Económico por Bioenergía Ultzama", ha indicado.

En su opinión, "la cogeneración funcionó por encima de lo previsto, no hay ningún motivo técnico para que la planta esté cerrada". "En 2013, tres años antes del cierre, me desligué totalmente de la gestión de Bioenegía Ultzama al salir de la presidencia y del consejo de administración. Mi salida fue consecuencia de desavenencias en la toma de decisiones al contar desde el inicio de la empresa con una participación minoritaria. Si se hubieran adoptado decisiones distintas y diferentes a las tomadas por la mayoría de los socios, la planta debería poder seguir funcionado ya que técnicamente sigue siendo viable", ha indicado.

El compareciente ha explicado que en la actualidad se tramita una querella criminal promovida por el Gobierno de Navarra frente a la compañía mercantil de la que es administrador (Levenger S.L.), contra Bioenergía Ultzama y contra él mismo por "supuestos delitos relativos a diversas irregularidades acaecidas en la planta de biometanización de Ultzama".

Jiri Bezdicek Vondrackova ha afirmado que "es obvio y evidente que concurre coincidencia entre la investigación parlamentaria y la judicial, y estando yo investigado en sede judicial, en uso de los derechos que me amparan y siguiendo estrictas instrucciones de mis abogados, no declararé a ninguna de las preguntas que en su caso quieran formularme".

No obstante, ha afirmado que Levenger ha efectuado "numerosos proyectos" tanto en Navarra como en otras Comunidades Autónomas y ha señalado que en el año 2008 el Ayuntamiento de Ultzama efectuó una convocatoria para la licitar la gestión de la planta de biometanización, un concurso al que se presentó Levenger, resultando adjudicatario.

Según ha señalado el compareciente, el procedimiento administrativo, el pliego de condiciones, los criterios legales y demás condiciones "fueron fijados por el Ayuntamiento, supongo que con el asesoramiento de sus técnicos y la adopción de acuerdos por los órganos municipales correspondientes".

"Levenger no tuvo participación alguna en todo ello, tan solo se presentó al concurso", ha afirmado, para señalar que, tras resultar adjudicataria, "siguiendo las previsiones del pliego de condiciones se constituyó la sociedad Bioenergía Ultzama, a quien el Ayuntamiento acordó autorizar la cesión de la concesión".

Según ha afirmado, "las obras de construcción de la planta se abonaron mediante un sistema de facturación con el declarado propósito de que los ayuntamientos de Ultzama, Basaburua y Odieta no tuvieran que hacer frente con sus recursos propios a ninguno de tales gastos y dicho propósito fue público y nunca ocultado, como consta en el pliego de condiciones y en el contrato de concesión". "Tal decisión fue adoptado por el Ayuntamiento de Ultzama", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que este compareciente "ha hecho trampa a esta comisión". "Una cosa es que no quiera declarar por su situación penal, pero ha jugado con las cartas marcadas, es el único que reparte la baraja y hace unos puntualizaciones que trata de poner en cuestión el trabajo de esta comisión. Se quiere lavar las manos, decir lo que le da la gana y no facilitar la labor de esta comisión", ha lamentado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha pedido que las puntualizaciones que ha realizado el compareciente no formaran parte del expediente de la comisión, pero el presidente no lo ha aceptado.

OTRA CONSEJERA DECLINA DECLARAR

También ha acudido este viernes a la comisión de investigación María Esther Zubeldía Erneta, miembro del primer Consejo de Administración de Bioenergía Ultzama, que ha declinado contestar a las preguntas de los parlamentarios y ha manifestado que su presencia en el citado Consejo fue "una mera formalidad".

Al inicio de su comparecencia en la comisión, Zubeldía ha señalado que desde que se constituyó Bioenergía Ultzama en 2008, "todos los socios de la misma fuimos nombrados consejeros, sin embargo se trató de una mera formalidad, pues quien realmente llevaba a cabo la administración de la compañía era una comisión ejecutiva".

A continuación, ha explicado que renunció al Consejo de Administración en 2013. "Jamás he intervenido en la gestión de la empresa. Desconozco el procedimiento de contratación y las subvenciones otorgadas a la sociedad, por lo que nada puedo declarar al respecto", ha dicho.

Ha añadido que "en la actualidad se está tramitando un procedimiento judicial en relación con los hechos objeto de investigación" por lo que, "además de que desconozco tales hechos, me acojo a mi derecho a no declarar".

QUIÉN ENVIÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA FOTO PERSONAL DE UPN

El secretario del Ayuntamiento de Ultzama, Alfonso Araujo, ha afirmado que fue personal administrativo del Consistorio el que preparó la documentación que se envió a la comisión de investigación de la planta de biometanización de Ultzama y ha explicado que él mismo ha elaborado dos informes relativos a la presencia de fotos personales de miembros de UPN entre esa documentación.

Araujo ha explicado que él mismo acudió al Parlamento foral para entregar los 20.000 folios correspondientes a la documentación que remitió el Ayuntamiento pero ha asegurado que no sabe cuáles son las fotos personales que aparecieron entre ese material. "No sé ni qué fotografías son, nadie lo sabemos", ha explicado, a preguntas de UPN durante su comparecencia en la comisión de investigación de la planta de biometanización.

El secretario ha explicado que "es una cuestión que está abierta" y ha apuntado que "la alcaldesa inmediatamente ordenó un expediente de investigación" para aclarar por qué aparecieron estas imágenes entre la documentación. "Yo he hecho dos informes contando las cosas que pasaron y los tiene el equipo de Alcaldía. Adelantar mi conclusión no me parece correcto, sería traición al Ayuntamiento", ha apuntado.

En todo caso, ha precisado que en la preparación de la documentación "no tuvo que ver nada ni la corporación municipal ni la alcaldesa ni ningún corporativo". El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha adelantado que solicitará que los informes elaborados por el secretario se incorporen a la comisión.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: "LA CONTRATACIÓN POR SUPUESTO QUE FUE LEGAL"

Alfonso Araujo Guardamino, ha afirmado que el proceso de concesión de la planta de biometanización de Ultzama "por supuesto que se ajustó a la legalidad" y ha asegurado que "se respetaron" los principios previstos en estos procedimientos, como los de transparencia o no discriminación.

Del mismo modo, ha considerado que en la adjudicación de la obra "se hicieron las cosas bien, había una mesa de contratación, se hizo una valoración y tomó el acuerdo toda la mesa". "Entiendo que se hicieron bien las cosas en lo que es la adjudicación de la obra", ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación de la planta de biometanización de Ultzama en el Parlamento de Navarra.

Además, el secretario del Ayuntamiento ha afirmado que es "totalmente incierto" que el proyecto de la planta no estuviera físicamente en el Ayuntamiento para que las empresas interesadas lo pudieran consultar y ha asegurado que conserva la factura de la copistería en la que se imprimió el proyecto. "La contratación pública se hace de manera normal. En el año 2008 todas las constructoras saben que tienen el proyecto en el ayuntamiento", ha asegurado.

Alfonso Araujo ha señalado que una de las funciones de los secretarios es el asesoramiento legal preceptivo, que "consiste en que cuando se nos pregunta cómo hay que hacer las cosas, hacemos un informe donde ponemos todos los pasos que hay que dar".

No obstante, ha precisado que "el control de legalidad existe en tanto en cuanto se nos diga que informemos". "Un secretario no puede informar si no se nos pregunta, un secretario no puede informar a toro pasado. La función no es ser policía, ni árbitro, ni detective. Cuando se le plantean las cosas, el secretario da su opinión, pero hay muchas cosas de las que no se entera. Al tema de la planta le dediqué lo que le podía dedicar habida cuenta de que tenía mil temas más. Hay cosas de las que no me acuerdo haber informado. Un secretario no puede estar viendo todas las actuaciones que está haciendo un alcalde", ha asegurado.

También ha abordado durante su comparecencia el proceso por el que el Ayuntamiento decidió municipalizar y ha explicado que el Consistorio "ve que hay un problema por la gestión de purines y trata de poner una solución porque considera que puede intervenir positivamente". "Fue una municipalización en régimen de no monopolio", ha matizado, para señalar que cualquier empresa podía poner en marcha otra planta similar en el valle.

Sobre el informe que él mismo realizó y en el que concluyó que existía viabilidad legal para esta municipalización, el secretario ha señalado que "cuando los juristas hacemos un informe jurídico, es como una especie de foto fija, tú tienes una información, unos supuestos de hechos, y en ese momento haces un razonamiento y llegas a una conclusión". "El problema es que las circunstancias cambias y hay información que se desconoce. Yo ratifico el informe. Si razono que hacía falta municipalizarlo, considero que procedía", ha indicado.

Sobre la intervención de la planta por parte del Ayuntamiento, ha afirmado que "el secuestro -intervención- fue una solución que hubo que tomar porque no había garantía de que la concesionaria continuara prestando el servicio como tenía que prestarlo". "Entiendo que sí fue necesario", ha señalado.

Del mismo modo, ha explicado la decisión del Ayuntamiento de finalizar esta intervención, porque "el estado en que había dejado la planta la concesionaria era muy malo y para que fuera rentable hacían falta unas inversiones muy importantes". "Si había dado unas pérdidas de más de 60.000 euros, la corporación municipal razonó que procedía finalizar el secuestro -la intervención-", ha apuntado.

Alfonso Araujo también se ha referido al informe que elaboró la Cámara de Comptos sobre la planta de biometanización y ha explicado que el órgano fiscalizador le entregó en febrero del año pasado un borrador de su informe. "Estuve con ellos hablando un día y bastantes cosas cambiaron. Y más tenían que haber cambiado", ha asegurado.

Por otro lado, ha asegurado que "no hubo ninguna promesa por parte del Gobierno" de que el Ayuntamiento de Ultzama no tendría que devolver las subvenciones que recibió por este proyecto.

Preguntado por EH Bildu sobre si el Ayuntamiento dio cobertura jurídica a la adjudicación de los proyectos después de que fueran realizados, Araujo ha señalado que "en un momento dado hay una factura que pagar y hay un planteamiento complicado". "Esa factura tiene que tener un soporte y había unas ofertas de 2007 y de alguna manera se dice que se hace un soporte y con ese soporte se paga la factura. Es evidente que eso estaba ya contratado. Es una solución extemporánea que se tenía que haber hecho en su momento y que se hizo unos meses después para justificar el pago de una factura. Lo que se hace es justificar el pago de una factura. Lo que está hecho, hecho está. No se trataba de legalizar nada", ha afirmado.


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