La absolución de la Infanta Cristina, con el apoyo sostenido y enérgico de instituciones como la Fiscalía, la abogacía del Estado, la propia Hacienda, y la negativa de las fiscales de Murcia a firmar el acta que exculpa al presidente de la Comunidad, ponen, otra vez, en entredicho la libertad de los fiscales, obligados por la dependencia jerárquica.