POLÍTICA

El Parlamento foral pide que se juzguen en Argentina los hechos ocurridos en los Sanfermines del 78

Todos los grupos políticos, a excepción de Navarra Suma, han instado a avanzar en la denominada "querella argentina".

La asociación 'Sanfermines 78 Gogoan' vuelve a colocar un cartel provisional en la estatua 'Gogoan' que recuerda los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978. IÑIGO ALZUGARAY
La asociación 'Sanfermines 78 Gogoan' vuelve a colocar un cartel provisional en la estatua 'Gogoan' que recuerda los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978. IÑIGO ALZUGARAY  

La plataforma 'Sanfermines 78 Gogoan' ha pedido al Parlamento foral que reclame al Gobierno español que adopte las medidas pertinentes para facilitar que el exministro Rodolfo Martín Villa pueda declarar ante una jueza argentina por la querella que investiga sus posibles responsabilidades en delitos de "genocidio o crímenes de lesa humanidad".

La petición ha sido apoyada por todos los grupos, excepto por Navarra Suma, que ha cuestionado que un juez "individual" de otro Estado diferente al de los hechos que se juzgan pueda tener competencias para juzgarlos.

La denominada "querella argentina" se interpuso en 2010 por familiares de represaliados y asociaciones memorialistas relacionadas con la Guerra Civil española, aunque hoy son más de 700 los querellantes, entre ellos la plataforma pamplonesa, que se centra en la responsabilidad de Martín Villa en los sucesos de los sanfermines de 1978, en los que el joven Germán Rodríguez murió tiroteado por la policía.

Tras varios intentos y solicitudes de declaración, que el propio acusado ha dicho estar dispuesto a atender, estaba prevista su toma de declaración el próximo 20 de marzo en la embajada argentina en Madrid, pero de nuevo se ha aplazado al entender la justicia española que es necesario un "exhorto internacional" para este acto.

Estas "zancadillas" han sido muy criticadas por los portavoces de la plataforma en su comparecencia en la Cámara foral, cuyo apoyo han considerado "muy importante" para "romper la dinámica de la amnesia" sobre aquella época, ya que tampoco la pretensión es que Martín Villa sea encarcelado a su edad "sino que se determine su responsabilidad, y eso solo se puede hacer en un juicio justo".

Así lo ha señalado Ramón Cotreras, quien ha valorado que la tramitación de esta querella es "una brecha en el muro de impunidad del franquismo" y "la única vía judicial abierta en estos momentos que investiga e intenta juzgar unos sucesos gravísimos", para cuyo esclarecimiento la justicia y el Gobierno español han ido poniendo "trabas".

"La impunidad no puede ser fundamento de nada, de una sociedad de valores y democrática. El rearme democrático que tiene pendiente nuestra sociedad debe hacerse en base a los Derechos Humanos, y por eso es importante que el Parlamento foral no esté de espaldas a esta situación", ha pedido.

También por la plataforma Sabino Cuadra ha lamentado que, cuando algunos han calificado la transición como un proceso "modélico", se haya "silenciado la otra cara", como lo demuestra que durante el mandato de Martín Villa como ministro del Interior "en tres años murieron más personas por balas policiales que los 30 años anteriores".

Ha destacado que por sus actuaciones recibió diversas condecoraciones públicas, que ha pedido que ahora se le retiren.

En el turno de los grupos, Iñaki Iriarte (Navarra Suma) ha sido el único discrepante ya que, aunque ha calificado de "inaceptables" los sucesos de 1978 en Pamplona por parte de la policía, ha rechazado el "vandalismo" de los grupos abertzales y de extrema izquierda, si bien sí ha abogado por la desclasificación de "todos los documentos" de aquella época.

En cualquier caso, ha rechazado la petición principal de la plataforma de los sanfermines, al dudar de que una jueza argentina tenga "legitimidad" para juzgar en hechos en los que no es delegado del estado soberano de España.

El resto de los grupos sí ha mostrado su apoyo a los comparecientes, con una Bakartxo Ruiz (EH Bildu) que ha considerado que este Parlamento tiene "la obligación política" de pedir al Gobierno español esta declaración.

El socialista Jorge Aguirre ha mostrado su "apoyo político al camino emprendido" en este caso, aunque sí ha defendido el proceso de la transición política española tal y como sucedió.

Por Geroa Bai, Jabi Arakama también ha apoyado la petición y ha considerado que "debería ser motivo de bochorno para la justicia española ver que están en Argentina las únicas posibilidades de luchar contra el silencio y la impunidad".

Ainhoa Aznarez (Podemos) también ha rechazado que "se pongan trabas burocráticas" a una declaración que se hará "con todas las garantías del estado de derecho" y a la que el mismo afectado está dispuesto a acceder. 


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