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Una nueva ley foral ve incompatible ser investigado por corrupción con la confianza ciudadana

En la comisión de este martes se han aprobado también por unanimidad los dictámenes de la leyes del Defensor del Pueblo.

Intercambio de dinero en metálico entre dos personas. ARCHIVO
Intercambio de dinero en metálico entre dos personas. ARCHIVO  

La comisión de Régimen Foral ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley por el que se modifica la ley del Gobierno de Navarra y de su Presidente, que ve incompatible la figura de investigado por corrupción con la confianza ciudadana.

La comisión ha aprobado también por unanimidad los dictámenes de la leyes del Defensor del Pueblo, y de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración.

Se trata de tres leyes "de mayoría absoluta" que complementan las disposiciones de la nueva Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que será dictaminada este miércoles en la Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.

La modificación introducida en Ley Foral del Defensor del Pueblo se traduce en una "ampliación" de sus funciones en relación con las quejas por falta de transparencia en las Administraciones Públicas de Navarra.

En este sentido, se establece que sin perjuicio de la reclamación que pudiera interponerse ante el Consejo de Transparencia de Navarra contra las resoluciones de los órganos de la Administración Pública que impidan o limiten el ejercicio del derecho ciudadano al acceso a la información pública, podrá dirigirse también una queja al Defensor del Pueblo de Navarra.

En la Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente, se añade un nuevo título dedicado a la ética y la transparencia en la acción de Gobierno. En él, se establece que la actuación de los miembros del Ejecutivo Foral y de los altos cargos de la Administración Pública estará presidida por el interés general y la transparencia en su gestión.

De esta forma, se regula el deber de "abstención de toda actividad privada cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las responsabilidades públicas contraídas, cuestión que se hace extensiva a los altos cargos de la Administración Pública".

Además, se subraya que "la permanencia en el cargo en la situación procesal de investigado por la presunta comisión de los delitos de corrupción resulta incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía" y "con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".

En lo referente a la Ley Foral de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Foral, se modifica el régimen sancionador establecido.

Así, las infracciones muy graves, penadas con una multa de entre 600 y 6.000 euros, y las muy graves, que podrán ser causa de cese del cargo, serán castigadas con la declaración de incumplimiento de esta Ley Foral, cuestión que será objeto de publicación en el BON. 


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