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El Parlamento foral reclama al Gobierno español reformar la Ley del Menor para casos de extranjeros

El cuatripartito y PSN reclaman que no se realicen pruebas de edad a adolescentes con documentación y pide una tutela de todos los menores en desamparo.

Imagen de un menor de edad esposado y detenido por agentes de la policía. ARCHIVO
Imagen de un menor de edad esposado y detenido por agentes de la policía. ARCHIVO  

La Comisión de Convivencia del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una resolución que insta al Gobierno de España a reformar la Ley de Protección Jurídica del Menor para que ningún niño o adolescente con documentación acreditativa sea sometido a un procedimiento de determinación de edad por la Ley de Extranjería.

La moción, aprobada con los votos a favor del cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E) y los votos en contra de UPN y PPN, exhorta además al Ejecutivo a reformar el Reglamento de Extranjería (artículo 190), a fin de garantizar la asistencia de un letrado con formación específica a menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan a territorio español.

Un tercer apartado emplaza al Gobierno a derogar el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados y a elaborar uno nuevo que coordine las actuaciones de todas las administraciones para garantizar los derechos de los menores de acuerdo con la legislación nacional y la Convención de Naciones Unidas.

Asimismo conmina al Gobierno a "cumplir estrictamente con la reseña y registro de todos los niños y niñas que accedan al territorio nacional, independientemente de que haya dudas o no sobre su edad y de la documentación que porten".

Se le pide también que se garantice la tutela de todos los menores en desamparo y que se reforme la normativa de Extranjería para la concesión automática del permiso de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor y asegurar la autorización a los mayores de 16 años para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.

La resolución solicita al Gobierno que promueva los traslados a la península de menores no acompañados que se encuentran en Ceuta y Melilla, siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados.

Además, se requiere al Ejecutivo que "promueva programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos menores una vez alcanzada la mayoría de edad, incluyendo la garantía de acceso a la atención sanitaria, a los programas de garantía juvenil y a la formación para el empleo.

Por otra parte se reclama una refuerzo de las políticas de reasentamiento y reubicación para acoger a los menores solicitantes de asilo.


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