• sábado, 25 de septiembre de 2021
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POLÍTICA

Del Burgo pide a los obispos una rectificación sobre su apoyo a los indultos de los golpistas

El expolítico navarra ha remitido una carta abierta a la Conferencia Espiscopal Española para que reconsideren su postura sobre el caso en concreto. 

(I-D) El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Raül Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia y ex portavoz de la Generalitat Jordi Turull (JxCat), el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn (PDeCAT), el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, el exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad Josep Rull (JxCat) y el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, posan una bandera de la estelada y un cartel en el que se lee: `Freedom For Catalonia´, tras salir de la prisión de LLedoners, un día después de ser indultado por el Gobierno de España, a 23 de junio de 2021, en San Juan de Torruella, Barcelona, Catalunya (España). La salida tiene lugar después de que la sala del Tribunal Supremo que juzgó el 'procés' independentista en Cataluña haya remitido hoy nueve mandamientos a las cárceles donde cumplen condena los líderes independentistas que han sido indultados, por el Ejecutivo nacional en Consejo de Ministros, para que se proceda a su inmediata libertad y la publicación de los decretos de indulto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
Kike Rincón / Europa Press
Los golpistas del procés tras salir de la prisión de LLedoners, un día después de ser indultado por el Gobierno de España. Kike Rincón / Europa Press

El expresidente navarro y exdirigente del PP Jaime Ignacio Del Burgo ha pedido en una carta abierta a la Conferencia Episcopal Española que reconsidere su posición sobre los indultos a los dirigentes independentistas catalanes al entender que fue "una decisión adoptada con precipitación y sin una reflexión profunda".

Del Burgo, que ha sido presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de 2002 a 2004, muestra en la carta su "más enérgica protesta" por la actitud en relación a los indultos tanto de la Conferencia Episcopal Tarraconense como de la Conferencia Episcopal Española, "alineándose con el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que invoca un falso espíritu de diálogo y de concordia".

La concesión de los indultos "no es el comienzo de un nuevo período de concordia sino el inicio de un estado de sedición permanente de consecuencias imprevisibles para el mantenimiento de la paz y de la libertad en España", asegura en la misiva, dirigida al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

En este sentido, denuncia que desde el Gobierno "se invoca la concordia para pactar con quienes han pretendido romper los pilares de la convivencia mediante un golpe de estado que afortunadamente no consiguió su propósito de separar a Cataluña de España y de proclamar la República catalana soberana e independiente".

"Es más que discutible que la Conferencia Episcopal, en nombre de la Iglesia Católica de España, tenga como misión evangélica inmiscuirse en un asunto político de una gravedad extrema con una declaración que nos señala con el dedo, como enemigos de la paz y la concordia, a cuantos católicos rechazamos la deriva de un Gobierno que siembra la discordia al indultar a los independentistas que delinquieron y negociar con ellos nada menos que la construcción de un nuevo país", afirma.

Tras resaltar que en España "ya no se queman iglesias, por fortuna, como ocurrió en el pasado", Del Burgo recuerda que "la Iglesia sufre el acoso permanente de grupos políticos que no son meramente marginales porque se sientan en el consejo de ministros".

Por eso, agrega, "es una grave irresponsabilidad que sea nada menos que la Conferencia Episcopal Española la que con su bendición se sume a decisiones que nos llevan inexorablemente al desencuentro y la discordia y que dan lugar a la creación de bloques irreconciliables".

La Conferencia Episcopal española, insiste, "se ha pronunciado en una cuestión temporal apoyando una determinada opción política discutible y discutida, provocando mayor división y discordia entre los propios católicos".

Por todo ello, concluye, "con el mayor respeto le suplico convoque a la Asamblea de la Conferencia Episcopal de España para rectificar una decisión adoptada con precipitación y sin una reflexión profunda". 

CARTA COMPLETA DE JAIME IGNACIO DEL BURGO

Eminencia:

Con harto dolor, pero como miembro de la Iglesia, debo expresar mi más enérgica protesta por el respaldo tanto de la Conferencia Episcopal Tarraconense como de la Conferencia Episcopal Española a los indultos concedidos por el Gobierno de la nación a los independentistas catalanes condenados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos por el Tribunal Supremo, alineándose con el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que invoca un falso espíritu de diálogo y de concordia, con la finalidad de llevar a cabo “su” propuesta de “dar paso a un nuevo proyecto de país” en el que Cataluña “esté al frente de España”. 

La concesión de los indultos, considerados como contrarios a la Ley por el Tribunal Supremo y la Fiscalía del Alto Tribunal, no es el comienzo de un nuevo período de concordia sino el inicio de un estado de sedición permanente de consecuencias imprevisibles para el mantenimiento de la paz y de la libertad en España. El afán de concordia y el consenso, no de dos bandos enfrentados sino de la mayoría ingente de la sociedad española representada por unas Cortes elegidas por vez primera en España por sufragio universal libre y democrático, alumbró la primera Constitución en la que el pueblo español, titular de la soberanía nacional, expresó su voluntad en referéndum. Ahora se invoca la concordia para pactar con quienes han pretendido romper los pilares de la convivencia mediante un golpe de estado que afortunadamente no consiguió su propósito de separar a Cataluña de España y de proclamar la República catalana soberana e independiente.   

Es más que discutible que la Conferencia Episcopal, en nombre de la Iglesia Católica de España, tenga como misión evangélica inmiscuirse en un asunto político de una gravedad extrema con una declaración que nos señala con el dedo, como enemigos de la paz y la concordia, a cuantos católicos rechazamos la deriva de un Gobierno que siembra la discordia al indultar a los independentistas que delinquieron y negociar con ellos nada menos que la construcción de un nuevo país. No estamos en el momento cero de la democracia. Y sostener esto no significa inmovilismo alguno. La Constitución prevé la posibilidad de su reforma, pero siempre que se cumplan los trámites previstos en ella. El diálogo y el consenso para una hipotética reforma está en las Cortes Generales y no en mesas de negociación con los comisionados de una facción catalanista que se atribuye la representación de todo el pueblo catalán y que no se recata en decir que lo único que pretende es poner fecha a un referéndum decisorio previo reconocimiento del derecho de autodeterminación.

El Concilio Vaticano II nos enseñó que “el Señor Jesús, ‘a quien el Padre santificó y envió al mundo’, hace partícipe a todo su Cuerpo místico de la unción del Espíritu con que Él está ungido: puesto que en Él todos los fieles se constituyen en sacerdocio santo y real […] No hay, pues, miembro alguno que no tenga su cometido en la misión de todo el Cuerpo”. Y la Constitución dogmática Lumen gentium aprobada en el Concilio Vaticano establece que a "a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios". 

De modo que una cosa es que los pastores de la Iglesia insten a los católicos a actuar conforme a los valores cristianos de respeto a la dignidad de la persona humana y a los derechos y libertades fundamentales con la mirada siempre puesta en la consecución de un mundo más justo y más humano, y otra bien distinta es que esos mismos pastores abandonen su misión pastoral para entrometerse en cuestiones políticas que el Señor dejó al libre arbitrio de los hombres y, mucho menos, para bendecir decisiones que muchos consideramos, por respeto a nuestro régimen político plenamente democrático, que son un atentado contra la convivencia. 

El diálogo y la concordia que se predican desde el Gobierno de la nación, pretende además crear un nuevo modelo de país donde hay muy poco espacio para los valores cristianos. Ya conocemos un anticipo de lo que puede suponer esa propuesta de nuevo país, de nueva sociedad o de nueva normalidad. Basta con analizar la proliferación legislativa impulsada por el presidente Sánchez en estos dos últimos años, donde se impone un pensamiento único en materias muy sensibles como el derecho a la vida, la imposición de la ideología de género, la libertad de educación y otros derechos y libertades fundamentales tenazmente defendidos por la Conferencia Episcopal. Ya no se queman iglesias, por fortuna, como ocurrió en el pasado. Pero la Iglesia sufre el acoso permanente de grupos políticos que no son meramente marginales porque se sientan en el consejo de ministros. Nadie ha pedido perdón a la Iglesia por el genocidio perpetrado durante la guerra civil mediante el asesinato de unos ocho mil sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, junto a miles de católicos, por el mero hecho de serlo, en nombre de la revolución social y de una falsa democracia de la que se sienten orgullosos los sembradores de la discordia a través de la imposición de un relato sectario de la Memoria histórica, que parece destinado a resucitar el fantasma de las dos Españas. La Conferencia Tarraconense sabe que todos los templos catalanes fueron incendiados y saqueados en aquel trágico periodo de nuestra historia. También hubo crímenes atroces en el otro bando. Pero la Iglesia sí pidió perdón por los miles de españoles asesinados por quienes se mancharon las manos de sangre invocando el nombre del Señor. Pues bien, todos creíamos que aquel pasado tenebroso, aquel clamoroso fracaso de la convivencia entre los españoles había sido enterrado para siempre el día en que el pueblo español refrendó por amplísima mayoría la Constitución de 1978, llamada con toda justicia de la Libertad y la Concordia.

Por eso es una grave irresponsabilidad que sea nada menos que la Conferencia Episcopal Española la que con su bendición se sume a decisiones que nos llevan inexorablemente al desencuentro y la discordia y que dan lugar a la creación de bloques irreconciliables. 

La Conferencia Episcopal española se ha pronunciado en una cuestión temporal apoyando una determinada opción política discutible y discutida, provocando mayor división y discordia entre los propios católicos.

No represento a nada ni a nadie, por lo que asumo la responsabilidad de todo cuanto acabo de exponer. Me he referido a la Transición porque tuve el honor de representar a Navarra como senador en las Cortes constituyentes, razón por la que puedo hablar con conocimiento de causa de sucesos que viví en persona por lo que nadie me ha contado lo que ocurrió. Como católico y porque soy miembro de la Iglesia siento la obligación en conciencia de transmitir estas reflexiones a quien por muy elevada que sea su autoridad eclesiástica tomó una decisión que supone la entrada de capelos y mitras en la arena política para sumarse a una de las opciones políticas en liza, otorgándole una superioridad moral de la que carece. ¡Qué error! ¡Qué gran error! El daño ya está hecho, pero de sabios es rectificar y de humildes reconocer el error.

Por todo ello con el mayor respeto le suplico convoque a la Asamblea de la Conferencia Episcopal de España para rectificar una decisión adoptada con precipitación y sin una reflexión profunda.


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