POLÍTICA

La oposición y el cuatripartito se enfrentan en el Parlamento por el juicio a los agresores de Alsasua

Los cuatro partidos que sustentan el Gobierno foral se han unido para defender su presencia en la manifestación de este sábado.

Los portavoces de los partidos del cuatripartito respaldan la presencia del Gobierno foral en la manifestación a favor de los detenidos por la agresión de Alsasua. IÑIGO ALZUGARAY
Los portavoces de los partidos del cuatripartito respaldan la presencia del Gobierno foral en la manifestación a favor de los detenidos por la agresión de Alsasua. IÑIGO ALZUGARAY

El proceso judicial por la agresión que dos guardias civiles y su parejas sufrieron de madrugada en un bar de Alsasua en octubre de 2016 ha dividido al Parlamento de Navarra y ha enfrentado a la oposición con el Gobierno del cuatripartito.

Este pasado miércoles el Ejecutivo foral anunció su presencia este sábado en una manifestación de apoyo a los ocho procesados en defensa del principio de "proporcionalidad", que consideró que no se ha respetado cuando tres de ellos llevan más de 500 días en prisión preventiva.

Ya el lunes, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, el cuatripartito que sustenta al Gobierno, aprobaban una resolución en el Parlamento que anima a la ciudadanía a participar este sábado en la manifestación, llamamiento que este jueves han repetido para reclamar "justicia" por unos hechos que "no son terrorismo" como dice la fiscalía.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que es "un tremendo error que el Gobierno, que representa a todos los navarros, se posicione públicamente y ejerza una presión injustificable a la justicia", que al final "dictará una sentencia que gustará más o menos pero que habrá que respetar".

"Y el llamamiento del cuatripartito otro error", ha dicho, y reprochado que para estos partidos "la justicia solo es válida si dice lo que ellos quieren", punto en el que ha criticado que "EH Bildu hable de "libertad, democracia y derechos" e indicado a estas formaciones que "se deberían quedar al margen y dejar a la justicia actuar", por lo que se ha negado a decir si para él lo sucedido fue o no un acto de terrorismo.

Desde el PSN, la secretaria general María Chivite ha considerado que la posición del Gobierno en este asunto está "muy alejada de lo institucional" y refleja además cuáles son sus "preferencias y sus "intereses", ya que "no se la ha visto a favor de las manifestaciones por unas pensiones dignas".

También la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha cuestionado al Ejecutivo foral, del que ha comentado que "cada vez tiene más similitudes con Cataluña, con Puigdemont y el resto de consejeros, en contra de las decisiones judiciales".

"Esto es lo que está haciendo, no respetar la división de poderes, presiones, algo indigno en un Gobierno, y ponerse del lado de los agresores en lugar del lado de los amenazados", ha concluido.

EL CUATRIPARTITO SE DEFIENDE

Por el contrario para el cuatripartito la prisión preventiva de más de 500 días "es un ataque a la justicia y la democracia", ha dicho Koldo Martínez, de Geroa Bai, que ha pedido para los ocho jóvenes "un juicio justo porque nada de lo que ocurrió aquella noche tiene nada que ver con el terrorismo".

Adolfo Araiiz, por EH Bildu, ha puesto en valor la declaración institucional aprobada por el Parlamento apelando a la sociedad para que "sea consciente" y reivindique el lema de la manifestación: "Justicia. No es terrorismo".

Por Podemos, Laura Pérez, ha subrayado que "Navarra se tiene que plantar" y pedir "justicia, proporcionalidad, derecho de defensa y a un juicio justo y con todas las garantías. Que se tenga un mínimo de raciocinio y se deje de experimentar con personas tan jóvenes que pretenden vivir en libertad" y que no se "criminalice a todo un pueblo".

En la misma línea la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha sostenido que "corresponde pedir un juicio justo, sin obviar las acciones cometidas, reprobables", pero el "procedimiento judicial y político es desproporcionado e injustificado" en la calificación y la petición de 375 años de cárcel, por lo que ha urgido a modificar el código penal "que está amparando este despropósito".


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