La dirección de Competencia del Gobierno foral investiga una serie de hechos en las licitaciones públicas del servicio de transporte escolar entre 2013 y 2017.
La consejera de Interior, cuestionada por un supuesto expediente sancionador contra un agente de la Policía Foral, asegura que no dio indicaciones "de ninguna clase".
En este expediente, en el que se recogen alegaciones no contempladas en el primero, se analiza la responsabilidad de los redactores del proyecto y encargados de la dirección de obra.