POLÍTICA

El Gobierno de Barkos se lava las manos ante el reconocimiento a terroristas durante su acto institucional

Se excusa alegando que no hubo "mención a personas concretas", a pesar de la lectura de un documento suscrito por al menos 6 familias de terroristas.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, en el homenaje a víctimas de 'motivación política'. GOBIERNO DE NAVARRA
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, en el homenaje a víctimas de 'motivación política'. GOBIERNO DE NAVARRA  

El Gobierno de Navarra insiste en su empeño por blanquear el homenaje institucional con el que ha rendido tributo a varios terroristas y asegura que no ha organizado "ningún acto de homenaje que incluía a miembros de ETA", a pesar de la lectura de un documento suscrito por al menos 6 familias de fallecidos pertenecientes a organizaciones de terrorismo.

En un comunicado hecho público este domingo, el Ejecutivo de Uxue Barkos remarca que "no va a permitir que se distorsione ni manipule" el sentido del acto institucional que ha acabado honrando a un terrorista abertzale y ha incluido la lectura de una declaración firmada por al menos tres familias de etarras.

El Ejecutivo presidido por Uxue Barkos trata de defenderse así de las críticas recibidas tras incluir entre los homenajeados al terrorista abertzale José Miguel Etxeberria 'Naparra', líder de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Etxeberria desapreció en 1980, año en el que la organización que encabezaba había acumulado 9 asesinatos. El Batallón Vasco Español se atribuyó su desaparición.

LECTURA DE UNA DECLARACIÓN SUSCRITA POR TRES FAMILIAS DE ETARRAS

Durante el acto el hermano de 'Naparra', Eneko Etxeberria, ha leído una declaración suscrita por un total de 13 familias, entre las que se encuentran al menos tres familias de etarras fallecidos: Mikel Castillo Furtado, Ángel Gurmindo Lizarraga y Iosu Zabala Salegi.

Asimismo, entre los firmantes figuran otros familiares de terroristas liberados de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, además del propio 'Naparra', como Rafael Delas Aizkorbe y José María Izura Sanz. También firman la declaración las familias de Sara Fernández Esparza, que falleció en un accidente de coche al ir a visitar a un etarra, y Unai Salanueva Beldarrain, que se suicidó cuando debía ingresar en la cárcel de Pamplona.

LA EXCUSA DEL GOBIERNO: "NO SE MENCIONÓ A NINGUNA PERSONA EN CONCRETO"

Sin hacer referencia a este comunicado leído durante el acto institucional, el Gobierno foral se escuda alegando que "en ningún momento del acto se hizo mención expresa a ninguna persona concreta". Según mantiene el Ejecutivo del cuatripartito, el homenaje "se inscribe en un contexto legal, avalado por el Tribunal Constitucional, como un acto de reparación y reconocimiento genérico y simbólico".

Desde el Gobierno precisan que han organizado este polémico acto que para dar cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 16/2015, conocida como 'ley de víctimas de la Policía'.

Este ley aprobada por el cuatripartito se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional. Sobre esta norma, sólo se ha levantado la suspensión en lo referente al programa anual de Educación para la Paz y los Derechos Humanos y en los reconocimientos institucionales, como el que ha podido llevarse a cabo a pesar de las denuncias interpuestas en contra de su celebración tanto ante la Audiencia Nacional como en los juzgados navarros. Ninguna sala se ha considerado con competencia para suspender el acto.

EN NOMBRE DE LA "DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS"

Esta ley fijaba la naturaleza de este acto como "genérico y simbólico", y el Gobierno asegura que este simbolismo y carácter genérico se ha mantenido en el homenaje celebrado por el Gobierno de Navarra, en colaboración con el Parlamento de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos".

"Pero además, la organización del acto se inscribe en el deber ético que toda sociedad democrática tiene a la hora de respetar el marco internacional de defensa de los Derechos Humanos, tal y como quedo de manifiesto en todo el acto que se cerró con una declaración institucional de Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Federación Navarra de Municipios y Concejos en donde se expresaba el compromiso de las instituciones navarras en la defensa de los derechos humanos y el rechazo a todo tipo de violencia", zanja el Ejecutivo.


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