• sábado, 24 de julio de 2021
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POLÍTICA

Así urdió Ayerdi su 'trampa' contra UPN que le ha devorado ahora a él: investigado por corrupción pero no dimite

El consejero del PNV en el Gobierno de María Chivite se niega a dejar su puesto a pesar de que el Tribunal Supremo le investiga por corrupción. 

Lourdes Goicoechea y Yolanda Barcina en el pleno en el que se votaron las conclusiones de la comisión de investigación. A la derecha, Manu Ayerdi y Uxue Barkos, cuando fraguaron la ley que va a terminar con la dimisión de Ayerdi. ARCHIVO
Lourdes Goicoechea y Yolanda Barcina en el pleno en el que se votaron las conclusiones de la comisión de investigación. A la derecha, Manu Ayerdi y Uxue Barkos, cuando fraguaron la ley que va a terminar con la dimisión de Ayerdi. ARCHIVO

Cazado por su propia trampa. Manu Ayerdi pergeñó desde el Gobierno con Uxue Barkos una ley con la que pensaba seguir utilizando sus malas artes para tumbar a rivales políticos, pero ha terminado siendo devorado por su mala fe

El consejero del PNV en el Gobierno de María Chivite tiene que dimitir tras la querella de UPN y el auto del Tribunal Supremo conocido el 14 de diciembre que le investiga por corrupción por los delitos de prevaricación y malversación de 2,6 millones de euros de dinero público para entregárselo a Davalor Salud como inversión "por una corazonada", según reconoció el propio consejero.

A pesar de que han pasado ya tres semanas desde que se conoció la resolución judicial, ni Ayerdi dimite ni Chivite le cesa, incumpliendo así la ley que el Gobierno de Barkos y Ayerdi aprobaron para intentar prolongar sus persecuciones políticas contra UPN. 

La historia comienza en febrero de 2014, cuando Manu Ayerdi orquestó todo un ataque personal y político contra Lourdes Goicoechea, consejera de UPN en el Ejecutivo de Yolanda Barcina.

La acusación de Ayerdi fue acompañada de una comisión de investigación que tuvo que cerrar sus conclusiones escondida en un almacén del Parlamento foral para tratar de concluir que había existido "corrupción" por la gestión de Goicochea, acusada por una directora general despechada de favorecer a empresas para retrasar el pago del IVA

Lo cierto de todo aquel asunto fue que no hubo caso, que el asunto no traspasó las puertas del circo de la comisión montada por Ayerdi y que el tema no mereció ningún reproche de la justicia, que por supuesto ni investigó ni consideró absolutamente nada ilegal

Fue entonces cuando Ayerdi entendió que con la mera insinuación de la existencia de corrupción podía tumbar gobiernos y llegar él al poder, algo que ocurrió en 2015, en unas elecciones marcadas por el acoso de la oposición al último Ejecutivo de UPN y la rendición de los medios de comunicación de Navarra a esa misma propaganda. 

Los embustes y falsedades de la comisión urdida por Ayerdi así como la utilización política y mediática del caso Caja Navarra llevaron al nacionalismo vasco por primera vez al Gobierno de Navarra. Hay que recordar que todas las acciones judiciales de la falsa asociación de consumidores montada por la izquierda abertzale denominada Kontuz cayeron en saco roto y fueron archivadas por la justicia. Nunca hubo nada ilegal en los gobiernos de UPN, según los tribunales. 

"Se han producido hechos suficientes y de la gravedad suficiente como para exigir responsabilidades políticas contundentes y un adelanto electoral", bramaba Ayerdi en 2014 solicitando no solo dimisiones, sino que llegaba a pedir la convocatoria de elecciones al término de la comisión contra Goicoechea maquinada con un objetivo político concreto y con sus conclusiones escritas de antemano. 

Pocos meses después, Ayerdi (Geroa Bai-PNV) llegó al Gobierno de la mano de EH Bildu, Podemos e I-E para ocupar el puesto de Lourdes Goicoechea y pronto comenzó a actuar como si fuera el dueño del dinero público, entregando cientos de miles de euros a una empresa, Davalor, aunque los informes de Sodena para invertir en ella obligaban a todo lo contrario.

Las ansias del nacionalismo vasco por señalar a UPN como partido como corrupto y que tan buenos resultados les habían dado con el apoyo de los medios de difusión que por entonces existían le llevó al Gobierno de Uxue Barkos a aprobar una ley en la que cualquier investigado ante los tribunales tuviera que dimitir sin opción a defenderse ni a demostrar su inocencia. 

Ese era el juego que quería prolongar Ayerdi y Geroa Bai junto al populismo de Podemos y Bildu y que ahora ha terminado por afectarles a ellos, aunque no quieran todavía admitirlo y el propio Ayerdi se niegue a dimitir mientras sus socios de gobierno lloran por las esquinas por lo injusto de la ley que ellos mismos promovieron para su utilización partidista.  

El objetivo era claro: seguir denunciado falsos casos de corrupción contra UPN y exigir dimisiones sin que existiera opción alguna de defenderse ante los tribunales. 

La ley que Ayerdi y Chivite incumplen ahora mismo al estar el consejero investigado deja claro que "en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal (los que se investigan sobre Ayerdi), entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones". 

Ayerdi se confabuló con otros partidos para señalar al rival político como corrupto, una táctica poco inteligente que ha terminado con el todavía consejero de María Chivite acorralado por el Tribunal Supremo y próximo a su obligada dimisión y su salida de la vida política. 


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