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El partido critica a Bildu por seguir empecinado en dialogar con los okupas del palacio del Marqués de Rozalejo.

El objetivo es evitar escenas como la vivida el pasado sábado, cuando los radicales cortaron la chapa de metal para acceder al edificio.

Han sido arrestados por su presunta participación en los desórdenes públicos y en delitos contra la seguridad del tráfico.

Reclama que es una medida urgente "para comenzar a satisfacer la demanda de espacios autogestionados" en el Casco Viejo.

La formación de la presidenta Barkos remarca que nunca negociará con "locales adquiridos a través de una patada en la puerta".

Los regionalistas acusan al alcalde de querer dar un premio a los radicales por sus actos violentos de este fin de semana.

El PSN condena todos los actos violentos provocados por los radicales de Rozalejo durante esta semana en Pamplona.

Los radicales amenazan con más actos ilegales en Pamplona, al afirmar que "más temprano que tarde" habrá un 'gaztetxe' en la capital navarra.

El Gobierno de Navarra informa de que ha ordenado sellar de nuevo los accesos al palacio después de que el sábado permitiera su reocupación.

El PPN considera que la reocupación del palacio del Marqués de Rozalejo "es una muestra más de la incompetencia del Gobierno de Barkos".

"Somos el hazmerreír de la seguridad", han clamado desde CC OO tras la desidia policial mostrada el sábado con los okupas.

Multitud de agentes antidisturbios custodiaron la manifestación y asistieron impertérritos a la reocupación del palacio en Navarrería.

Ha reclamado que el Defensor del Pueblo analice si se vulneraron los derechos fundamentales de los vecinos del Casco Viejo.

Los radicales atacan en sus mensajes tanto al PNV de Uxue Barkos como al autodenominado Gobierno del cambio.

Los okupas volvieron a protestar contra el desalojo frente a la entrada tapiada del inmueble propiedad del Gobierno de Navarra.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Foral han realizado varias cargas para hacer retroceder a los jóvenes.

Los okupas se han enfrentado a los policías forales que custodiaban la entrada al edificio, a los que han arrojado petardos y piedras.

Reunidos en Mercaderes, han criticado la acción del Gobierno de Navarra para que pudieran entrar al edificio los técnicos.

El autor expone que la sociedad no debe normalizar los actos de violencia emprendidos por unos pocos ni tampoco permitir sus chantajes.

Denuncian que desde el Gobierno de Navarra no haya habido ninguna llamada a la negociación desde que volvieron a ocupar el edificio.

El parlamentario del PP Javier García ha criticado la pasividad del Gobierno de Navarra, "ni la señora Barkos ni el Gobierno quieren enfrentarse a los okupas", afirma. 

La Mesa y la Junta de Portavoces se reunirá este lunes para tratar, también, otros asuntos como el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

El colectivo que busca proteger los símbolos de la Comunidad foral critica de esta forma la inacción del Gobierno de Barkos.

Bien, volvamos a escribirlo, que en Irroña hay mucho naburro y mucho nacionalista vasco sin uve qué no se entera. Hoy lo intentaremos en modo croquis.

El autor opina que la ley y la propiedad no valen nada si el que tienes enfrente lleva un pasamontañas, actúa violentamente y ataca sedes.

Esparza denuncia que cediera ante las amenazas de Araiz, y Beltrán reclama que dé explicaciones en el Parlamento de Navarra.

Los jóvenes encerrados en el edificio propiedad del Ejecutivo foral afirman que "con la lucha se puede conseguir cualquier cosa".

Denuncian que no se hayan tomado las medidas oportunas por el gobierno de Navarra para evitar que se haya vuelto a ocupar. 

UPN asegura en Twitter que esto "es consecuencia de cuando se es presidenta de los amigos de los violentos".

Critica que Joxe Abaurrea prohibiera celebrar allí cualquier tipo de actividad recreativa y que ahora el partido denuncie que el Gobierno foral solicitara medidas cautelares para su desalojo.

María José Beaumont considera "correcto" que no se desalojase el inmueble propiedad del Ejecutivo, que se ha limitado a presentar una denuncia.