El sindicato abertzale ELA asegura que los problemas de Servicio Navarro de Salud son "estructurales y previos a la pandemia" y reclama aumentar el gasto.
El comité de personal laboral ha advertido de que no cejará en "defender nuestros intereses laborales y los derechos de la ciudadanía a la que prestamos nuestros servicios".
En su opinión, la "obcecación de la administración en seguir contratando personal de las listas cortas no responde a las necesidades reales en el actual contexto pandémico".
A la hora de realizar contrataciones, tienen prioridad las personas con formación más solvente y en caso de no encontrar perfiles, el sistema recurre a la bolsa de personas con formación básica.
La coalición abertzale ha afirmado que "son numerosas las Ofertas Públicas de Empleo que se encuentran paralizadas o de las que no tenemos noticia alguna".
Actualemente, la clínica tiene ocupadas nueve de las doce camas con pacientes Covid: ocho de ellos son derivados de la Seguridad Social y otro de las mutuas.
Reprochan que "si bien la persona no puede acudir a su puesto de trabajo, por encontrarse en periodo de aislamiento, la Administración no asume ningún coste, y serán en su integridad a costa del trabajador".
La consejera Maeztu responde a la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales y señala que se ha contratado a más personal para luchar contra la pandemia.
El sindicato Afapna asegura que "el área de salud de Tudela tiene los consultorios sin atención médica y casi el 40% de la plantilla en algunos centros, están en sus domicilios".
Se pide al Ejecutivo que presente "una nueva resolución que regule una jornada laboral no superior a 8 horas diarias y una pausa diaria de 30 minutos de descanso del personal".
Un grupo de ellos se ha concentrado ante la sede de la delegación del Gobierno en Navarra tras una pancarta con el lema "No a la reducción de personal. No a la movilización forzosa".
El profesor de la UPNA Alfonso Arteaga presenta en un congreso internacional un protocolo de actuación para prevenir y afrontar los ataques a profesionales de la salud.
Irache ha señalado que sin personal, el cliente se encontrará "totalmente solo" y nadie podrá vigilar las prácticas peligrosas que se puedan llevar a cabo.
El departamento que dirige Fernando Domínguez trabaja en la reforma de un decreto por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo.
La moción contempla, como paso siguiente, la implementación de conciertos con las entidades de iniciativa social que tengan entre sus fines la promoción de la autonomía.
Ha criticado las llamadas "medidas de optimización" que "se han impuesto desde la Jefatura" tras rechazarse el proyecto de ley de Policías del Gobierno foral.
De las contrataciones que se prevén, 15 son para medicina de familia, 6 para pediatría, 38 para enfermeros, 7 para trabajadores sociales y 10 administrativos.
En 10 años podrían jubilarse 666 facultativos para los que, de momento, o no existen suficientes personas en las listas de contratación o, habiendo, no aceptan el contrato.
