TRIBUNALES

El presunto asesino de la niña Alicia será imputado por dos delitos incluyendo el de tentativa

El fiscal del caso cree que podría enfrentarse a una petición de prisión permanente, una cadena perpetua revisable,

Imagen del acusado y un bombero en la ventana de la casa. ELCORREO
Imagen del acusado y un bombero en la ventana de la casa. ELCORREO

La titular del Juzgado de Violencia de Género de Vitoria ha acudido esta mañana a tomar declaración al hombre detenido por el presunto asesinato de una niña de 17 meses a la que arrojó por la ventana y por el intento de matar a su madre, que presuntamente descubrió que estaba abusando de la pequeña. La jueza ha acudido junto a la secretaria judicial y una fiscal nombrada especialmente para este caso, que se encuentra bajo secreto de sumario. Han acudido al Hospital de Santiago de la capital alavesa, donde D.M., de 30 años y natural de Sevilla, se encuentra internado en la Unidad de Psiquiatría. El arrestado se negó a declarar ante la Ertzaintza.

La Fiscalía de Álava va a solicitar la prisión provisional para el acusado y, si así lo acuerda la jueza, se estudiará el informe que aporte el médico forense para determinar si ingresa en la cárcel o en un centro psiquiátrico. En esta causa también se ha personado la asociación feminista Clara Campoamor, que ya ha anunciado que pedirá para el detenido la prisión permanente revisable.

La fiscal encargada del caso imputará al detenido un delito de asesinato consumado por haber matado a la niña arrojándola por la ventana y otro delito de asesinato en grado de tentativa por haber tratado de acabar también con la vida de la madre, una brasileña de 18 años, que sigue ingresada en el hospital vizcaíno de Cruces tras sufrir múltiples traumatismos.

Lo que aún no está claro es si la Fiscalía acusará al detenido de otro delito por los presuntos abusos, algo que se decidirá cuando culminen las investigaciones judiciales en marcha. Esta misma mañana se está practicando la autopsia al bebé fallecido, cuyo resultado puede arrojar luz también sobre si hay algún rastro de esos abusos.

El plazo de 72 horas que tiene la Ertzaintza para tomar declaración al arrestado y que concluye esta próxima madrugada no se apurará, ya que hoy mismo «se va a legalizar» su situación, es decir, se va a decidir si es internado en la prisión de Álava o en un centro psiquiátrico, en función de lo que digan los médicos forenses respecto a la salud mental del detenido, han indicado fuentes judiciales.

PRISIÓN PERMANENTE

En esta causa también se ha personado la asociación feminista Clara Campoamor, que ya ha anunciado que pedirá para el detenido la prisión permanente revisable. El delegado de esta asociación en Euskadi, José Miguel Fernández, ha manifestado en un comunicado que pedirán la pena máxima en aplicación de la última reforma del Código Penal efectuada el año pasado ya que consideran que éste es «el acto más vil posible de violencia de género» y que «merece el mayor reproche judicial». Fernández cree que se puede estar ante el «asesinato de un bebé realizado posiblemente para evitar la investigación de otro delito en el ámbito de la violencia de género».

«No estamos ante un hecho aislado de una persona que ha perdido el control, sino que se trata del acto de violencia de género más grave», ha recalcado Fernández, quien ha añadido que este «desgraciado asesinato» es el más claro ejemplo de que «cuando hay niños y niñas no sólo es víctima la madre, sino también sus hijos e hijas».

En el mismo sentido que lo expresado por la asociación Clara Campoamor, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, opinó ayer, antes de conocerse el fallecimiento de la pequeña de 17 meses, que su agresor podría enfrentarse a una pena de asesinato. En virtud del nuevo Código Penal, aprobado el verano pasado, D.M., sevillano y músico de profesión, se enfrentaría a un castigo de «prisión permanente». Es decir, una cadena perpetua en la práctica.

Siempre según el análisis de Calparsoro, la futura calificación de asesinato se fundamentaría en que el bebé «no tuvo ninguna posibilidad de defensa». En cuanto a los abusos sexuales, la ley habla de una pena que podría oscilar desde los dos años hasta los quince. La agresión a la madre supondrían un extra de tres a cinco años. Y quedarían las atenuantes, como la enajenación.


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