El PPN ha rechazado un punto sobre que las personas navarras presas puedan cumplir condena en cárceles de la Comunidad foral.
La comisión parlamentaria de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha aprobado una moción que insta al Gobierno de Navarra a reforzar el apoyo a las personas presas navarras encarceladas en el extranjero que se encuentren en situación de "especial necesidad".
La iniciativa, que pide también el establecimiento de marcos de colaboración con asociaciones humanitarias, había sido presentada por todos los grupos de la Cámara salvo el PP, que ha dado su apoyo a una parte del texto.
En la resolución se emplaza al Gobierno Foral a "reforzar el apoyo a las personas presas navarras encarceladas en el extranjero que se encuentren en situación de especial necesidad por padecer malas condiciones higiénicas, falta de información, asesoramiento jurídico, intérprete o por contar con una precaria atención médica en el régimen de privación de libertad".
También se plantea "establecer marcos de colaboración, como ya han hecho otras comunidades autónomas, con asociaciones humanitarias cuya labor viene siendo reconocida como fundamental para el tratamiento y asistencia de este colectivo".
En un segundo epígrafe, el Parlamento de Navarra solicita al Ejecutivo foral que emplace al Gobierno de España a cumplir las recomendaciones consignadas en el último informe de la Defensora del Pueblo relativo a la situación de los presos españoles en el extranjero.
Y en este sentido, se propone adaptar la normativa vigente a la "situación presente de incremento del número de españoles detenidos y presos en el extranjero", dado que las instrucciones que se recogen "son insuficientes para atender las necesidades actuales".
También se apuesta por "desarrollar reglamentariamente los supuestos en los que la ciudadanía española residente en el exterior que carezca de recursos económicos pueda acceder a la asistencia jurídica gratuita".
Además, se aboga por "reforzar los medios personales y materiales en las demarcaciones consulares que albergan a un mayor número de personas presas" y por "regular la obligatoriedad de informar cada cuatro meses, por parte de las autoridades consulares, a la Dirección General de Españoles en el Exterior sobre la situación de los españoles condenados a muerte o que sufren cadena perpetua, dada su situación de especial vulnerabilidad".
Igualmente, se pide "establecer mecanismos de ayudas para aquellos ciudadanos españoles en régimen de libertad condicional o libertad provisional en los países de condena y que no pueden salir de ese territorio mientras tengan responsabilidades penales pendientes".
Otra de las medidas incluidas en la resolución es "mejorar los canales de comunicación existentes entre los familiares y las autoridades consulares, teniendo en cuenta que la única información de la que disponen muchas familias es la que les llega a través de los consulados".
La moción también plantea "continuar los esfuerzos para reducir los tiempos medios de tramitación de la ejecución de los expedientes de traslado, una vez que estos han sido aprobados por las autoridades del país del Estado de condena y del Estado receptor".
Asimismo, se emplaza a elaborar un listado actualizado de los ciudadanos españoles que cumplen condena en países de la Unión Europea, con el fin de "cumplir urgentemente" la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
En un último punto, donde el PP ha votado en contra, se insta al Gobierno de Navarra a "dirigirse al Gobierno central para que lleve a cabo las acciones oportunas con el fin de que las personas presas navarras puedan cumplir el resto de la condena en prisiones de nuestro país y, preferentemente, dentro de la Comunidad Foral".
Al respecto el popular Javier García ha indicado que el texto "no está definido como debería" y su partido no quiere que esta moción "sirva para dar alas a según qué tipos de partidos para hacer peticiones que no compartimos".
