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La libertad del fiscal

Por Victoria Lafora 19 febrero, 2017 - 9:13

La absolución de la Infanta Cristina, con el apoyo sostenido y enérgico de instituciones como la Fiscalía, la abogacía del Estado, la propia Hacienda, y la negativa de las fiscales de Murcia a firmar el acta que exculpa al presidente de la Comunidad, ponen, otra vez, en entredicho la libertad de los fiscales, obligados por la dependencia jerárquica.

¿Tenían otra vía que no fuera la absolución las tres magistradas de Palma, ante los vibrantes alegatos en su defensa del fiscal Horrach? El abogado defensor, el padre de la Constitución, Roca Junyent, que afirmó sentirse "levitando" al conocer la sentencia, tuvo un colaborador inestimable en quien debía haber ejercido la función de acusación pública. Si, además, durante la vista, se descubre que la acusación particular era una organización de chantajistas que acabaron con sus huesos en la cárcel, el papel del tribunal ha sido impecable.

Cabe preguntarse en qué momento del larguísimo proceso el fiscal Horrach se separó de las tesis del juez Castro, cuando habían llevado mano a mano la instrucción del caso Noos, y sus discrepancias llegaron hasta el punto de verter sospechas de prevaricación en un escrito contra el magistrado instructor y, hasta entonces, amigo personal.

La sospecha de que la dependencia jerárquica estuvo detrás de ese cambio de criterio ha calado en la opinión pública y aún más tras conocer lo sucedido esta semana con los rapapolvos a las dos fiscales de Murcia por parte, incluso, del ministro de Justicia, Catalá, quien recordó que "en casos de especial relevancia" la dependencia jerárquica es de obligado cumplimiento.

Esta ambigüedad entre la libertad del fiscal que, con las pruebas de la investigación en la mano, plantea una acusación basada en hechos, y la obligación de acatar la orden de su superior, que no conoce la causa o la conoce menos, cuestiona el principio de que la Justicia es igual para todos. Sobre todo en casos de "especial relevancia" como afirmó el ministro sin despeinarse.

Si se le añade el dato de que un día antes de que la Fiscalía General del Estado impusiera a las fiscales de Murcia no investigar al presidente Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada, este se habría reunido en el congreso del PP con el ministro Catalá, todo empieza a oler mal.

El ministro y portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, aclaró ante el escándalo, que los fiscales "actúan siempre en salvaguarda de la ley y están sometidos a dos principios el de independencia y el de jerarquía". La clave es averiguar cuál de los dos principios considera el Gobierno que debe primar. Da la impresión, por lo menos en los casos de la Infanta y del presidente de Murcia, por citar solo los dos últimos, de que la "obediencia debida" se impone a la independencia.


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