• jueves, 05 de agosto de 2021
  • Actualizado 18:37

 

 
 

EMPRESAS

El Gobierno apruebe la ley contra la deslocalización: "Lanza el mensaje de que no queremos multinacionales"

Solo Navarra Suma ha votado en contra de una ley foral que, impulsado por Bildu, ha contado con el apoyo de los partidos de Gobierno.

Rueda de prensa del comité de empresa la planta de Siemens Gamesa por el cierre de la fábrica de Aoiz. PABLO LASAOSA
Rueda de prensa del comité de empresa la planta de Siemens Gamesa por el cierre de la fábrica de Aoiz. PABLO LASAOSA

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial, que incluye cautelas para preservar el objeto de las subvenciones del sector público, supeditadas a un compromiso con el desarrollo económico y social.

La iniciativa, impulsada por EH Bildu y apoyada además por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, que ha contado con la abstención de I-E y el rechazo de NA+, busca "hacer frente a los procesos de deslocalización garantizando que las subvenciones que reciben las empresas desde el sector público de la Comunidad Foral sean para realizar una aportación económica y social al desarrollo de la misma".

La Ley se aplicará a las empresas con centro de trabajo en Navarra y a las fundaciones y asociaciones que, habiendo obtenido también ayudas del Gobierno, operan en el ámbito empresarial.

Las obligaciones y las limitaciones de las empresas que perciben ayudas se vinculan a la asunción del compromiso de no incurrir en deslocalización, imperativo que el Gobierno deberá recabar mediante su inclusión entre el contenido mínimo de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

De producirse, la declaración de deslocalización empresarial, que podrá iniciarse en el plazo de los cuatro años siguientes a su consumación, se realizará por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de Desarrollo Económico y Empresarial.

La declaración de deslocalización empresarial supondrá la obligación de proceder al reintegro de las subvenciones percibidas en los últimos ocho años -con un recargo del 20 %-, más el interés de demora devengado desde la fecha de recepción de cada cantidad. El Gobierno determinará reglamentariamente el procedimiento de abono.

Por tanto, se reduce de 10 a 8 años el alcance de la reclamación y se sustituye la imposibilidad de presentarse a nuevas subvenciones durante 10 años por el desembolso de un recargo que "casa mejor con los objetivos en materia de arraigo y deslocalización".

Lo dispuesto en la Ley tendrá retroactividad en su aplicación a las ayudas públicas, siempre que "la deslocalización se produzca a partir de la entrada en vigor de esta norma y no hayan transcurrido ocho años desde la concesión de la subvención".

El recargo, sin embargo, "sólo se podrá repercutir a las subvenciones que se concedan a partir de la entrada en vigor de la Ley".

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han aprobado seis enmiendas in voce suscritas por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, entre ellas la que recupera el artículo cuatro suprimido en Comisión y en el que se concreta el concepto y las circunstancias que deben concurrir para hablar de deslocalización, objeto primordial de esta Ley. Con el respaldo añadido de I-E, sólo Navarra Suma ha votado en contra.

"INNECESARIA"

En su debate, por el PSN, Ainhoa Unzu, ha defendido el "paraguas" que supone esta propuesta para el "nada alocado" objetivo de que las empresas devuelvan el dinero público de Navarra percibido en forma de ayudas si hay deslocalizaciones, que ha negado que se trate de un "castigo", al tiempo que ha defendido el resultado de la propuesta respecto al muy enmendado texto inicial de EH Bildu.

También el portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha defendido una ley que no existe a nivel estatal y que hubiera aportado soluciones a casos recientes en Navarra como los de Gamesa y Trenasa y ha respaldado las modificaciones en una propuesta que "nos sitúa en la tierra", ha dicho a EH Bildu, al que ha recomendado que "cuando se parte de cero, todo es mucho", de forma que mejor es tener esta ley que se les ha modificado que ninguna.

Lo ha reconocido la portavoz de la coalición abertzale, Arantxa Izurdiaga, tras discrepar de la "sustancial modificación" de algunos aspectos planteados originalmente, pero que ha anunciado su apoyo por pensar que pese a sus limitaciones esta ley "supone un paso adelante" para frenar además la "precariedad laboral y contaminación" que las multinacionales practican con la deslocalización.

Mikel Buil (Podemos) ha considerado "un éxito" esta pionera ley navarra, que "va en el buen camino" en cuestiones como "ayudar a dirigir mejor la rentabilidad social del dinero público".

La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha justificado su abstención por haber quedado la ley "descafeinada" pero "mejor es esto que nada", aunque ha incidido en el "benévolo exagerado" de su planteamiento.

En el turno en contra, Carlos Pérez Nievas (NA+) ha lamentado la "chapuza jurídica" de esta ley que, además, es "absolutamente innecesaria" por entender que ya se recoge su objetivo en la actual ley foral de Subvenciones, por lo que ha considerado que es "un lavado cara para que los señores EH Bildu traten de dar la imagen que están democratizados".

Así, y tras cuestionar a la izquierda abertzale la "deslocalización" a la que obligó ETA a los empresarios vascos o el efecto deslocalizador de episodios de violencia en algunos pueblos de Navarra como Alsasua, ha alertado de que esta ley "tiene efectos no deseados en la tracción de empresas" y "lanza a Europa y al mundo el mensaje de que no queremos empresas multinacionales". 


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