Se han aprobado las características de nivel, puesto de trabajo y titulación, idioma y otros requisitos específicos para cada una de las 716 jefaturas.
El Gobierno de Navarra ha aprobado, a propuesta de la consejera de Interior María José Beaumont, un decreto foral por el que se establecen los requisitos de nivel, puesto de trabajo y/o titulación, idioma y otras características específicas requeridas para optar a cada una de las 716 Jefaturas de Sección, Negociado y unidades asimiladas que se van a proveer mediante concurso de méritos.
Los requisitos han sido establecidos atendiendo a criterios técnicos y a propuesta de las unidades orgánicas de la Administración CFN Foral remitidas por las Secretarías Generales Técnicas a la Dirección General de Función Pública. El decreto aprobado este miércoles supone una modificación de la plantilla orgánica del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos para adaptar las plazas a los nuevos requerimientos.
Como se recordará, el pasado 17 de mayo, el Gobierno de Navarra aprobó un Decreto Foral por el que se regula el procedimiento para la provisión de jefaturas de Sección, Negociado y unidades asimiladas de la Administración Foral. La medida afectará a la totalidad de las jefaturas existentes en la actualidad en el ámbito de núcleo de la Administración Foral (las citadas 716). Las jefaturas se convocarán en dos procesos de concursos de méritos y en cada uno de ellos se incluirá el 50% de las jefaturas.
El nuevo sistema de evaluación incorpora los principios contemplados en el acuerdo programático del cuatripartito, tales como la valoración del mérito, capacidad, experiencia y desempeño para la asignación de responsabilidades directivas.
En este sentido, la evaluación incluirá los siguientes conceptos y puntuación: presentación del plan de actuación de la unidad (48 puntos), formación y docencia (26 puntos), servicios prestados a las Administraciones públicas (16 puntos) e informe psicotécnico del INAP (10 puntos). A esta puntuación, se añadirá la valoración por el conocimiento de idiomas de conformidad con la normativa en vigor. El personal adscrito a la unidad podrá participar en el procedimiento de provisión de las jefaturas. Además, el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) intervendrá en la evaluación de las y los candidatos.
El nombramiento tendrá una duración de seis años naturales. Las personas designadas deberán superar una evaluación al año y a los tres años de acceder al puesto.
ASÍ FUNCIONA EL NUEVO PROCEDIMIENTO
La presentación de un plan de actuación de la unidad constituye el apartado más importante. Esta prueba tendrá una puntuación máxima de 48 puntos y será de carácter eliminatorio; es decir, las y los aspirantes deberán obtener como mínimo 24 puntos para superarla.
Un tribunal de tres personas será el encargado de valorar el plan. Estará formado por un presidente (un superior jerárquico de la jefatura objeto de provisión), un vocal (un representante de la Comisión de Personal del ámbito de adscripción de la jefatura propuesto por esta Comisión), y el secretario, que será el titular de la Secretaría General Técnica del Departamento o la persona en quien delegue.
El plan deberá ser expuesto y defendido oralmente por cada aspirante ante el tribunal, en un acto público al que podrá asistir el personal. Para facilitar la asistencia, el acto se realizará fuera del horario laboral ordinario.
En la valoración de este plan, se tendrá en cuenta no solo el contenido, sino también su exposición y defensa. De hecho, tanto el tribunal como el personal podrán realizar preguntas. Además, el personal de la unidad podrá elaborar un informe de cada uno de los candidatos, que será elevado al tribunal calificador.
Tras este trabajo, el concepto con mayor puntuación será el de formación y docencia, en el que se concederán un máximo de 26 puntos, repartidos en los siguientes apartados: formación especializada relacionada con el trabajo que desempeña la unidad (hasta 22 puntos) y docencia impartida en el ámbito del sector público (hasta 4 puntos).
Otros elementos presentes en la evaluación son los servicios prestados a las administraciones públicas (hasta 16 puntos) y un informe psicotécnico elaborado por el INAP (hasta 10 puntos). A esta puntuación se añadirá la valoración por el conocimiento de idiomas, de conformidad con la normativa en vigor.
