PAMPLONA

Un informe desvela la 'chapuza' de Bildu con la Atención a Domicilio en Pamplona: cuesta 2 millones más que en 2016

El SAD es una prestación básica municipal para familias o personas que tienen dificultades para valerse por sí mismas para las actividades de la vida diaria.

Una persona en silla de ruedas. ARCHIVO
Una persona en silla de ruedas. ARCHIVO  

La municipalización del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) está costando al Ayuntamiento de Pamplona casi 2 millones de euros más al año, lo que supone un incremento del 44% entre el gasto del año 2016, antes del cambio de gestión, y el del 2019. Además, el año pasado se prestaron un 21% de horas menos que en el 2016, año en el que el anterior equipo de gobierno (EH Bildu) decidió realizar la municipalización.

Estos datos han sido aportados por una auditoría externa del servicio encargada por el consistorio pamplonés, teniendo en cuenta lo expresado por la Cámara de Comptos en sus informes anuales desde el 2017. El informe recoge la incertidumbre en la que se encuentran las personas trabajadoras indefinidas no fijas, que son aquellas que estaban trabajando en la empresa que prestaba el servicio desde la adjudicación del último contrato en el 2013, junto a la empresa pública Asistencia Municipal en Casa, S.A. (ASIMEC). La auditoría encargada coincide con la Cámara de Comptos en que el aproximadamente centenar de puestos subrogados deben cubrirse por proceso selectivo público.

La concejala delegada de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, María Caballero, y la concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, han expuesto este lunes en una rueda de prensa la situación del servicio. Han valorado que "la situación es muy grave e insostenible, por su afección tanto a los fondos públicos como a los contratos de parte de la plantilla".

El SAD es una prestación básica municipal para familias o personas que tienen dificultades para valerse por sí mismas para las actividades de la vida diaria, favoreciendo su autonomía personal, de manera que puedan continuar viviendo en su hogar y en su entorno. Se realizan labores de cuidado personal e higiene, movilidad básica, actividades domésticas o mantenimiento de la vivienda, pudiendo completarse con el servicio de lavandería y de alimentación a domicilio.

La auditoría recoge que, desde la municipalización del servicio, la Cámara de Comptos en sus informes fiscalizadores anuales ha hecho mención a la nueva situación. Así, en el 2017 señala "que los informes en los que se sustenta el acuerdo indican que determinadas previsiones están basadas en estimaciones, por lo que el Ayuntamiento deberá resolver las incertidumbres señaladas en relación a los definitivos costes laborales".

También recoge que se subroga temporalmente personal para la prestación del servicio "como indefinidos no fijos. La cobertura definitiva de estos nuevos puestos de trabajo deberá realizarse mediante el correspondiente proceso selectivo de mérito y capacidad en los términos del Decreto Foral Legislativo 251/1993".

En el mismo sentido, la auditoría expone que "la condición de indefinido no fijo es una solución pretendidamente temporal, y no garantiza la asunción definitiva del trabajador por parte de la Administración", de manera que personas que antes de la municipalización estaban fijas, según estos informes, ya no mantendrían esa situación, ya que están ocupando un puesto de trabajo hasta que sea "cubierto por un procedimiento legal o reglamentario (un proceso de selección o una promoción interna), momento en el que el contrato se extingue".

AUMENTO DEL PRECIO MEDIO DE LA HORA DE TRABAJO DEL 80%

Los datos del informe recogen que, en el 2016, el gasto ascendió a 5.027.970 euros, mientras que el año pasado habían aumentado hasta los 6.925.000 euros. Esto se produce "por el fuerte incremento de personal no acompañado de un incremento de actividad, sino de un descenso", ya que las horas efectivamente realizadas pasaron de 176.665 a 138.998 (bajada del 21%), con lo que el precio medio de la hora de trabajo ha subido de 28,46 euros a 49,82 (aumento del 80%).

Esta cifra de horas efectivas, 138.998, difiere de las horas de atención teóricamente disponibles (horas pagadas), que sumaron 351.874. La diferencia entre uno y otro dato (212.875,95 horas) viene dada por las horas de inactividad. La auditoría recoge dos clases de horas de inactividad.

Unas de estas horas de inactividad vienen "derivadas de cuestiones intrínsecas al servicio, como las horas de desplazamiento entre los domicilios en los que se presta el servicio, las horas de formación, de reuniones de coordinación, o las horas de absentismo", que en el 2019 alcanzaron las 123.464. Otras son "las horas de inactividad por causas no conocidas", derivadas del modelo de gestión.

Estas horas ascendieron en el 2019 a 89.412, el equivalente a 56 personas trabajando a jornada completa". En porcentajes, del 100% de horas pagadas (351.874), el 39,5% fueron de servicio efectivamente prestadas (138.998), otro 35,1% se corresponden a inactividad por causas intrínsecas (123.464) y el 25,4% restante (89.412), a inactividad por causas no conocidas.

En estos momentos, la plantilla del SAD es de 145 jornadas completas de trabajadoras familiares, que son cubiertas por 94 personas a jornada completa y 72 a tiempo parcial (166 en total). La auditoría recoge que en el 2019 se contrataron 121.289 horas a personal no perteneciente al servicio para cubrir el absentismo y otras necesidades. Este número de horas equivale a contratar a 76 personas a jornada completa. Supuso un gasto, incluido el coste de Seguridad Social, de 2.045.427 euros.

ABSENTISMO "ALARMANTE"

Sobre el absentismo, indica que "es de unas proporciones alarmantes". "En el 2019 se acercó al 20%, cuando la media en la Comunidad foral durante el primer trimestre del 2019 fue del 5,5% y a nivel nacional, del 5,2%", añade.

La gestión de las listas de contrataciones se realiza desde el Área de Recursos Humanos con personal dedicado en exclusiva a ello, ya que el año pasado estos expedientes sumaron aproximadamente el 80% de todas las contrataciones.

La estructuración del servicio en seis equipos con una coordinadora al frente lleva a situaciones complejas en el momento en el que no están, situaciones que se repiten porque "la inestabilidad es el factor predominante". "Son habituales las bajas, dimisiones...", explica.

También sobre el personal se indica que "la sensación predominante es que no se ha llevado a cabo una integración efectiva ni operativa ni filosófica entre el personal proveniente del Asimec y el que llegó desde Sarquavitae'". "Esto ha supuesto que, hoy en día, algunas personas se sientan discriminadas con respecto a otras", apunta.

La auditoría resalta que "la Administración ha de comenzar de manera inmediata el procedimiento para adaptar su relación de puestos de trabajo a los nuevos puestos que precisa para prestar el servicio remunicipalizado, y a adaptar la plantilla para cubrir esos puestos de trabajo por el procedimiento legalmente correspondiente". "El plazo para cubrir los nuevos puestos de trabajo no debe demorarse más tarde de los tres años de haberse creado y dotado esas plazas", de acuerdo a lo aprobado en algunas sentencias judiciales.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

El informe de auditoría concluye que el procedimiento llevado a cabo para la disolución de la sociedad y la decisión sobre la gestión directa por el Ayuntamiento "no dispuso de información suficiente, ya que no se determinó ni razonó, como es obligado, por qué el sistema elegido era el más eficiente y, dentro de este sistema, por qué la forma adoptada era la más sostenible y eficiente".

Teniendo en cuenta la situación generada y las repercusiones económicas que está teniendo, el informe considera que "es necesario replantearse los objetivos y planificación del servicio, reorganizarlo, delimitar perfiles de personal, asignación de funciones, ratios de atención, delimitar la plantilla necesaria y, tras ello, adoptar las decisiones tanto en el ámbito de gestión como de procesos, procedimientos, medios materiales y tecnológicos y personal".

Una vez conocidos todos estos datos, Navarra Suma ha criticado este lunes la “nefasta gestión del cuatripartito liderado por EH Bildu tras la municipalización del SAD en enero del 2017, que ha supuesto un encarecimiento del mismo”.

“Su decisión precipitada e irresponsable ha supuesto un importante agujero, puesto que ha supuesto un incremento del 44% con respecto al 2016, mientras que las horas prestadas han disminuido un 21%”, han denunciado.

"NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD"

El equipo municipal ha asegurado que esta decisión de EH Bildu es un ejemplo más de su nefasta gestión. “Cuando lo aprobaron in extremis en el último pleno del año, aseguraron que la municipalización del SAD supondría la disminución de un 5% del coste del servicio por hora y un aumento del 6,4% de estas horas; nada más lejos de la realidad”, han recordado.

“Las conclusiones del informe encargado por el actual equipo de Gobierno no han podido ser más demoledoras”, han sentenciado. NA+ ha definido el momento como “muy grave e insostenible”, “por su afección a los fondos públicos como a los contratos de parte de la plantilla”.

En la pasada legislatura, han recordado, UPN ya había advertido a EH Bildu sobre las graves consecuencias que podían derivar de ese cambio, “puesto que no habían calculado el coste real”. “No nos escucharon, pero más grave fue hacer oídos sordos también a la Cámara de Comptos, que ha ido pidiendo en sus informes anuales hacer números, cuando solo había estimaciones”, han recalcado.

“No solo se han constatado las sospechas que manifestamos en aquel momento, sino que la situación es mucho peor. El servicio no está bien, nos cuesta mucho más dinero por menos servicio y, además, han generado incertidumbre en los trabajadores”, han asegurado.

Desde Navarra Suma han mostrado su preocupación por la situación actual del personal, debido a la inestabilidad laboral, “que fue generada por el propio Ayuntamiento cuando el equipo de Gobierno anterior aprobó esta municipalización”.

“Les dijeron que mejorarían sus condiciones laborales, pero no les hablaron de la obligación de realizar un proceso selectivo que no garantiza su puesto de trabajo”, han sentenciado.


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