• lunes, 20 de septiembre de 2021
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TRIBUNALES

Un funcionario condenado por no ir a trabajar durante al menos 6 años niega los hechos

El trabajador del Ayuntamiento de Cádiz, ya jubilado, fue condenado a devolver 29.920 euros y se ha ido de viaje por la "presión mediática".

Ayuntamiento de Cádiz.
Ayuntamiento de Cádiz.

El funcionario del Ayuntamiento de Cádiz condenado a devolver 29.920 euros por no ir a trabajar "al menos" seis años niega esta acusación, aunque no defendió lo contrario ni ante el consistorio ni ante el juzgado.

El ya jubilado funcionario, Joaquín G.V., ha decidido irse de viaje, ante la presión mediática y el "linchamiento" que dice vivir desde que se hiciera público que había sido condenado por no ir al menos entre el 2004 y el 2010 a su puesto de trabajo, según ha indicado a Efe su abogado, Manuel Martos García de Veas.

Antes ha escrito una carta al alcalde de Cádiz, José María González Santos, en la que explica su versión de los hechos, muy distinta a la que sostiene el expediente municipal sancionador que el Ayuntamiento abrió en el 2010, cuando detectó la situación.

Según su abogado, él asegura que nunca faltó a su trabajo y que fue víctima de acoso laboral por motivos "políticos".

CUÑADO DE UN CANDIDATO DEL PSOE

Su relación con el Ayuntamiento de Cádiz comenzó en 1990 cuando este trabajador, cuñado de un candidato del PSOE a la Alcaldía, fue contratado como técnico de limpieza del consistorio, entonces gobernado por los socialistas.

En 1998, cuando ya gobernaba el PP, el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la empresa municipal Aguas de Cádiz, en el que se incluyó el traslado del trabajador a dicha sociedad, como técnico en el seguimiento y control de las obras de la estación depuradora La Martona.

Allí se le hizo hasta un despacho, pero dejó de usarlo, entre otros motivos porque su labor era itinerante, siguiendo las obras, un trabajo en el que tenía autonomía para controlar sus jornadas.

En el 2010 el entonces concejal de Personal, José Blas Fernández, detectó que en realidad no acudía a trabajar. "El gerente de Aguas de Cádiz pensaría que estaba en el Ayuntamiento y en el Ayuntamiento pensábamos que estaría allí", ha explicado hoy a Efe el entonces edil.

Fernández, como instructor del expediente disciplinario, le llamó a declarar y le preguntó donde había estado: "No supo contestar nada, dijo que le estaba acosando y se marchó sin hacer más declaraciones".

FALTA MUY GRAVE

Al no dar explicaciones, el Ayuntamiento entendió que reconocía que no había ocupado su puesto y acordó seguir con una sanción por falta muy grave.

Según el concejal, el trabajador denunció esta situación en el juzgado, pero, una vez que fue llamado a declarar, volvió a evitar dar explicaciones.

En marzo de 2011, el Ayuntamiento decretó su suspensión, y un mes después el funcionario pidió la prejubilación.

"Lo hizo para quitarse el problema de encima, sin llegar a demostrar que sí había ido a su trabajo. Ese fue su error. La maquinaria del expediente del Ayuntamiento siguió y siguió, entendiendo que él reconocía las acusaciones", explica su abogado.

En el 2013 le llegó la notificación de que el Ayuntamiento le pedía la devolución de la cantidad del salario de un año que legalmente podía reclamarle, 29.920 euros.

Entonces recurrió al juzgado dicha devolución, algo que el juez ha desestimado al dar por válida la versión del expediente sancionador, que decía que "no llegó a acudir a su puesto de trabajo ni llegó a realizar tarea alguna" durante al menos seis años, aunque en ningún momento dejó de percibir su nómina.

El funcionario ya jubilado ha dirigido un nuevo recurso al Ayuntamiento en el que pide que se depuren responsabilidades por los hechos al concejal Fernández, porque, si no fue a trabajar en todo ese tiempo, el edil "debió encargarse de que esto no se produjera". 


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Un funcionario condenado por no ir a trabajar durante al menos 6 años niega los hechos