El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado que la 'Ley Celaá' está recurrida y "es importante que Educación lo tenga en cuenta y considere con cuidado las decisiones que toma".
El Parlamento de Navarra convalida el decreto ley con medidas para la gestión de los fondos Next Generation, con la abstención de Bildu y la negativa de Navarra Suma.
NA+ denuncia que "el pentapartito" registró este pasado jueves "una proposición de ley para modificar el precepto legal que obligó a dimitir" al exconsejero.
Representantes del PP, UPN, Vox y Foro Asturias han asegurado que iniciarán los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva norma.
El Parlamento foral ha aprobado por unanimidad la modificación que, tal y como asegura la consejera de Hacienda, no es "una actualización de las tasas".
La nueva legislación ha sido apoyada por todos los partidos salvo Navarra Suma, que se ha absetenido y ha criticado que "hay cosas que no se han hecho bien".
La dirigente del PPN ha manifestado que "no vamos a parar de luchar para que esta ley no se ponga en marcha" a través de recogidas de firmas apoyando el manifiesto de la plataforma 'Más Plurales'.
Se amplía el ámbito de aplicación de la ley foral a determinadas personas físicas o jurídicas que inciden en el ejercicio de las actividades turísticas.
El decano de Económicas de la Universidad de Navarra resalta la calidad de estos centros a propósito de la nueva ley de educación que se pretende aprobar.
NA+ ha criticado que la ley "no se ha dotado presupuestariamente a pesar de que este año se aprobó un Presupuesto expansivo, lo que dice mucho de la nula voluntad del Gobierno de Navarra con esta materia".
Destacan que la despoblación rural es un "grave problema" para el desarrollo territorial sostenible, y ha recordado que dos comarcas navarras han superado el índice de riesgo de despoblación marcado por la UE.
Bildu plantea que las empresas que trasladen su producción fuera de Navarra y hayan recibido ayudas públicas durante los 10 años anteriores las devuelvan.
El Parlamento de Navarra, a través de la Mesa y Junta de Portavoces, ha reclamado la derogación de la ley de estabilidad y rechazado el acuerdo sobre el superávit municipal.
El vicepresidente ha añadido que este debate "se suscita en el marco del debate parlamentario y que serán los grupos quienes fijarán posiciones; lo veremos mañana mismo".
El Ejecutivo foral también ha conocido que el Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la empresa concesionaria de la Autovía del Pirineo (A-21).
Los regionalistas ya han anunciado que presentarán su propio proyecto con tres enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley fiscales del Gobierno de Chivite.
En la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, se estima parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato UGT y el Sindicato del Personal Administrativo.
La consejera ha asegurado que quiere que esta sea la "legislatura de la Salud" y ha apostado por "desmedicalizar la vida cotidiana para promover la cultura del autocuidado".
La formación del PNV, que pretende lograr que Navarra sea una provincia más del País Vasco, acusa a PP, Cs y Vox de "atacar infundadamente a las instituciones" de la Comunidad foral.
El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Gobierno y al Parlamento y Gobierno de Navarra.
Desde 2015 se han sucedido los intentos por modificar la Ley de Policías de Navarra frente al descontento de buena parte de los agentes y sindicatos de la Comunidad foral.
La Federación de Enseñanza del sindicato dice que "este es un atropello inaceptable, que vulnera derechos básicos y que demuestra que actúa de mala fe o desde la ignorancia".
UPN ha acusado al Gobierno de Navarra y al cuatripartito de "desoír las advertencias de inconstitucionalidad que desde la formación regionalista se realizaron en el Parlamento".
En ese contexto, se proyecta impedir a las entidades locales apelar a causas "económicas, técnicas, organizativas y de producción para rescindir contratos" ya firmados.
La proposición de ley tiene por objeto "promover el reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas generadas por la acción violenta de funcionarios o extrema derecha".
