El Gobierno foral esgrime que se trata de una infraestructura pública sometida al "interés general" pero el concesionario reclama el pago por su uso desde marzo.
El objetivo es mitigar el efecto del virus en la economía familiar ante el incremento del consumo doméstico, derivado del confinamiento de la población.
Ángel Ardanaz asegura que "no sabía a qué se había utilizado el dinero" y ha señalado que "Vizcay llevaba 25 años en el club y yo estoy recién llegado".
Navarra siempre se había hecho cargo del coste de la atención a los presos, hasta la llegada de Barkos, que cobra incluso a los asegurados que debe atender el SNS.
Los servicios de pago telefónicos, los cambios de luz, los gastos de la hipoteca o cobertura de seguros, se han situado entre las cuestiones más repetidas.
Las condenas oscilan entre uno y dos años de cárcel, las multas suman hasta 240.000 euros y el pago de las responsabilidad civil a la Hacienda Tributaria hasta 395.000 euros.
