Terminó la provisionalidad del Gobierno que se ha prolongado durante más de 300 días, el Partido Popular con Mariano Rajoy al frente toma el mando para comenzar una legislatura con minoría parlamentaria donde el diálogo será pieza clave ¿Hablarán de toros?
No creo. Difícil que la tauromaquia tenga un mínimo espacio en la agenda de esta nueva etapa política que acaba de comenzar. Las prioridades son otras, evidentemente. España afronta una situación delicada en muchos frentes con la necesidad de dar respuestas claras con perspectiva de futuro. Además, con la actual politización de la fiesta de los toros y la necesidad de llegar a acuerdos para sacar cualquier propuesta adelante, el panorama es similar a la lidia de un toro marrajo.
Una cosa es cierta, al margen de ideas políticas personales, actualmente la opción de gobierno de los populares es la mejor para el mundo del toro. Gracias a ellos, y sobre todo a Pío García Escudero, Cataluña ha recuperado su libertad al anular el Tribunal Constitucional la prohibición del parlamento catalán en cuanto a la prohibición de la tauromaquia. El primer paso está dado en una guerra con muchas batallas todavía por afrontar.
Son también los populares los únicos que más abiertamente se posicionan a favor de la tauromaquia mientras que el Partido Socialista y Ciudadanos –a nivel nacional- suelen ponerse de perfil haciendo un quiebro a la cultura sin atreverse a cruzarse al pitón contrario, mientras que en contextos autonómicos no dudan en posicionarse en contra. La incoherencia por bandera en un contexto con una falta de posicionamiento tan alarmante como inconcebible.
De la izquierda radical y otras formaciones populistas, donde la sinrazón es su fundamento general, ni hablamos. En estos casos, como en el movimiento antitaurino, la ignorancia más absoluta legitima su posicionamiento. Partidos que no dudan en llevar en su programa electoral la abolición de la tauromaquia y que cuentan con millones de votantes, un dato a tener en cuenta.
Pero el Partido Popular también tiene sus lunares. En Castilla y León prohibió el Torneo del Toro de la Vega cediendo a las presiones de los antis y avalando así sus argumentos, tan malo lo primero como lo segundo. A tiempo están de rectificar y devolver la libertad a los ciudadanos de Tordesillas que en el desconocimiento de su tradición tienen a su peor enemigo.
Con este panorama cuesta pensar que la Tauromaquia salga fortalecida en esta legislatura. Mucho se habla estos días de una rebaja del IVA, que así tendría que ser, pero que se antoja complicado. Al fin y al cabo es mejor no esperar nada, y en su caso, mejor estar contentos y sorprendidos que decepcionados. Si con mayoría absoluta en el parlamento no se hizo, difícil resulta pensar que con minoría vayan ahora a meterse los populares en situaciones delicadas como es esta. Como se diría en el argot taurino, es momento de taparse.
Ahora bien hay una línea roja que debe ser de obligado cumplimiento. Se trata de hacer cumplir la Ley, ni más ni menos. La Ley 18/2013 que determina la fiesta de los toros como Patrimonio Cultural Inmaterial de España desde su aprobación en el Congreso de los Diputados el 12 de noviembre de 2013 y que establece como las administraciones públicas tienen el deber de protegerla para cumplir con la Constitución Española, como indica claramente el artículo 3 de la citada Ley: “Deber de protección.
En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”.
Cumplir la Ley, tan sencillo como difícil en estos tiempos que parece estar de moda saltársela a la torera.
